3 de octubre del 2015.-No cabe duda que una de las cosas que han quedado claras con el tema de Ayotzinapa, es que el Estado mexicano no ha descartado ninguna forma de represión política de las conocidas, con tal de cumplir su agenda de clase. La desaparición forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad más crueles, quien los comete es capaz de todo, de matar a los desaparecidos o de mantenerlos incomunicados o bajo tortura por largos períodos. Cualquier explicación que puedan inventar los funcionarios de gobierno, más allá de su escasa imaginación y capacidad para tramar coartadas creíbles, pasa a segundo término, la exigencia no es que perfeccionen su capacidad de mentir, sino que cesen la represión, y está muy claro que el Estado mexicano está practicando desde hace tiempo una represión sistemática a las Normales Rurales así como a otras agrupaciones que considera estorbosas.
Estado, jerarquías y represión
Para poder abordar acertadamente el problema de la represión que está ejerciendo el Estado mexicano, me parece necesario subrayar algunas cuestiones de carácter estructural.
Las decisiones importantes en cualquier Estado capitalista las toma la clase en el poder, y los funcionarios de gobierno sólo toman decisiones secundarias que intervienen únicamente en las variables de la aplicación de las medidas tomadas por dicha clase; una decisión de clase, y por tanto de Estado es, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mientras que los burócratas simplemente se dedican a buscar los instrumentos jurídicos, propagandísticos, ideológicos y políticos para poder aplicar su contenido. Las reformas estructurales, la política monetaria y los principales criterios presupuestarios, también son decisión de la clase en el poder.
El Estado, como aparato de dominación, más allá de los gobiernos, tiene la misión de generar rutas, instituciones y estrategias para la aplicación de las decisiones dela burguesía imperialista. Es por ello que dentro del Estado no todas las dependencias tienen la misma jerarquía, pues existen instituciones que están particularmente blindadas ante posibles iniciativas de injerencia o intervención por parte de algún burócrata, incluso un presidente de la república que esté en turno. El ejército es la institución más blindada dentro de un Estado y el mexicano no es la excepción, pero también existen otras instituciones como el Banco de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Policía Federal que también ocupan un lugar significativo en ese sentido.
Así pues, aunque todos los detalles son importantes, si no tenemos claro que el accionar estratégico del Estado está encaminado a proteger los intereses de la clase dominante, particularmente de su bloque hegemónico, y que dentro del Estado hay instituciones que subordinan a otras, podemos extraviarnos en el nivel que llamara Gramsci, de la pequeña política [1], el análisis hueco de las coyunturas, el nivel del chisme político que pretende explicar los fenómenos a partir de las pasiones y chismes de los funcionarios.
Quien haya diseñado la estrategia mediática en el tema de Ayotzinapa, confió en que por el hecho de que los análisis periodísticos, aún los supuestamente críticos, se colocan en dicho nivel de chisme político, iba a poder tejer una maraña de rumores que explicaran el tema a partir de la historia de una pareja de alcaldes dignos de alguna película de humor negro y de sus vínculos con el crimen organizado, que iban a poder manipular la información para hacer parecer que todo era una confusión y que la respuesta era muy simple; la mayoría de los medios de comunicación, aún los críticos, se han mantenido en ese nivel, pero la desconfianza de los padres de familia de los 43, así como de gran parte del pueblo trabajador, es más profunda [2]. Desde abajo, desde la posición del campesino, del trabajador, del estudiante pobre, con un poco de experiencia política acumulada, el suponer que lo que pasa sistemáticamente, pasa sistemáticamente por error o coincidencia, es simplemente algo ilógico.
El Estado mexicano tiene actualmente una serie de contradicciones que lo han metido en un atolladero del cuál no encuentra una salida confiable, en cada solución coyuntural hay un riesgo estructural.
Tras la rebelión armada de principios del Siglo XX, el Estado mexicano sólo pudo consolidarse combinando la represión con un gasto social que llegó a ser significativo en comparación con otros países de la región e incluso del mundo; la propuesta cardenista de funcionamiento del Estado mexicano, dependía para lograrse de la expropiación petrolera, y de mantener a PEMEX, más que como una empresa, como un instrumento de financiamiento del Estado, y sobre todo de la política social; el Estado mexicano tenía que garantizar a la clase en el poder que el petróleo se usaría como un dinamizador de la producción de plusvalía tanto en México como en Estados Unidos principalmente, pero al destinar parte de la renta petrolera al gasto social, compraría algo fundamental, estabilidad política.
