Multinacionales españolas en América Latina

Impactos sobre los Pueblos Indígenas

Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas: eso hace irrefutable su testimonio. Basta que nos muestren lo que hemos hecho de ellas para que reconozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos…        Ustedes, tan liberales, tan humanos, que llevan al preciosismo el amor por la cultura, parecen olvidar que tienen colonias y que allí se asesina en su nombre…

Jean Paul Sartre, prólogo a “Los condenados de la tierra” de Franz Fanon.

El avance del capitalismo global ha hecho que, en el último siglo, las empresas transnacionales hayan venido adquiriendo cada vez más capacidad de influencia y poder. Hoy, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de muchos países: Wal-Mart, por ejemplo, maneja un volumen de ventas que supera el Producto Interior Bruto (PIB) de Noruega, mientras que los ingresos de ExxonMobil son mayores que la suma del PIB de Venezuela y Chile. Después de todo, las compañías multinacionales han resultado ser las principales beneficiarias del proceso de globalización neoliberal y, por ello, en el actual modelo socioeconómico, los derechos sociales de la mayoría de hombres y mujeres del planeta queden sometidos a la lógica de un mercado dominado por las corporaciones transnacionales. Y es que, como ya decía Salvador Allende hace cuatro décadas: estamos ante un conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que no están fiscalizadas por ningún parlamento.1

En este contexto, resulta oportuno desvelar la existencia de los conflictos que están siendo causados por la expansión de estas empresas multinacionales: daños medioambientales, desplazamientos de comunidades, alzas de tarifas y deficiencias de los servicios públicos privatizados, deterioro de los derechos laborales, expolio de los recursos naturales, persecuciones a las organizaciones sociales y sindicales y, en general, una sucesión de abusos cometidos y de violaciones de los derechos humanos. Porque, como afirma Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos(TPP), lo que sucede es que las empresas transnacionales “se aprovechan del vacío práctico de esfera pública para actuar al margen de la legalidad”, y por eso puede decirse que “hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las posiciones de quienes están detrás, lejos, moviendo hilos por beneficios económicos o intereses”.

A la vez, se hace necesario instaurar mecanismos para el control de las operaciones de las compañías multinacionales. Esto quiere decir, por una parte, someter a Derecho todas las prácticas que atenten contra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y, por otra, ajustar sus actividades al derecho al desarrollo y a la soberanía de los pueblos y naciones.2  Sin embargo, la realidad parece transcurrir justamente en sentido contrario: el cuerpo normativo relacionado con la mercantilización del sistema neoliberal se ha ido perfeccionando cuantitativa y cualitativamente, a la vez que el control de las grandes empresas se ha ido vinculando con los sistemas voluntarios y unilaterales que han ido penetrando en las instituciones internacionales.3

Con todo ello, se hace evidente la profunda asimetría que existe entre los derechos de las empresas transnacionales, que se protegen mediante los múltiples acuerdos que forman el nuevo Derecho Corporativo Global –que se concreta en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional–, y sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social, que en buena medida se dejan en manos de la ética empresarial y de los acuerdos voluntarios. Dicho de otro modo: mientras la seguridad jurídica de los contratos y de los negocios de las compañías multinacionales se tutela desde la fortaleza de la lex mercatoria, la ciudadanía no dispone de sistemas normativos y de mecanismos de control eficaces para verificar el cumplimiento de los derechos humanos.4

Empresas transnacionales versus pueblos indígenas

Puede decirse que la relación entre las empresas transnacionales y los pueblos indígenas tiene muchos años de existencia. En el caso de América Latina, ya desde que, a principios del siglo pasado, las grandes corporaciones del petróleo se fueron haciendo con contratos de explotación y extendieron sus actividades por toda la región, se dedicaron a utilizar a las poblaciones locales como mano de obra para la construcción de las infraestructuras necesarias, comenzaron a destruir los ecosistemas colindantes, hostigaron a las comunidades indígenas y, en definitiva, contribuyeron a hacer efectiva una profunda transformación del territorio. Más tarde, a las multinacionales petroleras vendrían a sumarse las compañías bananeras, las mineras, las de la electricidad, las entidades financieras, las agroindustrias…

En Colombia, sin ir más lejos, desde que hace un siglo se dio inicio a las actividades petroleras en el país, se han podido documentar numerosos casos en los que las empresas transnacionales han diezmado comunidades indígenas enteras, invadiendo y destruyendo sus territorios. En los años sesenta, por ejemplo, habían acabado ya con dos terceras partes de las comunidades bari, en el Norte de Santander, y habían hecho prácticamente lo mismo con la población indígena yariguí en la cuenca media del río Magdalena.5

La situación no fue muy diferente en Bolivia, por poner otro caso, donde los intereses de las multinacionales del petróleo por el control del territorio también generaron fuertes impactos sobre los pueblos indígenas. Basta citar a las corporaciones Standard Oil y Royal Dutch Shell6, involucradas en el origen en los años treinta de la Guerra del Chaco, o a la compañía petrolera Gulf Oil Company, que durante la década de los sesenta operó en los territorios indígenas yuki y yurakaré, impulsando la colonización de esa región y el desplazamiento de sus comunidades.7

 

 

Pero, en contra de lo que pudiera parecer, estos hechos no se limitan al pasado; por el contrario, se puede constatar que continúan sucediendo en la actualidad. Y de ello hay ejemplos de todo tipo: desde las multinacionales de la alimentación hasta las corporaciones energéticas, de las mineras a las farmacéuticas, es conocido que las actividades de una gran cantidad de empresas transnacionales siguen impactando gravemente sobre el territorio y la cultura de los pueblos indígenas.

