Según un informe de Amnistía Internacional, México ha deportado a centroamericanos para apoyar las políticas migratorias el país del norte, lo que ha provocado crisis de derechos humanos.
Regeneración, 22 de febrero de 2017.- Según el Informe Anual de Amnistía Internacional, en 2016 hubo un aceleramiento de la crisis de los derechos humanos en México, sobre todo en materia de migración.
El documento, presentado en conferencia de prensa por Erika Guevara-Rosas, indica que se registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como las violentas estrategias de represión en la región.
Siendo una de las principales crisis de derechos humanos las que padecen los inmigrantes, pues debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos, se calcula que cada año unas 400 mil personas indocumentadas cruzan la frontera sur de México.
El documento detalla que hasta octubre de 2016 se habían presentado 6 mil 898 solicitudes de asilo, pero solo se les concedió la condición de refugiados a 2 mil 162 personas; el 93 por ciento de las solicitudes provenían de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala.
“México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio y se ha convertido en el país que hace el trabajo sucio de los estadounidenses, porque tiene el mayor número de deportaciones en los últimos dos años: solo en 2016 devolvió a cerca de 150 mil ciudadanos a Guatemala, Honduras y El Salvador”, señala Guevara-Rosas.
En este sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, explicó que además “hay una crisis de solicitantes de refugio y migrantes que transitan por el territorio mexicano que no solo buscan irse a Estados Unidos, sino que también quieren quedarse en México debido a la violencia de Centroamérica”.
Pero no todo tiene que ver con la migración, pues ya que dentro del país, los aparatos de justicia y la manera en que se utilizan también provocan la falta de seguridad.
“Con frecuencia, los Estados hicieron un uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía, y aplastarlos de modo implacable”, señala el informe.
“Las acciones violentas de los organismos de seguridad y la falta de una respuesta eficaz de las autoridades para hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, cada vez complejiza más las estrategias estatales para atender a los problemas sociales”.
El informe destaca el caso de México como uno de los más graves y señala que “la impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta”; y es que la procuraduría del país informó que se estaban revisando 4 mil 715 expedientes de investigación por este tipo de abusos, pero había más de 3 mil peticiones pendientes de tramitación.
En territorio mexicano, el documento registró los casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Tanhuato, Tlatlaya, Atenco y Apatzingán en los que las investigaciones no han servido para aclarar los hechos. Y pone un énfasis especial en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el enfrentamiento entre el gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que “confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible”.
Para Guevara-Rosas es evidente que el gobierno no tuvo la voluntad política necesaria para llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias: “Se trata de un presidente sumido en escándalos de corrupción, se trata del gobernador de un estado como Veracruz que huye en medio de escándalos y la gente siente que no hay justicia para las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en todo el país”.
El informe señala que, según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29 mil 917 personas desaparecidas (22 mil 414 hombres y 7503 mujeres), y registra además el asesinato de 11 periodistas.
Reneaum Panszi explicó que al revisar las cifras de desaparecidos y homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, así como las violaciones a la libertad de reunión, surge un hilo conductor en todas las situaciones: “Vemos la omisión del Estado al momento de cuidar a sus ciudadanos. Todos los apartados nos muestran una falencia del gobierno por establecer un entorno seguro y digno donde las personas puedan sentirse tranquilas en el ejercicio de la ciudadanía”.