El Estado mexicano sacó cuanto pudo a PEMEX, sacó cuanto provecho pudo a su política social, sin embargo todo se agota; si bien en los años treinta ningún capitalista dudaba de la capacidad del pueblo mexicano para alzarse en armas, y si bien en años posteriores la presión de la guerra fría y de las luchas de liberación nacional y las revoluciones en América Latina los tenían preocupados, ahora no ven argumentos suficientes para dejar una mina de petróleo tan importante que arroja algunos réditos al gasto social. El capital imperialista pudiera incluso conceder que una parte de PEMEX permanezca como antes, pero disminuido en capital, su potencial como financiador de un proyecto de Estado se disminuye también, lo cual se agrava con la reciente caída en los precios internacionales del petróleo. A grandes rasgos, la burguesía imperialista, el bloque hegemónico de la clase dominante en México, tiene que decidir su apuesta, entre tomar los riesgos de reducir el gasto social o debilitar su capacidad de controlar las ganancias; ha decidido tomar los riesgos y se encuentra decidida a no cambiar el rumbo económico, apostando a que podrá controlar la inconformidad social bajo un esquema represivo. Así pues , los ajustes propios del llamado neoliberalismo, lejos de lo que suponen los críticos liberales quienes han hablado de la desaparición del Estado, están profundamente relacionados con el fortalecimiento del Estado, sobre todo en el aspecto que Lenin habría señalado como esencial, su carácter represivo, y únicamente ha relajado su intervención en ciertos aspectos de la vida productiva.
Un proyecto de clase, mismo que se traduce en un proyecto de Estado, sólo puede concretarse parcialmente pues en lo concreto, la fuerza de la lucha de clases le imprime un ritmo peculiar; el proyecto de la burguesía puede aplicarse hasta donde el proletariado se lo permita; así pues, el Estado funciona también como el aparato de inteligencia política de la burguesía, y está obligado a identificar los obstáculos del proyecto y despejarlos del camino. En este caso, el Estado mexicano identifica algunos obstáculos económicos y políticos; los primeros caracterizados por ser a sus ojos, costosos y poco redituables, y los segundos caracterizados por ser un referente de oposición a las medidas de Estado. El principal problema surge cuando hay un gran obstáculo para su proyecto económico, defendido por un obstáculo político.
De todos modos, en cualquier caso, existe vigente una clara política de Estado para quitar del camino a todo grupo de personas que represente una amenaza en el proyecto de clase, o bien, que aun cuando por sí mismo no sea una amenaza, puede detonar otra serie de procesos. Es ahí donde se han realizado las recientes operaciones represivas de Estado a gran escala, de las cuales tenemos tres referentes muy claros; la represión del 3 y 4 de Mayo de 2006 en San Salvador Atenco, la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en Octubre de 2009 y la represión brutal a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
A diferencia de otros sucesos represivos como la intervención de la policía Federal en Oaxaca en 2006 o la operación para desmantelar los grupos de autodefensa en Michoacán, en los tres casos arriba mencionados, no había una necesidad emergente de reprimir, se trató de un ataque preventivo del Estado; algo de lo cual difícilmente se obtendrá información muy específica, pues suele manejarse a altos niveles, pero seguramente son situaciones que fueron diseñadas con relativo cuidado y planificadas como una operación militar, por lo cual, seguramente desde antes del ataque represivo, ya las altas esferas del aparato estatal tenían herramientas para cubrir sus huellas.
Esas tres operaciones, tienen además en común, el hecho de que fueron difíciles de anticipar tanto por los analistas oficiales como por los mismos pensadores de la izquierda organizada, quienes hasta cierto punto supusieron que “eso sería demasiado” o que tal vez el gobierno no se atrevería a llegar a tanto. En el 2006, con el ataque en Atenco, el Estado frenó el paso de la Otra Campaña aun cuando estaba en una etapa formativa, simplemente no se arriesgaron, y aprovecharon para dar un duro golpe al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, un referente de lucha que alentaba a otros campesinos del país a defender sus territorios. En el caso del cierre de Luz y Fuerza, el Sindicato Mexicano de Electricistas y sus aliados creían tener una fuerza impenetrable, y aunque sabían que la reforma energética estaba siendo impulsada, no vieron venir la magnitud del golpe preventivo; por su parte la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, estaba acostumbrada a lidiar contra la represión que se ha vuelto cotidiana en sus acciones, pero tampoco pudo prevenir la magnitud del golpe. La enseñanza más elemental para la izquierda revolucionaria o de abajo, es que no debe subestimarse la capacidad represiva del Estado, debemos tener muy presente la Historia y la esencia del Estado para no cometer errores propios del exceso de confianza. Quienes toman esas decisiones dentro del aparato represivo, son capaces de eso y más, por lo que también es necesario que elevemos nuestra capacidad de organización, lucha y resistencia.
