Por Jenaro Villamil | Homozapping
Regeneración, 12 de noviembre de 2014.-En medio de la crisis social y de seguridad pública detonada en Guerrero, en la entidad vecina de Morelos se detonó esta semana una agria disputa por presuntos nexos entre disputados locales y el crimen organizado, así como la admisión del propio gobernador Graco Ramírez, del PRD, de que empresarios, medios de comunicación y un ex mandatario de otro estado le recomendaron “sentarse a platicar” con dirigentes del narcotráfico.
Un informe de los órganos de inteligencia del gobierno federal y del propio mando único de las policías en Morelos, a cargo de José Alberto Capella Ibarra, señaló a 7 de un total de 30 diputados locales que presuntamente guardan relación con el crimen organizado y otros delitos, entre ellos, Alfonso Miranda Gallegos, legislador del PT y tío de Santiago Mazari Miranda, conocido como El Carrete, del cártel de Los Rojos.
El expediente de Miranda Gallegos lo retrata como una réplica de José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala Guerrero, a quien se le acusa de vínculos con los Guerreros Unidos, que operan también en Morelos y están enfrentados con Los Rojos.
Miranda Gallegos fue alcalde de Amacuzac entre 2009-2012. Los informes, que se filtraron a la prensa local, señalan que en 2010 efectivos del ejército mexicano y de la Policía Federal se enfrentaron con una banda del narcotráfico en ese municipio y dejó un saldo de 3 muertos.
También se acusa a Miranda Gallegos de ser el responsable de la desaparición de Flavia Domínguez Mariche, mujer de 71 años que en 2011 denunció ante la Procuraduría de Justicia de Morelos a Alfonso Miranda y a su hermano Cándido. Esta denuncia derivó en una persecución en contra de Mazari Miranda, líder de Los Rojos, quien se ocultó en casa de Flavia Domínguez, a quien amenazó para que le diera refugio, según el expediente PIO1/569/2012.
Apenas el pasado mes de abril, el diputado local del PT pagó la fianza para liberar al ex policía Pedro Ramos Hernández, detenido por el delito de lesiones dolosas contra un habitante de Amacuzac. El 18 de abril Ramos Hernández fue detenido junto con 23 personas, acusado de cometer varios secuestros en la región sur del estado, incluyendo el de un trabajador del cantautor Joan Sebastián, a quien también se le ha vinculado con el crimen organizad.
El actual alcalde de Amacuzac, Noe Reynoso, responsabilizó a Miranda Gallegos del secuestro de su padre y del homicidio del director de Seguridad Pública del municipio, Justo Buenaventura, asesinado al inicio de la gestión.
El Congreso del Estado ha protegido al diputado local del PT. En septiembre pasado desechó la petición del fiscal Rodrigo Dorantes Salgado para retirarle el fuero constitucional al legislador Miranda Gallegos.
El informe filtrado a la prensa generó la molestia de varios legisladores del Congreso de Morelos, porque se mencionaba a otros diputados como el panista Javier Bolaños Aguilar, colaborador del ex gobernador Sergio Estrada Cajigal, y actual presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso; al priista Matías Nazario Morales, acusado del presunto desvío de 10 millones de pesos en la campaña de Amado Orihuela Trejo al gobierno de Morelos; al ex alcalde priista de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, acusado de desvío de recursos; el ex presidente de Xochitepec, Juan Carlos Rivera Hernández, actual diputado local del PRI; a Angel García Yáñez, del PVEM, señalado por presuntos actos de extorsión; y la diputada Rosalina Mazari Espín, pariente de Santiago Mazari Miranda, líder de Los Rojos.
Estas acusaciones obligaron a un encuentro privado el martes 4 de noviembre entre los diputados del Congreso de Morelos con el comisionado estatal de Seguridad, Luis Alberto Capella, a quien le reprocharon que exista una “campaña” para desacreditar a los legisladores locales. En ese encuentro, Capella retó al diputado local Alfonso Miranda Gallegos a pedir licencia.
Al día siguiente, el 5 de noviembre, la Fiscalía General de Morelos solicitó nuevamente el desafuero del legislador local del PT por su “posible responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y ultrajes a la autoridad en perjuicio de agentes de la Policía de Investigación”.
