Manifiesto "¡Reconstruyamos nuestra nación!"

“El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.” (Declaración sobre el derecho al desarrollo, Asamblea General de la ONU, 1986).

Quienes firmamos este documento, catedráticos e investigadores miembros del Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo, compartimos la indignación y el hartazgo de la ciudadanía ante la crisis de derechos humanos, la inseguridad pública, la violencia y la complicidad entre autoridades y delincuentes; ante la corrupción y los pactos de impunidad explícitos o implícitos que estimulan los crímenes y fomentan el enriquecimiento ilícito; ante la flotante casta de políticos que luchan por los cargos públicos como botín pero no conectan con las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos; ante los privilegios que se autoasignan los altos funcionarios públicos y la vida de reyes que se dan con dinero de los contribuyentes; ante la afrentosa desigualdad que ubica al presidente de la Suprema Corte de Justicia de México como el mejor pagado del planeta (con un salario mensual de 563,417 pesos) y al salario mínimo en México (de 2,132 pesos al mes) como el más bajo no solo entre los países de la OCDE sino también de América Latina; ante la creciente pobreza, marginación, polarización social y exilio de más de doce millones de mexicanos que se han ido al extranjero durante las últimas tres décadas en busca de empleos que no encuentran en nuestra patria, debido a la obcecada aplicación de una estrategia económica claramente fracasada en términos de crecimiento del producto nacional y del bienestar de la mayoría de los mexicanos.

De hecho, cumplimos ya tres décadas perdidas para el desarrollo y estamos al comienzo de la cuarta década perdida. Durante el periodo 1983-2014, el crecimiento del PIB mexicano ha sido de 2.3% anual (y en el primer bienio de gobierno de Peña Nieto fue de 1.8% anual), de modo que el PIB per cápita apenas ha crecido a una tasa media de 0.6% anual con un crecimiento acumulado de 22.4% en estos 32 años, sin considerar a los 12 millones de emigrados al extranjero; si los incluimos, el PIB per cápita sólo ha crecido 0.3% anual, con un crecimiento acumulado de 10.2%.

Comparativamente, durante el periodo 1935-1982, el PIB mexicano creció a una tasa media de 6.1% anual y el crecimiento del PIB per cápita fue de 3.2% anual, con un crecimiento acumulado per cápita de 348% en 48 años. En 1982, México era la octava economía del planeta con un PIB de 632,521 millones de dólares estadounidenses a precios constantes de 1990 corregidos a paridad de poder adquisitivo (PPA), mientras que China era la décima economía, con un PIB de 515,321.3 millones de dólares PPA de 1990. Treinta y un años después, China se convirtió en la segunda economía del mundo, con un PIB de 10,102,998.9 mdd PPA de 1990, mientras que México descendió al onceavo lugar con un PIB de 1,288,065.8 mdd PPA de 1990.

No sólo extraviamos el camino del desarrollo, también sufrimos un fuerte deterioro del bienestar de las mayorías nacionales. Durante el periodo 1983-2014, los salarios mínimos perdieron el 71.9% de su poder de compra, los salarios contractuales en las ramas de jurisdicción federal sufrieron una caída real de 64.4%, y los ingresos medios de los campesinos se redujeron más de un tercio en términos reales; se agigantó el sector informal de la economía hasta incluir al 58% de los ocupados; y más de treinta millones de mexicanos cayeron en la pobreza. Nos enfilamos así hacia una grave pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes.

Saldremos de este túnel oscuro. El estallido de indignación emergido desde muy amplios y diversos segmentos sociales unidos en el clamor de ¡¡basta ya!! es la expresión de la esperanza. ¿Pero qué habrá después de la oscuridad? ¿Cuál es el México posible al que aspiramos y deseamos ver a plena luz? No hay duda: la restauración de la cohesión social, de la convivencia justa y digna entre los mexicanos, exige un magno esfuerzo de inteligencia colectiva, de buena fe y de convergencia de voluntades para encontrar los caminos viables de un México mejor.

Precisamente cuando fundamos el Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo nos trazamos como primer objetivo: “conjuntar nuestros esfuerzos para formular un sistema integral de propuestas viables de políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático”.* Ahora, frente a la profunda crisis que ha sacudido la conciencia ciudadana, proponemos los siguientes cursos de acción para la reconstrucción de nuestra nación:**

I QUÉ HACER PARA QUE LA ECONOMÍA CREZCA MÁS Y GENERE SUFICIENTES EMPLEOS DIGNOS

El primer gran reto es superar la pobreza y reducir la desigualdad que padece nuestra nación, lo cual no es susceptible de lograrse a través de simples mecanismos de compensación social; para lograrlo es preciso articular, sinérgica y positivamente, la política económica y la social, a fin de asegurar la plena inclusión de toda la población en las tareas y los beneficios del desarrollo, dejando atrás la marginación y la exclusión. Por ello proponemos:

Fortalecer el mercado interno como el principal motor del desarrollo económico, a través de la elevación sostenida del poder adquisitivo de los salarios y del estímulo a la producción de bienes de consumo, intermedios y de capital de origen nacional, lo que traerá consigo el mejoramiento de la calidad de vida de la población y mayores encadenamientos productivos internos, tanto de las industrias que abastecen el mercado interno como de las industrias exportadoras, con la consiguiente mayor generación de empleos dignos. (Por el contrario, la estrategia económica vigente que erige el mercado externo como el principal motor de desarrollo fincando la competitividad de las exportaciones en una política de bajos salarios y en la liberalización comercial para importar bienes intermedios y de capital, ha traído consigo la caída del poder de compra de los trabajadores, la desarticulación interna de la planta productiva y una menor generación de empleos, debilitando sistemáticamente el mercado interno).

Para lograr un mayor y más dinámico crecimiento del mercado interno es necesario promover la competencia y regular los mercados oligopólicos para poner coto a los poderes económicos dominantes, reduciendo así la pérdida absoluta de los hogares y de las micro, pequeñas y medianas empresas que pagan precios oligopólicos por numerosos bienes y servicios, liberando de este modo un poder de compra adicional que hará crecer más el mercado interno. En consecuencia, proponemos asegurar la plena autonomía y el fortalecimiento de las instituciones responsables de promover la competencia y, sobre todo, establecer precios máximos para los bienes y servicios en mercados oligopólicos.

1. Proponemos también aplicar una política de comercio exterior pragmática que utilice al máximo los márgenes de maniobra para regular nuestro comercio exterior, aplicando (exactamente igual a como proceden —aunque no lo prediquen— Estados Unidos, Canadá y los demás países desarrollados) aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra prácticas desleales de comercio, a las cuales tenemos derecho como parte contratante de la OMC e incluso del TLCAN (y de otros acuerdos comerciales), sin demérito de aplicar órdenes de mercadeo y otras restricciones cuantitativas habitualmente aplicadas por los países desarrollados y por las exitosas economías emergentes.

