Los trabajadores de la CDMX acusaron que durante el mandato de Miguel Ángel Mancera se han incrementado las formas de contratación ilegal y la falta de estabilidad laboral.
Regeneración 15 de marzo del 2016.- En un comunicado de prensa los trabajadores de la Ciudad de México acusaron que debido a la forma en que el Gobierno se ciñe a las condiciones internacionales dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, se coartan los derechos laborales.
“La forma en que se está decidiendo El Constituyente de la Ciudad de México, afectará a los trabajadores. En la actualidad ya se implementan contratos individuales por obra o tiempo determinado, con pago por hora o a través de empresas subrogadas o intermediarias”, dice.
Y ponen el ejemplo de las 59 trabajadoras de limpieza del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), quienes fueron despedidas al iniciar el año, de manera arbitraria por la empresa Roc Man, que vende el servicio a la institución. Actualmente, la Institución de educación se niega a reconocer la relación laboral con las intendentes que tenían entre 15 y 10 años de antigüedad.
“En el caso de los trabajadores del Gobierno de la capital del país, las políticas de corte neoliberal en materia de trabajo se han acentuado durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, incrementándose las formas de contratación ilegal y la falta de estabilidad laboral”, indica.
Miles de trabajadores fueron contratados de manera irregular, como los que se encuentran bajo lo regímenes de autogenerados, por honorarios, eventuales, a través de empresas subrogadas, o bajo la figura de “voluntarios”, quienes ni siquiera son considerados trabajadores, no tienen prestaciones de ningún tipo ni seguro médico o social, pero que han llegado a formar parte de las actividades gubernamentales de promoción de la imagen pública para efectos de obtener beneficios políticos para el partido y los políticos que se encuentran en el gobierno.
Desde el año pasado, alrededor de 34 mil trabajadores fueron incorporados al llamado Programa de Estabilidad Laboral, conocido como nómina 8 y que anunció pomposamente Miguel Ángel Mancera durante su segundo informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sin embargo, en lo que va del año, personas contratadas bajo este esquema de “Nómina 8” padecieron incertidumbre de la contratación o el despido y quienes se atreven a demandar su reconocimiento laboral, sufren acoso, como el ejemplo de las trabajadoras del DIF.
En el 2012, varias trabajadoras del DIF, demandaron el reconocimiento de la relación laboral ante las instancias jurisdiccionales, pero fueron despedidas en represalia, obligándolas a demandar nuevamente pero ahora por la reinstalación, dificultando los procesos de procuración de justicia.
Pero la disminución de derechos no se reduce a las contrataciones, pues incluso cuando los trabajadores ganan en tribunales, el Gobierno incumple las resoluciones.
“Otro serio problema”, dice el comunicado, “es el de la falta de cumplimiento de laudos ganados en tribunales laborales por los trabajadores en contra del GDF. La administración incumple las determinaciones en materia laboral de jueces, magistrados y ministros y las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. O bien, intenta forzar y a veces lo logra, a los trabajadores a aceptar menos prestaciones de las ganadas en los laudos. Pero también, en colusión con las autoridades del trabajo, alargan los procedimientos para no cumplir con los laudos”.