El Narcopoder Pudo Haber Hecho Crisis en Morelos: Capella
Al día siguiente de su encuentro a puerta cerrada con los legisladores de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, comisionado de seguridad pública en la entidad, admitió que en esa entidad “pudo haber hecho crisis el narcotráfico si no hubiera sido por el mando único”, aplicado actualmente en 27 de los 33 municipios de la entidad.
En entrevista con Proceso, Capella insistió que ante el caso de los legisladores involucrados con el crimen organizado “no nos hemos quedado callados” y “aunque no sea la entidad responsable, tenemos la información que indican lo que discutimos con ellos”.
-En Morelos operan los mismos grupos criminales que en Guerrero, ¿el efecto de la crisis de esta entidad no está sucediendo en esta entidad? –se le cuestionó.
-En Morelos hay una realidad distinta a la de Guerrero porque hemos estado trabajando para evitar la corrupción de los cuerpos policiacos. El mando único ha evitado que aquí se repitan casos como el de Iguala. De 6,200 policías que existen en la entidad, tenemos el control de 5, 400.
-¿Qué crímenes está combatiendo el mando único? ¿Incluye los de fuero federal?
-Somos responsables de combatir desde lo más grave que son los secuestros y homicidios, hasta el robo de un teléfono celular. Por supuesto, también los vinculados al crimen organizado. Nosotros tenemos un enorme nivel de coordinación con las autoridades federales, como es la PGR, el ejército, el CISEN y la Policía Federal.
De acuerdo con las estadísticas de Capella, en Morelos se logró reducir entre 2013 y 2014 en un 7 por ciento la incidencia de delitos. El mando único maneja recursos por 1,480 millones de pesos, de los cuales, 1,200 millones de pesos se destinan al C-5, es decir el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, y más de 200 millones de pesos para los 3 cuarteles policiacos.
-Usted también fue responsable del operativo de seguridad en Tijuana. ¿Existe una situación similar en Morelos?
-La similitud entre Morelos y Tijuana es el control de los policías. En Tijuana, como en varios municipios de Morelos, eran corporaciones ineficaces, corrompidas por el crimen organizado, sin capacitación, sin equipo. En 2015 vamos a invertir 300 millones de pesos para equipar a los policías.
-En municipios como Temixco y Jojutla operan los mismos grupos criminales, como Guerreros Unidos que estaban en Iguala. ¿Cuál es la situación que existe en ese corredor regional?
-Estos municipios están muy cercanos. Gran parte de los secuestradores que hemos detenido provienen de Iguala y de Taxco. El jefe de ellos, Beltrán Leyva, fue abatido en Morelos y muchos operan aún en estas zonas. Existe una gran comunicación entre estos grupos delictivos, pero aquí estamos combatiendo la ineficacia y la corrupción entre los cuerpos policiacos.
En Temixco, municipio cercano a la zona de influencia de los Guerreros Unidos, el alcalde Miguel Angel Colín Nava y Jesús Alberto Capella deignaron a Roberto Esquivel Hernández como director del operativo Mando Unico en esta zona, desde el 7 de abril pasado. En Jiutepec, donde se suicidó otro dirigente de los Guerreros Unidos, se suicidó uno de sus líderes.
Capella no quiso abundar sobre las declaraciones realizadas esta semana por el gobernador Graco Ramírez, quien confesó haber recibido propuestas para “pactar” con el crimen organizado.
Según el mandatario estatal un ex gobernador de otro estado –cuyo nombre no mencionó- le sugirió “más vale sentarse a platicar porque ese problema (la delincuencia) no se resuelve enfrentándola”.
Antes de esta revelación, Graco Ramírez también afirmó que empresarios y medios de comunicación también le sugirieron pactar con el crimen organizado.
“En 20 años, los gobiernos no invirtieron en seguridad pública, pero el crimen sí lo hizo para cooptar a corporaciones policiales”, afirmó el mandatario morelense, mientras en el Congreso una decena de legisladores locales se rebelaron por haber sido señalados como parte del crimen organizado.