Para minimizar la volatilidad del crecimiento económico y de la generación de empleos proponemos redireccionar las políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y cambiaria) desde el enfoque actual centrado en la estabilidad de precios y el balance fiscal, hacia un enfoque centrado en el crecimiento sostenido de la economía real. Para lograr este objetivo proponemos reformar la Ley del Banco de México, a fin de ampliar el mandato de nuestro banco central, que hoy tiene como única tarea macroeconómica el control de la inflación, para que se ocupe también —como hacen los bancos centrales de Estados Unidos y Canadá— del crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo; y reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de ampliar el mandato de la SHCP para que no sólo atienda el balance fiscal, sino también sea corresponsable del crecimiento sostenido de la economía real y del empleo. Proponemos también una política de tipo de cambio real competitivo que contribuya al crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo por dos vías: 1) apuntalando la competitividad-precio de los productos mexicanos, tanto en los mercados externos, como en el mercado interno frente a las importaciones, y 2) asegurando el equilibrio sostenible de las cuentas externas, lo que permitirá poner fin a los ciclos de freno y arranque originados en choques externos que desfondan nuestra economía debido a la vulnerabilidad que provoca la insana dependencia del ahorro externo. Finalmente, para reducir los elevados costos de la acumulación de reservas internacionales ―y los riesgos que esto implica, derivados del carácter golondrino de la inversión extranjera en títulos de deuda pública― proponemos reducir los requerimientos de reserva mediante los mecanismos macroprudenciales aprobados por el FMI, que incluyen el eventual control de capitales, liberando así excedentes de divisas que deben ser utilizados para estimular el crecimiento económico, canalizándolos a inversiones productivas.

Desplegar una nueva estrategia de industrialización con cuatro objetivos básicos: 1) incrementar la articulación interna de la planta productiva; 2) lograr una balanza comercial manufacturera equilibrada; 3) inducir una elevada tasa de generación de empleos manufactureros; 4) cerrar la brecha tecnológica y de estructura industrial entre México y los países líderes, incluso en las industrias de tecnología avanzada. Para lograr estos objetivos, los instrumentos fundamentales de política pública son: 1) políticas macroeconómicas favorables al desarrollo manufacturero, especialmente la política de tipo de cambio real competitivo antes indicada; 2) políticas generales de fomento económico (construcción de infraestructura, formación de recursos humanos, sistema financiero competitivo, etc.); 3) instrumentos horizontales de fomento manufacturero, es decir aplicables sin distinción de sectores, como son los incentivos a la innovación y a la transferencia tecnológica, y los apoyos crediticos con tasas preferenciales para micros, pequeñas y medianas industrias, entre otros; 4) formulación de una estrategia sectorizada de desarrollo industrial dirigida prioritariamente a aquellos sectores que generan mayores beneficios y efectos multiplicadores (desarrollo tecnológico, encadenamientos productivos con mayor participación de micros, pequeñas y medianas empresas, economías de redes, etc.); 5) instrumentos sectoriales de fomento de los sectores prioritarios e innovadores, utilizando los márgenes de maniobra que tenemos en el TLCAN y la OMC, como son el crédito preferencial, las compras públicas, el apalancamiento o asociación con capital de riesgo por la banca de desarrollo, y subsidios especiales. Hay que recordarlo: los procesos de industrialización exitosos han derivado de especialidades y ventajas competitivas adquiridas a propósito mediante resueltas acciones de política industrial.
Restablecer nuestra soberanía alimentaria y promover el desarrollo incluyente del sector agropecuario, forestal y pesquero. Es factible sustituir la importación de alimentos por producción nacional, aumentando la productividad y el empleo rural, así como el ingreso de los campesinos y demás productores, mediante los siguientes instrumentos de fomento: 1) un sistema de precios de garantía o soporte, o bien generalizar el sistema de ingreso objetivo introducido desde 2002-2003, extendiéndolo a todas las zonas de producción del país y a todos los productos y cultivos básicos definidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 2) reestructurar el sistema público de desarrollo de la ciencia y la tecnología en el ámbito agropecuario, forestal y pesquero, para disminuir costos unitarios, introducir tecnologías de bajo costo energético y minimizar los efectos del cambio climático, apoyando su difusión a través de robustos programas de extensionismo; 3) incrementar sustancialmente la inversión pública en infraestructura rural (obras hidráulicas, caminos, recuperación de suelos, bodegas, etc.); 4) asegurar una oferta satisfactoria de crédito fresco para las actividades agropecuarias (con segmentación de tasas, según el tipo de productor y vinculándolo a programas de asistencia técnica), acompañando el crédito con seguro agrícola con primas subsidiadas, e introduciendo un sesgo preferente hacia los fondos de autoaseguramiento y las organizaciones de productores; 5) desarrollar programas diferenciados para la atención de los diversos segmentos de productores, dada la macrodiversidad productiva y la estructura de productores de nuestro país, atendiendo especialmente a las pequeñas unidades de producción campesinas; 6) un sistema integral de pagos por servicios ambientales, orientado a mitigar el cambio climático y detener o revertir el deterioro de nuestros recursos naturales; 7) intervención para la corrección de fallas de mercado, atacando prácticas anticompetitivas, reduciendo el peso de los monopolios, corrigiendo también las formas de intervención gubernamental que auspician la creación de monopolios privados, y promoviendo la reducción de costos de intermediación a través de la modernización de los arcaicos sistemas de mercado y logística de los alimentos que aún prevalecen en amplias zonas del país; 8) asegurar una oferta suficiente de semillas mejoradas de polinización libre y aplicar el principio precautorio respecto a las semillas transgénicas.

Proponemos una política energética en los siguientes cursos de acción: 1) administrar inteligentemente los declinantes recursos petroleros del país; 2) acelerar la transición hacia las fuentes renovables de energía; 3) establecer una estrategia endógena de investigación y desarrollo tecnológico en materia energética con visión de largo plazo; 4) concentrar atención y recursos en la racionalización del consumo de energía; 5) elevar la eficiencia y la seguridad en la cadena de suministro de petrolíferos y gas natural reduciendo la importación de petrolíferos y aumentando la integración nacional de la petroquímica; 6) garantizar el acceso de todos a la electricidad y eliminar el riesgo de escasez y precios altos; 7) revalorar el papel de Pemex y CFE en el desarrollo; 8) mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las actividades, las empresas y los reguladores; y 9) democratizar la política energética y respetar las decisiones de las comunidades; 10) para asegurar la sostenibilidad energética del país, y en virtud de que la reforma energética recientemente aprobada por el Congreso fue rechazada por más del sesenta por ciento de la ciudadanía según diversas encuestas, proponemos derogar dicha reforma devolviendo al Estado la plena soberanía en materia energética. Mientras tanto, una de nuestras mayores preocupaciones ―aducida por la ciudadanía como una de las razones de su rechazo a la reforma energética― ha sido también compartida por el colega Paul Krugman quien durante su reciente estancia en México (27/03/2015) advirtió que en procesos de privatización del sector energético ha habido casos, incluso en Estados Unidos e Israel en los que las concesiones o licitaciones “han resultado ser un regalo”. Por eso proponemos una urgente batería de medidas en materia de transparencia y rendición de cuentas en el sector energético, comenzando por garantizar la difusión y la consulta pública de autorizaciones, contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades, asociaciones, coinversiones que el Estado conceda o suscriba con particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales, así como de todos aquellos que éstas celebren.

Proponemos una política de Estado en materia de ciencia, tecnología, innovación y competitividad a través de los siguientes cursos de acción: 1) incrementar significativamente la cantidad y la calidad del gasto público en ciencia y tecnología; 2) descentralizar el sistema científico y tecnológico bajo una clara estrategia de regionalización y articulación con la estrategia de industrialización antes definida; 3) invertir en la formación de recursos humanos que impulsen la generación y transferencia de conocimientos así como la innovación en las esferas productiva, gubernamental, científica y de desarrollo tecnológico; 4) fomentar los vínculos de las empresas privadas y del sector social con los centros de investigación públicos y con las instituciones educativas; 5) desarrollar programas de fomento a la innovación atendiendo especialmente las redes locales de pymes innovadoras; 6) pasar a una visión integral de la competitividad sistémica de la economía nacional, que atienda el conjunto de sus determinantes, incluyendo la calidad de las instituciones, la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud de la población, la educación superior y la capacitación de los trabajadores, el desarrollo del sistema financiero, etcétera, a fin de que el Estado asuma y cumpla eficazmente sus responsabilidades en el desarrollo de la competitividad nacional. La atención de estas áreas es uno de los factores explicativos del éxito económico de las naciones; constituye un componente fundamental de una estrategia consistente para elevar la eficiencia y generar empleos cada vez mejor remunerados; y es, por ello, factor relevante para que México logre ir cerrando las brechas ―de productividad, ingreso y calidad de vida― que nos separan de los países industrializados o de altos ingresos.

