Más de cuatro décadas en busca de las y los desaparecidos por el Estado
Regeneración, 26 de mayo del 2015. (Sididh)En medio de los intentos oficiales por limitar el acceso a los archivos de la Guerra Sucia, de las observaciones de organismos internacionales sobre las desapariciones generalizadas en México, y con un número creciente de personas en paradero desconocido presuntamente con responsabilidad del Estado, se conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
En México, las actividades de las organizaciones sociales –como las que realizará el Museo de la Memoria Indómita- coinciden con los ochos meses de detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Guerrero, estado donde también se dio la primera desaparición forzada de que se tenga registro en nuestro país.
La primera víctima de este crimen en México fue el profesor Epifanio Avilés Rojas, secuestrado en Coyuca de Catalán, Guerrero, en 1969. “A partir del crimen cometido contra el profesor Avilés, cientos de mexicanos han sido desaparecidos por el Estado Mexicano, sin que a la fecha alguno de los responsables haya sido juzgado. La impunidad imperante se convierte en una garantía para que este crimen de lesa humanidad se siga cometiendo en estos días”, advierte la organización H.I.J.O.S. en su página web.
Diversas organizaciones y expertos han denunciado que la impunidad es el motor para que las desapariciones forzadas se sigan cometiendo a más de cuatro décadas de la primera de ellas.
La falta de voluntad para efectuar investigaciones y esclarecer los hechos del pasado se constata con la información recabada por el Centro Prodh vía IFAI a la Procuraduría General de la República (PGR). Según el documento entregado al Centro Prodh, en la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) se presentaron 570 denuncias y se iniciaron averiguaciones previas por los delitos de abuso de autoridad, tortura, privación ilegal de la libertad, homicidio, violación, allanamiento de morada, desaparición forzada, violación grave a las garantías individuales, genocidio y lesiones. Sin embargo, de éstas ninguna ha derivado en la consignación o apertura de procedimientos penales en contra de algún funcionario.
Recientemente, la Procuraduría General de la República (PGR) desechó 56 por ciento de las 570 averiguaciones previas que dejó en integración la Femospp por la comisión de delitos como desaparición forzada, tortura y homicidio en contra de opositores políticos al gobierno federal durante la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta.
Por otra parte, resulta relevante analizar las partidas presupuestales otorgadas por el gobierno federal a la causa de la justicia transicional. Mientras que la Femospp arrancó con un presupuesto de $5’867,159.18 –alcanzando su nivel más alto en el 2005 al otorgársele un ejercicio fiscal de $14’788,700.01–, para los primeros meses de 2006, último año de gestión de la Femospp, se le habían derogado únicamente $1’096,182.78. Actualmente, tras el cierre de la Femospp, el desdén del gobierno federal se ejemplifica al otorgar para el año 2011 un presupuesto de $442,208.00 para la Coordinación General de Investigación (CGI) de la PGR.
Es necesario recordar que la CGI principalmente se encarga de perseguir delitos patrimoniales cometidos en el ámbito de la federación. El hecho de que en noviembre de 2006, al cierre de la Femospp, las averiguaciones previas fueran trasladadas a esta dependencia carente de capacitación especializada en justicia transicional, ha derivado en la continuación de impunidad para los delitos cometidos por el Estado, han señalado el Centro Prodh y la Fundación Diego Lucero. En este sentido, según la información obtenida por el Centro Prodh, a los funcionarios públicos de la CGI se les han otorgado 14 cursos de capacitación en 2011, sin que siquiera trate de temas de justicia transicional, delitos del pasado, justicia democrática o afines.
En contraste, desde la sociedad civil y los organismos internacionales las iniciativas para localizar a las personas en desaparición y lograr justicia se multiplican: desde H.I.J.O.S. hasta la Comisión de la Verdad en Guerrero, pasando por el Grupos de Expertos de la CIDH.