La descalificación que se ha hecho del Juicio de Inconformidad que interpuso el Movimiento Progresista por parte del Tribunal Electoral, secundado festivamente por el priísmo, por los "opinadores imparciales" y por los consejeros del IFE, obedece a una clara estrategia para minimizar el fraude y justificar su aval disfrazado de "legalidad", despreciando las exigencias de respeto a la ley y pretendiendo que quienes tenemos derechos, renunciemos a ellos.
Sin ningún rubor se dijo que el Juicio carece de fundamento y pruebas convincentes. De "anecdótico" lo calificaron. Tan simple que para ellos no pasó lo que todos vimos que pasó. Para los señores magistrados no tuvieron ninguna validez las evidencias presentadas: infinidad de testimonios, actas notariales, denuncias ante las instancias públicas, pruebas físicas como las tarjetas MONEX, Soriana, de débito, telefónicas, los contratos celebrados por gobernadores priístas, cheques múltiples, fotografías y videos, aportados por la propia ciudadanía, así como la comprobación de que los gastos electorales por parte del PRI y su candidato no solo excedió en 14 veces lo permitido, sino tambien fue financiado con dinero ilegal e ilícito valiéndose de empresas fantasmas. Para ellos no existió compra de votos ni, el PRI aprovechó las condiciones de pobreza de la mayoría de la población, amenazándola con la pérdida de acceso a programas gubernamentales y desde luego tampoco existieron acuerdos comerciales ocultos con medios de comunicación. Todo ello, en conjunto, hacía prueba plena y fehaciente de la ausencia de condiciones para la validez de una elección. Ellos simplemente concluyeron que se trató de un juicio sin razón, "sin acto que impugnar".
Argumentaron incluso, que estaba "fuera de tiempo", ignorando que no era un litigio de nulidad sobre el número de votos, sino sobre la constitucionalidad de la elección, es decir, por el incumplimiento de un mandato constitucional: el de tener elecciones libre y auténticas, en condiciones de equidad de los contendientes.
Cuando las elecciones son libres y auténticas, cuando son equitativas, un voto de diferencia es suficiente para reconocer el resultado. Por el contrario, cuando los comicios se definen por la desigualdad de los recursos, la inmundicia en los métodos y la coacción o inducción de la voluntad de un grupo amplio de electores, entonces la diferencia de votos no es un indicador de la "victoria contundente" del que obtiene el mayor número de sufragios, sino del tamaño de la inequidad cometida.
Porfirio Díaz repartía pan y atole; hoy Peña Nieto reparte tarjetas. Esa es la única diferencia entre las elecciones de 1910 y las del 2012. El candidato presidencial priísta, al igual que el dictador, incurrió en prácticas expresamente prohibidas por la ley que ostensiblemente afectaron la naturaleza y el desarrollo mismo de la competencia política. Por eso sostuvimos y seguiremos sosteniendo que la elección pasada se tenía que repetir, porque estuvo muy alejada de lo que dice nuestra Constitución.
La historia nos muestra que quien compra la Presidencia termina vendiendo al país. Una presidencia comprada es un Presidencia escriturada a intereses particulares o de grupo. Una presidencia hipotecada nunca podrá ser una Presidencia al servicio de los intereses superiores de la Nación.
Hay quienes consideran ingenuamente que bastaría con "limpiar" la elección. Pero ni eso se hizo. El TEPJF ya ni siquiera consideró multas y ni penalidades. Su conclusión es que "aquí no pasa nada". A sabiendas de que eso equivale a poner precio a la silla presidencial del 2018 y abona a la degradación y descomposición del país.
Es inaceptable que las autoridades electorales dejen pasar así, de una manera tan ostensiblemente cínica y sin vergüenza, las flagrantes violaciones a la Constitución y a la legislación electoral y además recurran a falaces argumentos legaloides.
No quisieron invalidar la elección. Optaron por invalidar la democracia.
Que la nación se los demande.
Todo nuestro apoyo a la causa que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Firman.
Arecely Damian
Alberto Anaya Gutiérrez
Ricardo Cantú Garza
Pedro Vázquez González
Loreta Ortiz
Virgilio Caballero
Bernardo Bátiz
Julio Boltvinik
Alberto Carral
Laura Itzel Castillo
David Cervantes
Héctor Díaz Polanco
Herón Escobar García
Francisco Estrada Correa
Jesús González Schmall
Enrique Ibarra
Epigmenio Ibarra
Cindy López Gües
Ifigenia Martínez Hernández
Lorenzo Meyer
Alberto Montoya Martín del Campo
Porfirio Muñoz Ledo
Jorge Eduardo Navarrete
Elena Poniatowska Amor
Jesús Ramírez Cuevas
Irma Eréndira Sandoval
Pablo Amilcar Sandoval
Ricardo Valero
Héctor Vasconcelos
Gregorio Vidal
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