QUÉ HACER PARA LOGRAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Para reconstruir la cohesión social de nuestra nación y avanzar hacia niveles superiores de desarrollo, dos esfuerzos ―magnos pero económicamente viables― son indispensables: 1) lograr la plena inclusión de todos los mexicanos en las tareas y los beneficios del desarrollo; 2) que el Estado mexicano cumpla cabalmente su mandato constitucional de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Para ello proponemos:

Instrumentar políticas de empleo digno, distribución del ingreso y superación de la pobreza. Puesto que la insuficiente generación de empleos formales está asociada a la baja tasa media de crecimiento del PIB (que fue de 2.3% anual durante el periodo 1983-2014), la cual ha sido causado por la estrategia económica aplicada desde 1983 hasta el presente, proponemos pasar a una nueva estrategia de desarrollo ―cuyos instrumentos fundamentales resumimos en este documento― que asegure un crecimiento del PIB similar al observado durante el periodo 1935-1982, que fue de 6.1% anual.

Proponemos también una política salarial que tenga dos objetivos: 1) elevar paulatinamente el poder adquisitivo de los trabajadores; y 2) mejorar la distribución del ingreso entre los factores de la producción. Para lograrlo, la tasa de incremento anual de los salarios mínimos debe superar la suma de las tasas de inflación y de incremento de la productividad observadas en el año previo. Una política salarial así fue aplicada en México durante la época del desarrollo estabilizador: no provocó inflación (su tasa media fue de 2.5% anual en el periodo 1959-1970), y sí permitió una incremento del PIB a una tasa media del 6.7% anual, debido al robusto crecimiento del mercado interno.

Hacer realidad el Estado democrático de derecho en el mundo laboral, a través de los siguientes cursos de acción: 1) crear un instituto autónomo para el establecimiento del salario mínimo; 2) crear un instituto autónomo para el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, como garante de la libertad y democracia sindical y de la auténtica contratación colectiva; 3) suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear en su lugar Jueces de lo Laboral; 4) derogar la reforma laboral aprobada por el Congreso en 2012 y realizar una reforma laboral acorde con la normatividad de la Organización Internacional del Trabajo.

Proponemos también ampliar el programa Prospera en las zonas urbanas, donde está creciendo la pobreza, eliminando las condicionalidades que suponen la inversión de tiempo de las mujeres, y aplicar Prospera en las comunidades rurales sin escuela y/o sin clínica que en una alta proporción son indígenas y hoy están desatendidas. En el mediano plazo se propone la desaparición de Prospera y su sustitución por la institución gradual de un ingreso ciudadano garantizado,cuya viabilidad económica se evidencia en el hecho de que otros países con un PIB per cápita menor del que actualmente tiene México, instituyeron, en su momento, modelos muy avanzados de Estado de bienestar.

Construir un Estado de bienestar moderno que asegure el pleno ejercicio de los derechos sociales mediante los siguientes cursos de acción: 1) instituir un sistema único de salud, público y gratuito que garantice el derecho a los servicios de salud para todos, a partir de un modelo normativo que asegure igualdad de acceso a un conjunto creciente de servicios, ofrecidos con la misma calidad para todos; 2) garantizar una pensión universal para los adultos mayores de 65 años que carezcan de seguridad social, que forme parte de un sistema de pensiones públicas, financiado públicamente y no contributivo, que fije montos suficientes para asegurar una vida digna a quienes las reciban, complementado de un plan contributivo para quienes trabajan en el sector formal, de administración pública y con una pensión digna; 3) desarrollar un sistema de seguro del desempleo, universal no contributivo, articulado con políticas de capacitación y calificación laboral, así como de políticas de activación laboral; 4) instituir gradualmente un ingreso ciudadano universal mínimo garantizado, para reemplazar el programa Prospera, y concebir este nuevo derecho como un seguro contra la pobreza extrema y como un mecanismo anticíclico en situaciones de crisis y vulnerabilidad; 5) establecer un sistema universal de vigilancia y promoción nutricional para detectar y prevenir de manera oportuna riesgos y daños derivados de la desnutrición y de la obesidad infantil; 6) establecer una política de vivienda para hacer frente a la exclusión de los programas de vivienda de la mitad de la población, que busque el pleno ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna; 7) promover y garantizar la equidad de género en el trabajo, la escuela, la familia y en todos los ámbitos públicos y privados; 8) garantizar el pleno ejercicio de una ciudadanía étnica que asegure el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.

Para el cumplimiento cabal de estos derechos, proponemos instituir una procuraduría de derechos sociales, y realizar las reformas legales pertinentes para hacer exigibles los derechos sociales, estipulando los sujetos obligados a otorgar los respectivos bienes públicos, su financiamiento multianual y las penas a los funcionarios que incumplan.

Instrumentar una auténtica reforma educativa que resuelva de raíz las desigualdades de acceso, permanencia y resultados de aprendizaje y al mismo tiempo incremente sustancialmente la calidad académica desde el preescolar hasta el posgrado. Es indispensable reconocer el papel central de la educación en el desarrollo de las capacidades necesarias para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Para ello proponemos: 1) elevar la cantidad, pero sobre todo la calidad, del gasto público en educación y distribuirlo con criterios de equidad con el fin de atender proporcionalmente las necesidades de los grupos vulnerables; 2) revertir los rezagos de cobertura en educación básica, media superior y superior, 3) desarrollar modelos educativos con relevancia social y pertinencia cultural, 4) impulsar la introducción de innovaciones pedagógicas, precedida de procesos cuidadosos de desarrollo experimental; 5) impulsar como prioridad programas y estrategias efectivas de formación y actualización del magisterio y un sistema de incentivos para el desarrollo de la carrera académica.
Una política integral de atención a la problemática de los jóvenes que los reconozca cabalmente como sujetos de derechos, y asuma que los jóvenes no son sólo un recurso para el desarrollo, sino que el desarrollo económico, social, cultural e institucional es un recurso para el desarrollo de los jóvenes, para que cada uno de ellos encuentre caminos abiertos para realizar de manera independiente su propio proyecto de vida. Para ello proponemos: 1) asegurar una oferta suficiente de empleos dignos para aquellos que desean insertarse en el mercado laboral, mediante un robusto crecimiento económico y el cumplimiento cabal de la función de inspección laboral por la autoridad correspondiente, además de programas especiales de empleo para jóvenes sobre todo en actividades de impacto comunitario, así como para promover que los jóvenes egresados de educación superior y de posgrado consigan empleos en las respectivas áreas para la que fueron formados; 2) superar la insuficiente oferta de oportunidades para que los jóvenes ingresen a la educación media superior en instituciones de calidad que permitan continuar con estudios profesionales; 3) elevar aceleradamente la cobertura de educación superior y asegurar que los procesos de admisión para educación media superior y superior realmente garanticen igualdad de oportunidades para los grupos más vulnerables; 4) reconociendo los diferentes perfiles, culturas y necesidades de los jóvenes, conformar programas y proyectos sociales, culturales, artísticos, deportivos y civilizatorios diseñados, ejecutados y supervisados por jóvenes, abrir espacios a los jóvenes en el campo político y conjugar políticas públicas para construir ciudadanía entre los jóvenes.

