Casos como Ayotzinapa, La Casa Blanca, Oceanografíay OHL, en los que se culpa a ex gobernadores, hicieron imposible que las reformas constitucionales anticorrupción tuvieran un efecto positivo.
Regeneración 27 de enero del 2016.- México se encuentra en el último lugar en corrupción de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La información fue difundida en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, publicado el miércoles 27 de enero por Transparencia Internacional y Transparencia mexicana.
En una escala de cero a 100, donde cero es la calificación más alta, México obtuvo 35 puntos, sin cambios en comparación con los resultados del 2014.
Según el estudio, casos como Ayotzinapa, La Casa Blanca, Oceanografíay OHL, en los que se culpa a ex gobernadores, hicieron imposible que las reformas constitucionales anticorrupción tuvieran un efecto positivo.
Por otro lado, si se confronta la calificación de México con la de los países que integran el G-20, se puede observar que nuestro país está sólo por encima de Argentina y Rusia.
“La corrupción es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo para el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo: salud, educación, seguridad y justicia”, dice un comunicado conjunto de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.
“El control de la corrupción debe ser parte de una estrategia para reducir la desigualdad en el país y propiciar el crecimiento económico.
Como parte de las recomendaciones que se hicieron a México para reducir los niveles de corrupción e impunidad, están:
- Avanzar una agenda legislativa contra la corrupción que vaya más allá de las 2 leyes generales.
- Prestar especial atención a las leyes vinculadas con la contratación pública, como la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”. que actualmente se discute en el Poder Legislativo.
- Incorporar en la legislación secundaria indicadores que midan el desempeño e impacto del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Aplicar con efectividad tanto la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” como la “Ley Federal de Extinción de Dominio” para desmantelar redes de corrupción.
- La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar seguimiento puntual y prioritario a las recomendaciones entregadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de procedimientos penales en contra de funcionarios públicos que han hecho un uso ilícito de recursos públicos.
- El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en el sistema anticorrupción, implementando medidas que garanticen la independencia de jueces y que reduzcan el riesgo de corrupción al interior de este poder del Estado.
- Incorporar planes y acciones anticorrupción en las empresas nacionales y extranjeras que son proveedoras del Estado.
Fuente: Animal Político