El caso tiene que ver con la irregular construcción del acueducto Independencia por el gobierno de Sonora, lo que ha agravado aún más la de por sí precaria situación que enfrenta la tribu yaqui, que ve amenazada su fuente de vida y su sobrevivencia por el despojo de agua.
Los yaquis son un pueblo indígena del estado de Sonora, asentado originariamente a lo largo del río del mismo nombre. El afluente es parte misma de su cosmovisión y ritualidad; es el principal elemento productivo del grupo, es parte de los mitos de creación y símbolo en el llamado huya ania el mundo del monte
, lugar mítico en el que deambulan seres benignos y malignos que dan sentido a la normatividad de esa tribu.
La historia del pueblo yaqui ha sido de vejaciones y sufrimiento. Actualmente su población tiene cerca de 40 mil habitantes, pues fue duramente mermada por las guerras que libraron por su supervivencia desde el gobierno de Porfirio Díaz y a lo largo de más de 50 años. En ese lapso, los yaquis fueron perseguidos, despojados de sus tierras y deportados de su territorio hacia Yucatán y Oaxaca. Incluso, está documentado que algunos fueron subidos a un barco y arrojados al mar.
Fue Lázaro Cárdenas, mediante un decreto emitido en 1940, quien restituyó y tituló el territorio a la tribu yaqui, otorgándole el derecho a 50 por ciento del caudal del río. Gracias a ello es que está vigente un pacto de paz entre los yaquis y el Estado mexicano.
Sin embargo, tan sólo unas décadas después, el gobierno de Guillermo Padrés presentó, en enero del 2010 –sin informar ni consentir a la tribu– el proyecto denominado Sonora Sistema Integral (Sonora Si), en el cual se proponen diversas obras hidráulicas destinadas a abastecer de agua a varias ciudades del estado, para actividades industriales, agrícolas y comerciales. Entre las obras previstas está el acueducto Independencia, que realiza el trasvase de 75 millones de metros cúbicos anuales desde el río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo),hasta la ciudad de Hermosillo, ubicada en la cuenca del río Sonora.
Después de tres años de lucha mediante cauces institucionales que ascendieron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los yaquis obtuvieron una victoria, pues la sentencia del máximo tribunal de la nación obligó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental que había otorgado para la construcción y operación del acueducto, así como a realizar un proceso de consulta previa, libre e informado a la tribu, de acuerdo con sus usos y costumbres, y en el cual se cumpla lo dispuesto en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Al día de hoy, el acueducto no cuenta con autorización de impacto ambiental y su operación está ocasionando un daño irreversible a los yaquis, pues la despoja del agua para consumo humano y para actividades agrícolas; la obra debería estar suspendida desde hace varios meses.
Pero el camino de la impartición de justicia en nuestro país es largo, sinuoso y discrecional. La realidad es que, a pesar de la victoria legal y de la sentencia de la Corte, el acueducto sigue operando y extrayendo el agua que requieren los yaquis para vivir. El proceso de consulta a la tribu no ha podido concluir, pues la Semarnat no les ha proporcionado información actualizada y confiable en aspectos tan fundamentales como la cantidad real de líquido disponible hoy día, lo cual no les permite tomar una decisión con base en datos fidedignos.
Y ahora que los caminos legales se le han cerrado al gobierno de Sonora, pues la Comisión Nacional del Agua ha recibido un mandato judicial de cerrar el acueducto, la ruta que ha elegido es la de la persecución política. Por ello, hace unos días ingresaron fuerzas del gobierno a Vicam, territorio yaqui, para detener a Mario Luna, uno de los voceros de la tribu, en respuesta a acusaciones ministeriales que presentan muchas dudas y contradicciones.
La tensión social crece en el norte del país. Los yaquis mantienen un bloqueo carretero en protesta porque no se cumple la resolución de la Suprema Corte, porque no les dan la información a que tienen derecho y porque el acueducto sigue operando de forma irregular. En realidad existen diversas alternativas para que la población de Hermosillo pueda seguir siendo abastecida de agua, como es su derecho, sin que esto implique quitar a los yaquis el poco líquido con que subsisten.
Es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho humano al agua, pero ello debe hacerse sin contraponer a la población y sin fomentar el encono entre mexicanos. En el caso del acueducto Independencia están en juego aspectos tan fundamentales, como los derechos humanos, la paz social y el respeto al estado de derecho. Es momento de que tanto el gobierno de Sonora como el federal acaten la decisión de la Suprema Corte y haya justicia para la tribu yaqui.
*Directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (Cemda)