Puesto que durante el periodo 1983-2014 más de doce millones de mexicanos emigraron al extranjero en busca de empleos que no encontraron en nuestro país, y haciéndonos cargo de que en Estados Unidos residen más de treinta millones de personas de origen mexicano, proponemos nuevas políticas públicas sobre migrantes. En lugar del enfoque policiaco de seguridad nacional que hoy prevalece, debemos adoptar un enfoque de seguridad humana establecido en las convenciones internacionales, que permita exigir el respeto irrestricto de los derechos humanos de todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en otros países, y nos obligue a garantizar los derechos humanos de todos los extranjeros que radiquen en México o transiten por el territorio nacional. Con un criterio de colaboración permanente, debemos desarrollar una estrategia para estrechar los vínculos sociales, económicos, culturales y políticos con la comunidad hispano-mexicana de E.U; promover el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias vinculadas con organizaciones de migrantes; y fomentar las alianzas en planes, programas y proyectos de desarrollo regional con enfoque transnacional.

III

CÓMO ASEGURAR LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO Y LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

Sociedad, territorio y ambiente conforman una gran unidad que requiere políticas integrales. Por ello es necesario asumir el imperativo nacional de un desarrollo territorial incluyente y sustentable, para lo cual proponemos:

Asegurar la sustentabilidad del desarrollo mediante los siguientes cursos de acción: 1) adoptar operativamente el enfoque de integración de políticas para que las decisiones económicas y sociales se adopten tomando en cuenta los costos del deterioro y el agotamiento de los recursos y servicios ambientales, de tal modo que las políticas de crecimiento económico asuman y reduzcan los costos ambientales; 2) acelerar nuestra transición energética para aumentar el uso de energías procedentes de fuentes no fósiles, sobre todo las eólicas y solares, a fin de contribuir a mitigar el cambio climático; 3) adaptarnos al ya inevitable cambio climático mediante políticas de prevención y respuesta que reduzcan la vulnerabilidad social y económica, reorientando la protección civil hacia estrategias integrales de atención de riesgos; 4) en la política de agua, la prioridad debe ser satisfacer el derecho humano al acceso suficiente y equitativo, a disponer de agua realmente potable, con garantías para dicho acceso y formas claras de exigir este derecho, además de atender los principios ambientales de protección de las fuentes hídricas, suelos y servicios ambientales en las cuencas; 5) apoyar mejor el esfuerzo de las ciudades, las zonas metropolitanas y los municipios en general para enfrentar la gestión local de los residuos, la reducción de la contaminación atmosférica, el ordenamiento del territorio, el ruido excesivo, el daño a los paisajes y las demás tareas que están bajo responsabilidad de los gobiernos locales, para lo cual se requiere una mejor concurrencia intergubernamental de la gestión ambiental; 6) contar con una estrategia nacional para ordenar la producción y el uso de los productos y sustancias riesgosas, y el mejor manejo de los residuos peligrosos y de los domésticos.

Una nueva estrategia de desarrollo territorial sustentable centrada en los siguientes cursos de acción: 1) planeación del desarrollo territorial con horizonte de largo plazo donde se insertan los planes sexenales; 2) priorizar el desarrollo desde las regiones y no solo desde los sectores que conforman el gobierno, de manera que se endogenice el diseño y la gestión de las políticas de desarrollo a fin de que en cada región se seleccionen e impulsen actividades que aprovechen y potencien las capacidades productivas, sociales, tecnológicas y medioambientales disponibles y posibles; 3) asegurar la defensa de los recursos naturales, por encima de los negocios privados (mineros, energéticos, inmobiliarios, turísticos, etc.); 4) orientar las políticas y los recursos públicos hacia la reducción efectiva de la desigualdad y la pobreza, promoviendo un desarrollo regional incluyente y equitativo que garantice el bienestar de la sociedad en el territorio.

Una nueva estrategia nacional de desarrollo urbano-metropolitano y de ordenamiento territorial en la que el Estado recupere su papel rector a través de los siguientes cursos de acción: 1) priorizar en las políticas públicas, el reordenamiento y consolidación-compactación de las ciudades, ocupando los vacíos urbanos y evitando el crecimiento expansivo y disperso; 2) establecer un nuevo estatuto legal para la planificación integral del desarrollo territorial sustentable de largo plazo y con la participación de los actores sociales, garantizando la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno; 3) otorgar en la ley un estatuto para las metrópolis como parte del desarrollo urbano que garantice la coordinación interestatal e intermunicipal obligatoria para el diseño y ejecución de los correspondientes planes de desarrollo de las metrópolis; 4) aplicar el derecho a la vivienda adecuada, evitando conjuntos habitacionales alejados, dispersos, desestructurados de las ciudades y carentes de la oferta de empleo, de servicios y de equipamientos sociales; 5) definir en la ley y en las políticas públicas la prioridad en la accesibilidad y en la movilidad sustentable en las metrópolis y ciudades, concentrando los recursos y los proyectos en el transporte público de calidad e integrado y en la movilidad no motorizada; 6) reestructurar la fiscalidad urbana y hacer de la recuperación de las plusvalías inmobiliarias la fuente más importante para construir y mantener las infraestructuras y los espacios públicos en las ciudades.

CÓMO FINANCIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE, EQUITATIVO Y SUSTENTABLE.

Transitar a un sistema tributario moderno, capaz de proveer al Estado ―en sus tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal― recursos suficientes para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades en el desarrollo económico y social, sin aumentar la carga fiscal de la población de bajos ingresos ni la pagada por la clase media y por las mipymes, a través de los siguientes cursos de acción: Primero: ampliar la base de contribuyentes y de ingresos sujetos a tributación: 1) gravar con una tasa normal de ISR los dividendos recibidos por los accionistas de las empresas; 2) gravar las ganancias bursátiles obtenidas por personas físicas con una tasa normal de ISR; 3) gravar las herencias mayores de diez millones de pesos con elevadas progresividades; 4) gravar las grandes ganancias de capital de las personas físicas; 5) gravar al capital especulativo extranjero; 6) gravar las transferencias de capitales mexicanos al exterior; 7) incorporación de la grande y mediana economía informal al régimen tributario. Segundo: mejorar considerablemente la fiscalización y combatir resueltamente la evasión fiscal; Tercero: simplificación y racionalización de la legislación tributaria, eliminando regímenes especiales que generan múltiples canales de elusión tributaria. Cuarto: acentuar significativamente la progresividad del impuesto sobre la renta aumentando el número de rangos en los ingresos mayores de dos millones de pesos, preferentemente mediante la introducción de ISR locales, análogos a los impuestos estatales o provinciales sobre el ingreso vigentes entre los otros dos socios del TLCAN. Quinto: introducir una mayor diferenciación en las tasas de IVA, aumentando las tasas a los bienes y servicios suntuarios; Sexto. Otorgar mayores facultades tributarias a los estados y municipios e incrementar la eficiencia recaudatoria en los actuales impuestos subnacionales.

Desde luego, la anterior reforma tributaria que permitiría incrementar la recaudación en diez puntos porcentuales del PIB, debe ser parte de la reforma integral de la administración pública que incluye eficaces sistemas de transparencia, rendición de cuentas y auditoria social, no solo para asegurar la probidad en el ejercicio del gasto público, sino también su eficiencia y concordancia con el interés general de la nación.