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La segunda colonización de América Latina

Quinientos años después de la Conquista de América, las multinacionales españolas han protagonizado el segundo desembarco en la región y han logrado hacerse con el liderazgo de muchos sectores clave de las economías latinoamericanas. Y todo en apenas década y media: el boom de las inversiones españolas en América Latina se produjo a finales de los años noventa, cuando España llegó a ser el sexto mayor inversor del mundo y el primero en América Latina.

Con ello, compañías españolas como Repsol, Telefónica, Endesa, Gas Natural –estas cuatro empresas fueron públicas–, BBVA, Santander, Iberdrola, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona y PRISA, entre muchas otras, pudieron convertirse en lo que actualmente son: grandes corporaciones transnacionales. Para eso, solamente tuvieron que aprovechar el tamaño y el capital acumulados tras las privatizaciones y fusiones en el Estado español para, a continuación, expandirse a América Latina comprando todas las empresas que se estaban poniendo a la venta en el marco de la doctrina del Consenso de Washington. Haciéndose fuertes allá, y centrando la mayor parte de sus actividades no tanto para la producción mundial como para el mercado interno de los diferentes países –en sectores tales como los de telecomunicaciones, banca, energía, agua, seguros, construcción y turismo–, las multinacionales españolas han podido repatriar enormes beneficios en esta década. Así, las principales multinacionales españolas obtienen anualmente entre un tercio y la mitad de sus ganancias en América Latina: el BBVA logra el 49% de sus ingresos gracias a sus negocios en la región; Telefónica, el 40%; y, en el caso del Santander, «casi la mitad del beneficio de este año vendrá de América Latina», afirma Francisco Luzón, director de la División de América del banco.8

Ingresos de multinacionales españolas procedentes de América Latina, porcentaje sobre el total

Pero, hasta ahora, mientras se han dedicado a incrementar año tras año sus beneficios y la productividad de sus operaciones, la presencia de estas empresas transnacionales no ha contribuido a mejorar el empleo, apenas ha servido para incrementar la calidad de los servicios que ofrecen, casi no han realizado inversiones en mantenimiento ni han apoyado la transferencia tecnológica. Y, además, sus actividades han ido asociadas a un enorme rastro de graves impactos ambientales, sociales y culturales.9

Las mayores multinacionales españolas en América Latina

En el último lustro, se han venido denunciando múltiples casos de violaciones de los derechos humanos e impactos sobre las comunidades indígenas, las condiciones laborales y el medio ambiente por parte de las multinacionales españolas en América Latina. Y puede afirmarse que, en el caso de los efectos sobre los pueblos indígenas de la región, las dos principales vías de conflicto que han abierto las corporaciones transnacionales han tenido su origen en dos ejes de intervención: la búsqueda y explotación de reservas petrolíferas, y la construcción de grandes presas para la generación de energía eléctrica. En el primero de los casos, la protagonista ha sido la petrolera Repsol YPF; en el segundo, las eléctricas Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa. Eso sí, sin olvidar el papel que han jugado los bancosBBVA y Santander, que en distintas ocasiones han financiado la puesta en marcha de proyectos contaminantes y muy agresivos social y ambientalmente.

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Petróleo y pueblos indígenas: los impactos de Repsol en América Latina

Gracias a los ingresos procedentes de su actividad en América Latina, Repsol YPF es la primera empresa privada transnacional del sector de los hidrocarburos en la región. Y es que es justamente esta zona, donde se localizan el 95% de sus reservas de hidrocarburos y el 88% de sus resultados de explotación, la que le ha hecho convertirse en una de las diez mayores petroleras del mundo. Eso sí, a medida que Repsol YPF ha ido incrementando sus beneficios año tras año –en 2009, las ganancias de la compañía fueron 3.188 millones de euros–, sus actividades han dejado un rastro de graves impactos ambientales, sociales y culturales sobre los pueblos de la región. En concreto, la petrolera es la multinacional española que más conflictos ha tenido con las poblaciones indígenas: ha acumulado denuncias con estas comunidades en Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia.10

En Bolivia, Repsol efectúa sus operaciones petrolíferas en siete áreas protegidas, entre las que se encuentran el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, el Parque Nacional Amboró y el Parque Nacional Aguaragüe. En ese país, las actividades de exploración y producción de Repsol YPF afectan a 17 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) repartidas en las regiones amazónica y chaqueña, entre las que están el Territorio Indígena Multiétnico –en el cual conviven comunidadeschimanes, moxeñas y yurakarés–, el Territorio Indígena Chimán, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure –refugio ancestral de la etnia yurakaré–, las TCO de Itika Guasu y Weenhayek. Según un estudio de evaluación del impacto ambiental realizado por la Asamblea del Pueblo Guaraní, se puede constatar que la multinacional española del petróleo se aprovecha de estándares bajos para operar en áreas altamente sensibles desde un punto de vista social, cultural y ambiental. Tal es el caso de las TCO de Itika Guasu y Tentayapi, entre otras.11

