Regeneración, 5 de noviembre de 2014.-El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGR), Jesús Murillo Karam, se ha negado a tipificar como desaparición forzada los hechos ocurridos en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa pese a que se tienen pruebas de la participación de agentes de seguridad pública aseguró Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena al acudir a la Cámara de Diputados a solicitar que se inicie un juicio político contra el funcionario.
Batres Guadarrama añadió que pese a que los sucesos de iguala constituyen delitos federales sancionados en el Código Penal Federal y delitos de lesa humanidad contemplados en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Murillo Karam no actuó de manera inmediata y expedita lo que constituye una violación grave a la Constitución por lo que se le debe realizar un juicio político toda vez que este funcionario cometió infracciones a la Carta Magna y a las leyes federales en prejuicio de la sociedad.
Añadió que pese a que la actuación de la procuraduría tuvo que ser inmediata, Murillo Karam anunció a más de una semana de los hechos que la dependencia a su cargo encabezaría las indagaciones.
De igual forma, Batres señaló que en el caso de la desaparición de los normalistas «ha habido encubrimiento, desvío de las investigaciones, omisión y sesgo político en su accionar, además de desprecio y falta de respecto a las familias de los estudiantes».
Resaltó que Murillo Karam tenía «conocimiento de los actos delictivos de José Luis Abarca desde el 3 de julio de 2013 cuando recibió la averiguación previa relacionada con los homicidios de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, y Félix Bandera Román. El 18 de marzo de 2014 fue informada nuevamente de este caso. Y el 1 de mayo de 2014 otra vez. Es decir en tres ocasiones en el periodo en el que ha sido titular de la dependencia».
Además, dirigente de Morena detalló que «la PGR ha protegido a otro alcalde implicado en esos ilícitos: el presidente municipal priísta de Cocula, César Miguel Peñalosa Santana, cuya policía participó en las detenciones de los normalistas como ocurrió en el caso de la policía de Iguala. Además, Cocula, según el Procurador, fue utilizada para calcinar a 43 personas. Esto tiene serias implicaciones pues habla de la manipulación del caso para proteger políticamente al alcalde de Cocula y, sobre todo, de una acción concertada por un ente que va más allá de ambos municipios».
Al respecto, Batres destacó que «mientras el gobernador del estado de Guerrero ha renunciado y el presidente municipal de Iguala se encuentra detenido, el alcalde de Cocula continúa plenamente en funciones».
Asimismo, el dirigente de Morena insistió en que la actuación de la PGR se ha limitado a la búsqueda de los normalistas muertos y no vivos, ya que no hay información sobre pesquisas en casas de seguridad u otros lugares donde pudieran encontrarse con vida, lo que «refleja un sesgo macabro en las investigaciones».
La solicitud de juicio político contra Murillo Karam fue entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y fue firmada por Batres y por dirigentes de Morena como Bertha Luján, Jaime López Vela, Teresa Guadalupe Reyes y José Agustín Ortiz Pinchetti quienes fueron acompañados por los diputados federales Luisa María Alcalde, Loreta Ortiz, María Fernanda Romero, Rodrigo Chávez, Manuel Huerta y Gerardo Villanueva.