Construir un sistema financiero moderno que cumpla cabalmente sus funciones en el desarrollo, a través de los siguientes cursos de acción: 1) que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y Valores asuman plenamente sus responsabilidades, utilizando las facultades que les ha conferido la legislación para regular las tasas de interés y las comisiones y, en general, asegurar el buen financiamiento del sistema financiero; 2) promover el ahorro y el crédito, asegurando que en el sistema bancario haya instrumentos financieros de ahorro protegidos que rindan tasas reales positivas y orientar el crédito a sectores prioritarios mediante tasas competitivas; 3) obligar a los bancos extranjeros a que coticen en la BMV para transparentar sus operaciones, además de limitar y gravar el pago de dividendos que realizan a sus accionistas; 4) reestructurar la banca de desarrollo para que retome sus funciones de promoción del desarrollo económico y social, para lo cual debe operar directamente en primer piso, tanto para la captación de ahorro como para el otorgamiento de crédito, poniendo fin al enfoque de subordinación de la banca de desarrollo a la banca privada; 5) crear un gran banco público que opere en amplia escala comercial y actúe como banco testigo en competencia con los grandes bancos privados; 6) para el financiamiento a través de la BMV, es necesario facilitar el acceso a pequeñas y medianas empresas consolidadas, mediante una política industrial activa; 7) realizar una eficaz regulación de las instituciones microfinancieras que garantice su solidez financiera, proteja el patrimonio de los ahorradores y les otorgue tasas reales positivas, promueva el crédito a los micronegocios regulando las tasas de interés, y apoye las labores de acompañamiento y los servicios no financieros que brindan las microfinancieras; 8) aprovechar los fondos de ahorro para el retiro para apoyar más a la actividad productiva, principalmente mediante asociación con la banca de desarrollo, mejorando así los rendimientos de los fondos y el crédito a la inversión productiva.

Puesto que los flujos de inversión extranjera de cartera (IEC) no están relacionados con el crecimiento económico; y sí representan un alto riesgo por eventuales salidas masivas de capitales especulativos, proponemos someter la IEC a regulaciones prudenciales, que incluyan impuestos sobre flujos.

Finalmente, puesto que la inversión extranjera directa (IED) ingresada a México durante las tres últimas décadas se ha orientado básicamente a la compra de activos nacionales ya existentes, proponemos una política de IED similar a la aplicada por las economías emergentes más exitosas del planeta, condicionando el ingreso de IED a la transferencia de tecnología, a la capacitación de trabajadores nacionales y a la formación de cadenas de proveeduría internas, como parte de la estrategia nacional de industrialización.

V CÓMO LOGRAR UNA INSERCIÓN EFICIENTE Y DIGNA DE MÉXICO EN LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN

México debe cambiar sustancialmente su actitud frente a los procesos de globalización, en virtud de que éstos no generan espontáneamente —es decir, por la simple acción de la “mano invisible del mercado”— un proceso de convergencia económica, sino un ensanchamiento de las desigualdades entre países pobres y ricos y entre estratos sociales perdedores y ganadores dentro de cada país. En vez de un estilo pasivo de inserción en la globalización, a través de la liberalización económica a ultranza y de la reducción de las funciones del Estado en la promoción activa del desarrollo, México debe redefinir internamente, mediante políticas económicas y sociales activas, su propio estilo de desarrollo económico e inserción eficiente y digna en la economía mundial.

Además, como promotor resuelto de una globalización incluyente y equitativa, México debe impulsar la reforma de las instituciones de manejo de la economía mundial (FMI, Banco Mundial, OMC, etc.). No sólo se requiere continuar la tarea de rediseñar la arquitectura del sistema financiero internacional; también es necesario reformar y desarrollar otros arreglos institucionales en materia de comercio, migración internacional y derechos de los migrantes, propiedad intelectual y difusión de tecnologías, seguridad alimentaria, sustentabilidad y desarrollo ambiental, etcétera, a fin de arribar a una gestión global de carácter democrático, que atienda el crecimiento económico general y el reparto equitativo de sus beneficios.

Desde luego, dada la dimensión y complejidad de estas reformas en la gobernanza de la economía global, su cristalización plena no se vislumbra cercana. Por eso, la clave del éxito consiste en poner el mayor énfasis en un camino propio hacia la prosperidad, como los que han configurado a fuerza de audacia e iniciativa histórica los paradigmáticos países emergentes y de nueva industrialización, que han diseñado endógenamente e instrumentado soberanamente sus estrategias de desarrollo.

México debe redefinir su geoestrategia de inserción en los procesos de regionalización. Después de la adhesión de México al GATT (hoy OMC), el gobierno mexicano emprendió una carrera negociadora de tratados de libre comercio, comenzando por el TLCAN, hasta colocar a México en 2008 como país líder del mundo en tratados de libre comercio. Pero esto no trajo consigo mayor desarrollo económico, sino lo contrario: en 1990 México ocupaba el lugar 45 entre 189 países del mundo según su PIB per cápita medido a paridad de poder adquisitivo; en 2013 descendió al lugar 66 entre esos mismos 189 países. La razón es sencilla: ninguna evidencia internacional indica que el libre comercio pueda conducir a un país subdesarrollado (o de desarrollo medio) hacia mayores niveles de desarrollo económico.

En el TLCAN, las fuertes desigualdades iniciales en PIB per cápita entre México, Estados Unidos y Canadá, lejos de reducirse se han agrandado; y sus principales beneficiarios han sido las grandes corporaciones de los tres países, mientras que nuestros pueblos han resultado ser perdedores netos. Por eso proponemos una enmienda del TLCAN con tres componentes: 1) mejorar los acuerdos laborales y ambientales garantizando el cumplimiento de los derechos humanos en estas materias; 2) un acuerdo migratorio que desemboque en el libre flujo de mano de obra; 3) la institución de fondos estructurales y de cohesión social que aseguren el desarrollo incluyente y convergente de nuestros países y regiones subnacionales. (Cabe aclarar, sin embargo, que esta renegociación del TLCAN no es precondición para que nuestro país aplique una nueva estrategia de desarrollo, que puede instrumentarse utilizando los márgenes de maniobra disponibles en el TLCAN).

Los demás tratados de libre comercio firmados por México, incluido el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), han arrojado resultados igualmente decepcionantes para México en términos de crecimiento económico y bienestar para las mayorías nacionales.

Por eso, hay que poner fin a la carrera por firmar tratados de libre comercio. Para empezar, México no debe firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que es promovido principalmente por Estados Unidos y resultaría para México peor que el TLCAN. Precisamente por eso China, India y muchos otros países no participan en el TPP.

Una nueva geoestrategia de inserción en los procesos de regionalización realmente congruente con nuestros intereses nacionales debe orientarse a: 1) potenciar el desarrollo endógeno del país mediante una nueva estrategia de desarrollo; 2) promover el respeto a la soberanía de las naciones, rechazando las condicionalidades; 3) apoyar la multipolaridad en la economía global; 4) participar en procesos de integración basados en la cooperación y la solidaridad. En esta perspectiva, una política de mayor comercio y cooperación para el desarrollo con Asia es algo congruente con el nuevo multipolarismo encabezado por China, y muy recomendable por el gran dinamismo económico y financiero de esa región. Además, hay que voltear hacia nuestra América Latina y ―a la luz de los nuevos esquemas de cooperación económica y financiera que están desarrollándose en la UNASUR y la ALBA-TCP― valorar la viabilidad de una integración regional basada en la cooperación y la solidaridad, que podría convertirse en vía ancha para que nuestra Patria Grande cruce unida los umbrales del desarrollo.

