La reforma energética abrió las puertas a empresas transnacionales que han devastado territorios en diversas partes del mundo con sus actividades extractivistas. En México, la búsqueda de gas de esquisto ha despojado a indígenas y campesinos de sus tierras y continuará saqueando nuestro territorio.
Por Edith Peredo
Regeneración, 3 de julio de 2016.- Como resultado de un proyecto colaborativo entre el equipo de investigación del Environmental Justice Atlas (EJAtlas), la Universidad de Barcelona, Centro de Documentación sobre Conflictos Ambientales de Italia y la Unión de Afectados por Texaco en Ecuador (UDAPT), se elaboró un mapa que presenta más de 30 casos de conflictos a nivel mundial con la petrolera Chevron, esto, con el objetivo de dar a conocer tanto los conflictos resultantes de las actividades extractivas como las resistencias y luchas de los pueblos.
“La petrolera estadounidense Chevron Corporation es un ejemplo emblemático de una transnacional que viola los derechos de los poblaciones en sus tierras y utiliza la estructura de impunidad corporativa mundial para no asumir sus responsabilidades para los daños causados”, versa en el sitio web del EJAtlas.
Además, hace referencia al estudio publicado en Climatic Change, donde se informa que Chevron es la compañía que más ha contaminado al planeta con emisiones de dióxido de carbono por al menos 150 años.
El principio internacional “quien contamina paga”, mismo que en México intentó adoptar el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en su campaña mediática para ganar adeptos, no ha sido cumplido ni en nuestro país ni en las otras partes del mundo donde Chevron ha evadido cualquier tipo de apercibimiento por daños ambientales.
“Por el contrario, se ha podido apreciar, una vez más, la gran impunidad de la que disponen estas grandes empresas transnacionales”.
Los casos que presenta el mapa resultante del proyecto, exponen características comunes en varios países y no “casos aislados”. Queda claro que las casualidades forman parte de la “práctica sistemática” de la transnacional.
La empresa responsable del derrame de litros y litros de petróleo en el mar del campo Frade en Brasil al noreste de Río de Janeiro y de intoxicación crónica de niños de una escuela cerca del campo Karachaganak en Kazakhstan, apuesta por proyectos situados en parajes naturales con gran biodiversidad como el Amazonas, las Montañas Rocosas, Islas de San Andrés y el río Níger.
Asimismo, existen evidencias con bases científicas que hablan de los efectos en la salud de la población a causa de las actividades extractivas o de exploración realizadas por la empresa estadounidense.
“En algunos casos los índices de cáncer se han visto aumentados así como otras afecciones como la malnutrición, los casos de depresión y enfermedad mental u otros que son consecuencia de la violencia como los asesinatos o violaciones. Y no solamente afecta a la salud humana sino también a la flora y a fauna del lugar”.
También, las actividades de Chevron y las transnacionales que proyectan en territorios de diversos países, también afectan el aspecto económico y cultural, pues lo sitios más impactados han sido poblaciones locales con escasos recursos y cuya supervivencia depende en gran medida de la agricultura, pesca y comercio local, todos ellos destruidos por las compañías que tienen el permiso total de los Estados para desarrollar sus acciones en completa opacidad, sin tener que pagar por los daños ocasionados y sin informar primeramente a la población cuál o cuáles serán los impactos que ocasionarán sus actividades dentro de un territorio determinado.
A los demás problemas, se suma la criminalización de las víctimas y las constantes violaciones a los derechos humanos que “forman parte de una estrategia para desacreditar aquellos que defienden su territorio. De esta forma Chevron pretende ganarse su impunidad a costa de la violación masiva de derechos humanos”.
El proyecto realizado por EJAtlas destaca las acciones emprendidas por los afectados y las resistencias que se han formado en varias partes del mundo para movilizarse y luchar por sus tierras. Destaca la creación de plataformas de afectados para intercambiar experiencias, campañas globales, bloqueos de carreteras, entre otras.
“La población rechaza la imposición de la extracción de combustibles fósiles como única vía al desarrollo, piden que éstos se dejen en el subsuelo y lanzan un llamado a otro tipo de bien-estar y buen-vivir, fuera del extractivismo”.
En el caso específico de México, el mapa señala la resistencia contra el fracking o fractura hidráulica en Chihuahua, sitio donde Petróleos Mexicanos (PEMEX) comenzó con el proceso de exploración para la producción de gas de esquisto a partir del 2010 y donde se abre la entrada, gracias a la Reforma Energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, a las empresas transnacionales como Chevron, Shell, Schlumberger y Halliburton para que exploren y utilicen y devasten territorio mexicano.
“Con un estimado de 600 billones de pies cúbicos de gas de esquisto recuperable y 13 millones de barriles de petróleo de esquisto recuperable, México es uno de los seis países que representan casi dos tercios del gas de esquisto recuperable en el mundo, y Chihuahua es uno de los cuatro estados del norte con reservas accesibles”.
César Duarte, todavía gobernador de Chihuahua, apoya la fractura hidráulica y asegura que traerá “recursos que apoyarán el desarrollo económico y social del estado”. Sin embargo, muchos otros personajes importantes se han pronunciado en contra de esta práctica y ciudadanos y académicos agrupados en la Alianza Mexicana contra el Fracking apuesta por la investigación permanente y la cancelación de este tipo de proyectos que, como se ha demostrado en diversos estudios recientes, afecta al medioambiente y por consecuente, la vida de los seres humanos.
Los proyectos de exploración y extracción no solo están planeados para ejecutarse en Chihuahua, también en Monterrey, Tampico, Veracruz, con posibilidad de extenderse a Chiapas, Coahuila y San Luis Potosí.
“México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica con base en el principio precautorio, tal como lo han hecho Francia y Bulgaria y numerosos gobiernos regionales y locales alrededor del mundo. Las entidades públicas deben asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos y en específico el de los pueblos indígenas y campesinos al manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales. El Estado debe garantizar el derecho humano al agua tal como lo establece el artículo 4° constitucional y debe garantizar el derecho al medio ambiente sano, el cual es también reconocido por nuestra Constitución”, demanda la Alianza Mexicana contra el Fracking.