Por Yolisbeth Ruiz García | Periodistas-es
7 de septiembre de 2014.-Con los últimos desastres naturales ocasionados por derrames de ácido sulfúrico, cianuro y petróleo en distintos ríos del país, se ha puesto en evidencia la clara amenaza que representan las empresas mineras; por esta razón, múltiples grupos activistas defensores del agua, del paisaje y de los derechos indígenas, han puesto en marcha actividades que pretenden denunciar ante los mexicanos y el mundo que la incursión de estas empresas son una amenaza para la vida.
Hace pocos días, la minera Grupo México derramó en el río Sonora (ubicado en el estado del mismo nombre) cerca de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico. Los daños totales aun no se han calculado, pero la vida a lo largo de toda la rivera de este río ya se ve comprometida. Este desastre ecológico dejó sin vida a todas las especies de peces y tortugas que vivían en sus aguas, además de que las comunidades rurales que se beneficiaban por este afluente ya no tienen forma de obtener agua. Se ha restringido el agua en poco más de siete municipios donde viven unas 25.000 personas.
El gobierno mexicano implementó un programa de emergencia coordinado por grupos de protección civil, quienes repartieron 26 litros de agua por familia, dotación insuficiente para abastecer a una familia mientras se “limpia” el río; más aun si se tiene en cuenta que se ignora el tiempo durará esta emergencia.
Ante estos acontecimientos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que Grupo México deberá cubrir una multa de 40.000.000 de pesos (2.362.052.42 euros) y que estará obligado a “reparar el daño”, además de que tendrá que responder las acusaciones que haga la Comisión Nacional del Agua (Conagua) después de que terminen las inspecciones que determinen el daño causado en los afluentes afectados.
Ante esta contingencia el procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez informó de que se hará una revisión de los nueve permisos de impacto ambiental con los que cuenta la minera y que se presentó una denuncia penal “contra quien resulte responsable” la cual podría tener como consecuencia de 1 a 9 años de cárcel.
Grupo México se ha defendido diciendo que el accidente se provocó por las lluvias torrenciales que deñaron la estructura de sus contenedores. En respuesta a esta declaración, Conagua señaló que en sus inspecciones ya encontró la falta de válvulas y represas necesarias para prever este tipo de incidentes.
En este sentido, múltiples asociaciones y el mismo Congreso, solicitaron al gobierno mexicano que se suspendan las concesiones con las que operan las minas de Grupo México, a lo que dicha empresa respondió con un comunicado en el cual afirma que la mina de cobre de Sonora es una “operación minera limpia y eficiente que no había informado de un solo incidente ambiental desde que la Compañía comenzó a operar, hace más de 23 años”.
Cabe señalar que esta misma empresa minera, Grupo México, fue la que en el año 2006 dejó sepultados los 65 cuerpos de los mineros acaecidos en la explosión de la mina Pasta de Conchos. Desde el año 2008 ha recibido varias recomendaciones de distintas asociaciones defensoras de los derechos humanos por distintas razones: no respeta los derechos laborales, no garantiza la vida de sus empleados, han ocultado información a los familiares y se han negado a recuperar los cuerpos de los mineros acaecidos en tan lamentable explosión.
SOS por tierra …
Con este antecedente, diversos grupos de activistas han intensificado sus protestas en contra de las minas.
Del 29 al 31 de agosto pasado, el grupo Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y representantes de distintos países, se reunieron en Olintla Puebla (región de la sierra totonaca cuyos habitantes expulsaron a la empresa minera Grupo México) con el objetivo de organizarse para defender los ríos y los territorios de América Latina que se encuentran amenazados por el establecimiento de minas que atentan contra la ecología y vulneran a las comunidades que dependen del la tierra y el agua de su región.
En esta convención participaron representantes de Guatemala, Colombia, Brasil y Chile, así como la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH Huasteca- Totonacapan) y familiares de los mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, quienes denunciaron que Grupo México, coludido con representantes de gobierno en aquel terrible accidente del 2006 en el cual perdieron la vida 65 mineros. “Ellos, Grupo México y el gobierno fueron los que rechazaron las labores de rescate, lo cual pone en evidencia la falta de compromiso social que este grupo minero tiene con la población” denunciaron.
… y por mar
El pasado sábado 30 de agosto un grupo de kayakistas de Baja California Sur se reunió frente al malecón de la ciudad de La Paz para dibujar en el mar la leyenda ”No a la mina”. En esta protesta se reunieron poco más de 40 kayaks alineados de tal manera que se pudiera leer desde distintas partes de la bahía el rechazo a la mina que pretende establecerse en las faldas de la Sierra La Laguna. Se trata de una cadena montañosa que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera y, por tanto, están protegidas por la Unesco.
Esta misma agrupación lanzó una invitación a todas las personas afines a esta causa para que se unan al SOS humano. La protesta es este 29 de septiembre, se reunirán más de 9000 personas que manifestaran su inconformidad y preocupación por el establecimiento de minas tóxicas cerca del Mar de Cortés.
Armando Sánchez, presidente de la Asociación SOS, declaró que pueden participar todas las personas interesadas; el único requisito es que vayan vestidos de verde y asistan puntuales a las ocho de la mañana a la playa El Tule, situada en Cabo San Lucas.