VI CÓMO RESTABLECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Proponemos una política de Estado democrática en seguridad pública que tenga los siguientes cursos de acción: 1) golpes sistemáticos al nervio financiero y patrimonial del crimen organizado; coordinación eficaz de los órganos de inteligencia financiera para desmantelar empresas criminales y firmas legales ligadas a ellas; 2) generación masiva de empleos permanentes y bien remunerados, sobre todo para los jóvenes y combate estructural a la enorme pobreza y desigualdad; 3) en lugar de mayor gasto en seguridad pública hay que gastar más y mejor en educación, investigación, prevención de consumo de drogas y tratamiento de adictos; 4) programas de fortalecimiento de la cohesión social, apoyo a la “economía del cuidado” en las familias, participación ciudadana y social libre, informada y crítica en la seguridad pública, regulando y apoyando a las policías de barrio y comunitarias; 5) investigación y castigo a todo acto de corrupción para terminar con el alto porcentaje de impunidad de funcionarios y cuerpos del orden coludidos con el crimen organizado, así como para evitar la penetración de dinero del crimen en las campañas electorales; 6) regreso del Ejército a los cuarteles, revertir modificaciones legales que propician un Estado policíaco, focalizar acciones represivas en las organizaciones criminales violentas; 7) fomentar entre los campesinos programas de desarrollo alternativos al cultivo de enervantes, y ensayar modelos regulatorios para la despenalización de cada droga, como ocurre en varias entidades de Estados Unidos con la mariguana; 8) fomentar la participación de la sociedad civil en acciones de seguridad pública y en programas de contraloría social de las instituciones de administración de la justicia.

Nuestra propuesta de seguridad pública se inserta en el concepto de seguridad humana ―hacia el cual confluyen todas las propuestas contenidas en este documento―, entendida como la ausencia de amenazas y miedos que se logra mediante el pleno ejercicio de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) que otorgan certeza a la opción de vivir con dignidad, justicia y libertad.

En materia de rendición de cuentas, trasparencia y acceso a la información proponemos acelerar los procesos de institucionalización y aplicación de los avances legislativos que ha habido en estos temas. Para ello hacemos nuestras las demandas resumidas por treinta organizaciones de la sociedad civil (Alianza Cívica, Centro Prodh y Fundar, entre otras) en el documento “La Sociedad Responde”: 1) aprobar los marcos normativos pendientes en materia de transparencia, archivos y datos personales y asegurar suficiencia presupuestaria para su implementación; 2) realizar una investigación independiente, del conflicto de interés del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público; 3) cumplir con el proceso de homologación contable en las entidades federativas; 4) difundir versiones públicas de declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos; 5) cumplir con los compromisos pendientes asumidos por el gobierno federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA); 6) transparentar y regular los gastos en publicidad oficial de los tres ámbitos de gobierno para impedir la censura sutil o indirecta. Además, respecto al Sistema Nacional Anticorrupción recién aprobado por el Congreso proponemos que la siguiente legislatura introduzca estas correcciones: 1) es preciso poner fin a la anacrónica figura del fuero político para los servidores públicos electos que se ha convertido en la garantía de impunidad utilizada por la clase política de nuestro país: mientras el fuero se mantenga no se podrá romper el círculo vicioso de corrupción e impunidad; 2) establecer la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimonial y de intereses de los funcionarios públicos electos y designados.

VII HACER REALIDAD EL ESTADO DE DERECHO Y CONSTRUIR LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

Hacer realidad el estado de derecho. México es parte de los pactos internacionales sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y ha suscrito y ratificado todas las convenciones que se han construido sobre estas materias en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero, sobre todo, México es uno de los países que ha incorporado a su derecho interno ―en nuestra Constitución― los más importantes compromisos a favor de los derechos fundamentales.

Sin embargo, el México real dista enormemente de calificar como estado de derecho. No obstante que ha ganado autonomía, el Poder Judicial de la Federación no ha mejorado sus métodos para la impartición de justicia y los ejecutivos federal, estatales y municipales no cumplen eficazmente sus responsabilidades en materia de persecución del delito, todo lo cual da por resultado un estado generalizado de impunidad, que frecuentemente tiene como origen la corrupción que ha penetrado en los tres poderes de la unión y en los tres niveles de gobierno.

¡¡Sí se puede escapar del trinomio perverso de indolencia, corrupción e impunidad!! Profundas crisis nacionales como la que hoy padece México han obligado a muchos países a realizar grandes reformas que los han transformado en ejemplares naciones democráticas con robustos estados de derecho.

Ningún país vino al mundo libre de corrupción y con instituciones públicas eficientes y democráticas. Todavía en el siglo XVIII todas las naciones-estado de Europa eran gobernadas por funcionarios ineficientes y corruptos que hacían fortunas al amparo del poder público (mediante el cohecho, los contratos con “moche” y el robo del erario público). Pero en el curso del siglo XIX lograron establecer instituciones públicas eficientes, funcionales y democráticas. Lo mismo han hecho los países de nueva industrialización, que transitaron de sistemas políticos corruptos y basados en el clientelismo, a sistemas políticos eficientes y democráticos. Por eso proponemos:

Construir la democracia en México, cuyas instituciones y prácticas fundamentales son: en primer lugar, la realización de elecciones verdaderamente libres, equitativas y transparentes —como institución nodal de la democracia representativa— que permite el arbitraje directo de los electores sobre la eficacia de los programas de gobierno y la eficiencia de los servidores públicos; en segundo lugar, establecer un verdadero servicio civil de carrera, cuyos rasgos fundamentales son: un sistema transparente de acceso a los cargos públicos basado en la calificación profesional (mediante concursos abiertos) y no en el favoritismo, un régimen de ascensos dentro de la estructura jerárquica basado también en los méritos, y una remuneración suficiente (pero no excesiva) correspondiente a la calificación profesional; en tercer lugar, la experiencia internacional indica que la eficiencia del Estado resulta mayor cuanto más efectivo es el sistema de pesos y contrapesos, cuyo componente primordial estriba en la auténtica separación de los poderes (legislativo, judicial y ejecutivo); en cuarto lugar, un sistema efectivo de rendición de cuentas, transparencia y auditoria social en todos los ámbitos de gobierno es crucial para asegurar la probidad de los funcionarios y la erradicación de la corrupción y la impunidad; en quinto lugar, la existencia de medios masivos de comunicación independientes, plurales y en auténtico régimen de libre competencia ―versus las estructuras mediáticas duopólicas u oligopólicas― contribuye de manera relevante a la vigilancia de los poderes del Estado; en sexto lugar, la gestión autónoma y democrática de los asuntos locales —por los gobiernos estatales y municipales— eleva la eficiencia general del sistema; en séptimo lugar, las instituciones funcionan mejor cuanto más amplios son los cauces de expresión y participación directa de la ciudadanía en las decisiones públicas (referéndums, iniciativas ciudadanas, etc). Tratándose de programas específicos o comunitarios, se consigue mayor eficiencia mediante la participación directa de los beneficiarios en su definición, ejecución y supervisión (consejos gestores, presupuestos participativos, etc).