En los tres casos también hay una clara relación entre la organización agredida y los planes que el proyecto económico tenía en puerta; en el caso de Atenco, el Estado utilizó el terror y el encarcelamiento cruel y prolongado de sus dirigentes para generar las condiciones necesarias para finalmente echar a andar la construcción del Aeropuerto internacional del Valle de México. El caso del golpe al SME tuvo una doble función en cuanto a las reformas se refiere, pues al expulsar de sus centros de trabajo al único sindicato con una posición independiente que tenía acceso a un sector estratégico de la producción, allanó el camino tanto para la aplicación de la reforma laboral como de la reforma energética. Por su parte, el caso Ayotzinapa no sólo está enmarcado dentro de la iniciativa de Reforma educativa del Estado mexicano, sino que también se da cuando hay aún más proyectos en puerta que pueden detonar focos de resistencia, los cuales suelen encontrar prontamente la solidaridad de la FECSM.
Así pues, con estos elementos podemos llamar la atención hacia algunas situaciones que nos permitan prever los criterios represivos del Estado mexicano.
– Por su posición de ventaja, el Estado mexicano evitará a toda costa que el movimiento social organizado y con perspectivas independientes, pase a la ofensiva y que transite a posiciones revolucionarias, siendo capaz de montar cualquier tipo de provocación que le sirva para disfrazar un ataque preventivo de uno defensivo tal como lo hizo en Atenco.
– En los casos donde exista un aspecto económicamente estratégico detrás, se valdrá de cualquier método no sólo para despejar a opositores con perspectivas políticas más profundas, sino incluso para hacer a un lado a cualquier brote de resistencia.
– Tenemos que estar atentos y saber que una de las cosas que expuso a los normalistas rurales, es por realizar una labor solidaria y combativa muy distinguida en medio de una situación en donde prevalece, aún en el movimiento social organizado, una tendencia al gremialismo que motiva a que difícilmente un sindicato, comunidad, organización de colonos, etc, arriesgue un poco su seguridad por proteger a otro movimiento u organización con mayor vulnerabilidad. La solidaridad debe ser por tanto más generalizada, decidida y organizada, tenemos que pasar de lo simbólico a lo real.
– Son muchas las cosas que el Estado tiene en puerta, además de la privatización de los servicios de salud, sigue sintiendo que ha cedido mucho políticamente en espacios tan importantes como la UNAM o las comunidades indígenas de Chiapas, y existen un sinnúmero de proyectos relacionados con la explotación minera y la industria portuaria, aeroportuaria y turística, pero además, no podemos descartar el gigantesco negocio de la economía ilegal.
– Cada que el Estado asesta un golpe de las características aquí descritas, nos resta a las organizaciones de abajo y de izquierda revolucionaria o independiente, instrumentos y referentes de lucha, nos dificulta o cuando menos retrasa los brotes de resistencia, o bien, los mantiene en una posición relativamente controlable. Revertir la situación por tanto supone el reforzar, sin esperar coyunturas ruidosas, cada referente de organización y lucha, reforzar cada espacio de coordinación, reforzar todos los mecanismos de solidaridad política e ir construyendo a través de acciones concretas, la conciencia de clase y la unidad en la acción. Aun así habrá represión, pues en la naturaleza del Estado está inscrito, pero cuando menos podemos seguir resistiendo a pesar de ella y podemos evitar la efectividad de la misma para poder seguir adelante en la construcción de nuestro propio proyecto de sociedad y de futuro.
Notas:
[1] Gramsci. A. Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno. Juan Pablos Editores. Pág 175.
[2] Periodistas incluso como Carmen Aristegui, Denise Dresser, Javier Solórzano o Denise Merker y la revista Proceso, a pesar de algunas críticas, se mantienen en ese nivel, pues omiten en sus análisis el carácter esencialmente represivo del Estado, lo cual los coloca a lo más, en un plano de crítica liberal.
Andrés Avila Armella es miembro del Buró Político del Partido Comunista de México (PCdeM) www.partidocomunistademexico. Sociólogo y Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México donde actualmente se desempeña como profesor.