VIII ¡¡ SI SE PUEDE!! CAMINOS AL DESARROLLO Y AL ESTADO DE BIENESTAR

Subir por la escalera. Todos los países hoy desarrollados ―comenzando por Inglaterra, y posteriormente Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera― basaron sus estrategias de industrialización en la protección de sus mercados internos y en robustas políticas industriales y de innovación. Pero después de que cada uno de ellos alcanzó la cumbre de la industrialización, predicó el fundamentalismo de mercado (la fe ciega en el libre comercio y en la mano invisible del mercado para asignar eficientemente los recursos), intentando así “retirar la escalera por la cual había trepado para impedir a otros trepar tras él” (F. List, economista alemán). No obstante, los países que se han industrializado después (Corea del Sur, Taiwán, etcétera) no hicieron caso a las prédicas del fundamentalismo de mercado y subieron por la misma escalera del comercio administrado y de las políticas industriales y de innovación. Más recientemente, las exitosas economías emergentes (China, India, etc.) tampoco han asumido la ideología de la infalible mano invisible del mercado, sino que han aplicado políticas comerciales, industriales y de innovación orientadas a la generación de capacidades competitivas, utilizando la misma escalera que conduce al desarrollo. La opción de México es obvia.

Romper nuestra trampa de inequidad. La existencia de un sistema incapaz de reducir la pobreza y la desigualdad se perpetúa por la desigualdad de representación política que conduce al establecimiento de instituciones que favorecen sistemáticamente a quienes más tienen. Sin embargo, la historia universal muestra que es factible romper estos círculos viciosos de desigualdad mediante la construcción de amplias coaliciones de fuerzas sociales y políticas. Por ejemplo, hasta comienzos del siglo XX los países europeos hoy desarrollados tenían elevados niveles de desigualdad, pero en el transcurso de dos décadas lograron reducir drásticamente la desigualdad mediante el establecimiento de generosos estados de bienestar basados en impuestos progresivos sobre el ingreso, que fueron promovidos por una oleada de alianzas de fuerzas políticas y sociales comprometidas con el desarrollo incluyente y la democracia de calidad. Todavía en 1960, cuando estos países habían ya consolidado sus estados de bienestar, su PIB per cápita medido en dólares constantes de 1990 corregidos a paridad de poder adquisitivo (PPA) era similar al que México tiene ahora (el de Finlandia era de 6,230 dólares PPA de 1990; el de Francia, de 7,398; el de Alemania, de 7,705; el del Reino Unido, de 8,645; mientras que el PIB per cápita de México en 2008 fue de 7,979 dólares PPA de 1990), pero al romper sus trampas de inequidad esos países abrieron los cauces de un desarrollo económico más acelerado mediante un mercado interno muy dinámico, una población con mayor escolaridad, más saludable y socialmente cohesionada. Lo mismo han hecho los demás países hoy desarrollados, incluidos los de nueva industrialización, como Corea del Sur que logró romper su trampa de inequidad a través de una singular coalición de fuerzas políticas y sociales pro-bienestar que se montó en la ola de la democratización.

Transitar a una estrategia posneoliberal de desarrollo. En nuestra propia América Latina está comprobado que sí se puede. Por ejemplo, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia de Argentina impulsado por una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales, encontró a su país hundido en una profunda crisis: el PIB había caído 16.5% en 2002, la deuda externa representaba el 152.7% del PIB; la pobreza había saltado del 23.7% en 1999 al 45.4% en 2002; etcétera. Pero Argentina se levantó como por arte de magia mediante dos decisiones soberanas impulsadas por la coalición encabezada por Kirchner: 1) salvar al país primero y después servir la deuda externa, previa renegociación; 2) pasar a una estrategia económica posneoliberal, que incluyó un amplio programa de obras públicas, una política de tipo de cambio real competitivo, la conversión del mercado interno en motor del desarrollo vía aumento del empleo genuino y del salario real, un significativo incremento del gasto social, y un presupuesto estructuralmente equilibrado mediante el aumento de la recaudación “allí donde hay real capacidad contributiva”. Con esta estrategia el PIB argentino, medido en dólares constantes corregidos a paridad de poder adquisitivo (PPA), creció a tasa media de 5.7% anual durante el periodo 2003-2014, y el PIB per cápita creció a una tasa de 4.5% anual, con un crecimiento acumulado per cápita de 68.9% en dicho lapso; los salarios mínimos reales (medidos en dólares constantes PPA, de acuerdo con cifras de la OIT), aumentaron 237.6% durante el periodo 2003-2013, y los salarios medios reales subieron 104%; la pobreza (según cifras de CEPAL) disminuyó del 45.4% de la población en 2002, al 4.7% en 2013, y la indigencia se redujo del 20.9% en 2002 al 1.4%. Fue el premio a la soberanía económica, a la audacia y la iniciativa histórica.

Poco después de iniciada la experiencia argentina, una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales llevó a la presidencia de Uruguay a Tabaré Vázquez en 2005, quien fue sucedido en 2010 por José Mujica y éste nuevamente por Tabaré en 2015. En sus primeros diez años de gobierno posneoliberal, el PIB de Uruguay creció a una tasa media del 5.4% anual, y el PIB per cápita creció a una tasa de 5.1% anual, con un crecimiento acumulado per cápita de 64% en el periodo 2005-2014; los salarios mínimos reales (medidos en dólares constantes PPA, de acuerdo con la OIT) crecieron 230.8% durante el periodo 2005-2013, y los salarios medios reales crecieron 56.5%; la pobreza se redujo del 39.9% de la población en 2004, al 11.5% en 2013; y la indigencia disminuyó del 4.7% a 0.9%. Durante esta misma década, amplias coaliciones de fuerzas sociales y políticas con programas posneoliberales de desarrollo han triunfado también en Bolivia, Ecuador, Chile y otros países de América Latina, reconfirmando que ¡¡sí se puede!!

Este es nuestro reto: reconstruir conscientemente la autoestima del pueblo mexicano, la confianza en nosotros mismos, la seguridad plena de que podemos forjar un futuro mejor mediante una amplia coalición de fuerzas sociales y políticas para la reconstrucción de nuestra nación.

Firmantes: John Ackerman (UNAM), Genaro Aguilar (IPN), Luis Aguirre Villaseñor (UAAAN), Sergio Aguayo Quezada (COLMEX), Adolfo Álvarez Macías (UAM-X), Nora C. Ampudia (U. Panamericana), Ana María Aragonés (UNAM), Luis Alejandro Astorga (UNAM), Marcela Astudillo Moya (UNAM), Abelardo Ávila Curiel (INCMN), Patricia Ávila García (UNAM), Alberto Aziz Nassif (CIESAS), Oscar Báez Soto (INACIPE), Carlos Barba (UDG), Hilario Barcelata (UV), Gerardo Bazán (UNAM), Graciela Bensusán (UAM), Ilán Bizberg (COLMEX), Guillermo Boils (UNAM), Julio Boltvinik (COLMEX), Alfonso Bouzas (UNAM), José Luis Caballero Ochoa (UIA), Luis Fernando Cabrera (UQROO), José Luis Calva (UNAM), Manuel Canto Chac (UAM), Jesús Cantú Escalante (ITESM), Mario Capdevielle (UAM-X), María Elena Cardero (UNAM), Mónica Casalet Ravenna (FLACSO), Juan Castaingts Teillery (UAM-I), Carola Conde Bonfil (UAM), María Martha Collignon-Goribar (ITESO), Romer Cornejo (COLMEX), Leonel Corona Treviño (UNAM), René Coulomb (UAM), José Antonio Crespo (CIDE), Moritz Alberto Cruz (UNAM), Fortunato Cuamatzin (BUAP), Gonzalo Chapela (UACH), José Luis de la Cruz (ITESM), Orlando Delgado Selley (UACM), Enrique de la Garza (UAM), Guillermo de la Peña (CIESAS), Axel Didriksson (UNAM), Enrique Dussel Peters (UNAM), Gabriela Dutrénit (UAM-X), Roberto Eibenschutz (UAM), Carlos Encinas Ferrer (UdelaSalle), Mildred Espíndola (UNAM), Alejandro Espinosa (INIFAP), José Luis Estrada (UAM), Enrique G. Gallegos (UAM), Mónica Gambrill (UNAM), Alba Gámez Vázquez (UABCS), Rodolfo García del Castillo (CIDE), Carlos Gay (UNAM), Antonio Gazól (UNAM), Gabriel Gómez Ochoa (UNAM), Laura Gómez Tovar (UACH), Arturo Guillén Romo (UAM-I), Héctor Guillén Romo (U. Paris), Carlota Guzmán Gómez (CRIM-UNAM), Oscar Misael Hernández (COLEF), Plinio Hernández Barriga (UMICH), María del Carmen Hernández Moreno (CIAD), Luis Alfonso Herrera (UACJ), Gerardo Huber Bernal (UABC), Alfonso Iracheta (CMQ), Jorge Marcial Islas Samperio (UNAM), Antonina Ivanova (UABCS), Raúl Jiménez Guillén (UATx), René Jiménez Ornelas (UNAM), Omar Jiménez Sandoval (ITESM), Gloria de la Luz Juárez (UAM), Armando Kuri Gaytán (UNAM), Blanca Esthela Lara Enríquez (COLSON), Jesús Lechuga Montenegro (UAM), Carlos Lemus (CRIM-UNAM), Noemí Levy Orlik (UNAM), Teresa S. López (UNAM), Jorge López Arévalo (UNACH), Gerardo López Cervantes (UAS), Julio López Gallardo (UNAM), Emilio López Gámez (UAM), Ignacio Llamas Huitrón (UAM), Jesús Manuel Macías (CIESAS), Guadalupe Mántey (UNAM), María Irma Manrique Campos (UNAM), Carlos Marichal (COLMEX), Héctor Marín (UJED), Manuel Martín Castillo (UADY), María Antonieta Martín Granados (UNAM), Rogelio Martínez Aguilar (UIA), René D. Martínez B. (UNAM), Regina Martínez Casas (CIESAS), David Martínez Mendizabal (UIA León), Yolanda Massieu Trigo (UAM), Adolfo Mejía Ponce de León (IPN), Mónica Mimbrera (UNAM), Georgel Moctezuma López (INIFAP), Raúl Molina Salazar (UAM), José A. Moreno Mena (UABC), César Lenin Navarro (UMICH), Emma Liliana Navarrete (CQM), Alberto Olvera (UV), Gerardo Ordóñez (COLEF), Luis Ángel Ortiz Palacios (UNAM), Javier Orozco Alvarado (UDG), Úrsula Oswald (UNAM), Pedro José Peñaloza (UNAM), Mario Iván Patiño Rodríguez Malpica (UIA-León), Ruperto Patiño Manffer (UNAM), Enrique Pino Hidalgo (UAM), Rosa María Piñón Antillón (UNAM), Leobardo Plata Pérez (UASLP), Emilio Pradilla Cobos (UAM), Jaime Antonio Preciado (UDG), Enrique Provencio (UNAM), Luis Quintana (UNAM), Víctor M. Quintana (UACJ), Blanca Rebeca Ramírez (UAM), Eduardo Ramírez Cedillo (UNAM), Gerardo Reyes Guzmán (UIA), Isabel Reyes Lagunes (UNAM), Héctor Robles Berlanga (UAM), Hipólito Rodríguez (CIESAS), Víctor Rodríguez Padilla (UNAM), Ximena Roncal Vattuone (BUAP), Carlos Rozo (UAM), César Salazar (UNAM), Jorge Alonso Sánchez (CIESAS), Adolfo Sánchez Almanza (UNAM), Alejandro Sánchez Vélez (UACH), Pablo Sandoval Cabrera (UDG), José Antonio Serratos Hernández (UACM), Marisol Silva Laya (UIA), Aníbal Terrones Cordero (UAEH), Darcy Tetreault Webber (UAZ), Felipe Torres Torres (UNAM), Juan de Dios Trujillo (UAS), Antonio Turrent (INIFAP), Manuel Ulloa Herrero (UNAM), Maritza Urteaga (INAH), Carlos Uscanga (UNAM), Enrique Valencia Lomelí (UDG), Daniel Villafuerte (UNICACH), Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinoza (UAS)… Se recibirán más firmas.

Comisión Redactora: Abelardo Ávila Curiel (INCMN), Alberto Aziz Nassif (CIESAS), Carlos Barba (UDG), Hilario Barcelata (UV), Julio Boltvinik (COLMEX), José Luis Calva (UNAM), Manuel Canto Chac (UAM-X), Orlando Delgado Selley (UACM), Rodolfo García Zamora (UAZ), Gabriel Gómez Ochoa (UNAM), Alfonso Iracheta (CMQ), Omar Jiménez Sandoval (ITESM), Armando Kuri Gaytán (UNAM), Carlos Lemus (CRIM-UNAM), Carlos Marichal (COLMEX), Mónica Mimbrera (UNAM), Alberto Olvera (UV), Ruperto Patiño Manffer (UNAM), Enrique Pino Hidalgo (UAM-I), Enrique Provencio (UNAM), Víctor M. Quintana (UACJ), Víctor Rodríguez Padilla (UNAM), César Salazar (UNAM), Pablo Sandoval Cabrera (UDG), Marisol Silva Laya (UIA), Juan de Dios Trujillo (UAS), Antonio Turrent (INIFAP), Enrique Valencia Lomelí (UDG). Coordinador: José Luis Calva (UNAM)

NOTAS

* El Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo fue fundado en noviembre de 2010 con tres objetivos:

“Primero: conjuntar nuestros esfuerzos para formular desde una perspectiva universitaria un sistema integral de propuestas viables de políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático.

“Segundo: contribuir de manera organizada a la formación de la conciencia ciudadana sobre la apremiante necesidad de que nuestro país adopte una nueva estrategia de desarrollo.

“Tercero: contribuir a enriquecer el contenido y a elevar la calidad del debate político y social sobre los grandes problemas nacionales.

“Estos objetivos los realizaremos con espíritu de servicio a la nación y visión de Estado, con plena independencia respecto a los partidos políticos.” (Véase www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx)

** Las propuestas que presentamos en este documento se basan principalmente en los trabajos de investigación que realizamos en cumplimiento del primero de nuestros objetivos y que publicamos en la colección de libros de Análisis Estratégico para el Desarrollo, con Juan Pablos Editor. Los títulos de estos libros son: 1. Crisis económica mundial y futuro de la globalización; 2. Estrategias económicas exitosas en Asia y América Latina; 3. Mercados e inserción de México en el mundo; 4. Políticas macroeconómicas para el crecimiento sostenido; 5. Reforma fiscal integral; 6. Sistema financiero para el desarrollo; 7. Nueva estrategia de industrialización; 8. Crisis energética mundial y futuro de la energía en México; 9.Políticas agropecuarias, forestales y pesqueras; 10. Políticas de educación, ciencia, tecnología y competitividad; 11.Empleo digno, distribución del ingreso y bienestar; 12. Derechos sociales y desarrollo incluyente; 13. Desarrollo regional y urbano; 14. Cambio climático y políticas de desarrollo sustentable; 15. La agenda de la democracia en México; 16. ¡Si se puede! Caminos al desarrollo con equidad; 17. Seguridad pública, derechos humanos y cohesión social; 18. Los jóvenes de hoy: presente y futuro.