En el caso de Ecuador, Repsol YPF tiene actividades en el Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biosfera por la UNESCO y hábitat de la etnia indígena huaorani. Pero las actividades de Repsol no se limitan a las operaciones en el Bloque 16, situado dentro del Yasuní, sino que la empresa forma parte también, junto a otras seis corporaciones petroleras, del consorcio que explota el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que transporta el petróleo desde la selva amazónica hasta la costa del Pacífico y afecta a once áreas protegidas. La puesta en marcha de este proyecto ocasionó el taponamiento de fuentes de agua para el consumo humano de la población asentada a lo largo de la ruta, y durante las etapas de prueba del oleoducto se produjeron cinco derrames de crudo que contaminaron las áreas cercanas.

En Argentina, Repsol YPF ha invadido extrajudicialmente y contaminado varias comunidades indígenas mapuche en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de gas y petróleo de Loma de la Lata, uno de los mayores de Sudamérica. Las comunidadesmapuches Kaxipayiñ y Paynemil, que allí habitan, presentan unos alarmantes niveles de intoxicación por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos corporales. Según la Evaluación de Daño Cultural y Ambiental realizada por una consultora alemana en el año 2001, los restos de metales pesados hallados en la zona investigada son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación Argentina.12 Además, el Tribunal Supremo argentino está investigando una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo, en la cual se acusa a Repsol YPF y a otras 16 empresas petroleras de haber contaminado cinco provincias del país –con un área total que es casi el doble de la superficie del Estado español– con sus actividades.13

En Perú, los planes de la empresa petrolera para continuar con su expansión han sido denunciados públicamente por no tener en cuenta a las comunidades indígenas en aislamiento voluntario. La compañía pretende encontrar yacimientos de petróleo en la selva amazónica en el llamado Lote 39, que según denuncia Survival es “el hogar de al menos dos de los últimos pueblos indígenas no contactados”, que nunca han tenido relación con otras personas y, por tanto, “podrían correr peligro”.14

En Colombia, a través de una asociación con la empresa estatal Ecopetrol, Repsol participa en el bloque Catleya, situado entre los departamentos de Boyacá y Arauca, una área petrolera donde la compañía espera encontrar nuevos yacimientos de hidrocarburos que se superpone con el territorio ancestral u’wa.

Los indígenas u’wa, que son conocidos como “el pueblo que piensa” o “el pueblo que habla bien”, debido a que durante miles de años han conseguido mantener relaciones pacíficas con sus vecinos sin el uso de armas ni guerras, son uno de los grupos indígenas de Colombia que mantienen de forma más viva su cultura ancestral. Este pueblo, que siempre se ha opuesto a la extracción de crudo en sus resguardos alegando que el petróleo es “la sangre de la tierra” y que juega un papel fundamental en su cosmovisión, defiende la continuidad de su modo de vida tradicional lejos de la lógica del capital, que ahora se encuentra amenazado por la exploración sísmica –cuyas detonaciones afectan a las corrientes de agua y a los movimientos de tierras– y la explotación de los recursos naturales presentes en su territorio. Ya desde la década de los noventa la resistencia de los u’was adquirió una gran relevancia internacional, cuando sus amenazas de cometer un suicidio colectivo dieron la vuelta al mundo: preferían suicidarse antes que tener una muerte indigna por la entrada de las multinacionales petroleras en su territorio. Así, mantuvieron litigios en diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales y tuvieron la solidaridad y el apoyo de diferentes movimientos sociales. Sus protestas tuvieron su punto culminante hace diez años, cuando ocuparon los terrenos del pozo Gibraltar para impedir su puesta en marcha: fueron violentamente desalojados de allí por el ejército y la policía, pero la resonancia mediática de los hechos –murieron dos niños u’wa y guahibo– hizo que se parara la entrada de las multinacionales en la zona. Hoy, ante el progresivo agotamiento de las reservas de hidrocarburos, el subsuelo del territorio u’wa vuelve a ser una gran esperanza para que compañías transnacionales como Repsol YPF quieran hacer negocio. Pero el pueblo u’wa no va a ceder en su determinación, como uno de sus miembros declara sin titubeos:

Nos tendrán que matar a todos, con que quede uno sólo seguiremos peleando. Es como cuando se produce una sucesión, para quedarse con todo hay que matar a todos los herederos.15

Megaproyectos hidroeléctricos: los impactos de Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa

Endesa se sitúa entre las diez primeras multinacionales de América Latina y es la primera compañía privada en el sector de la electricidad en la región, donde sus actividades le reportan un tercio de los beneficios anuales. Excepto en el caso de sus filiales chilenas, la empresa opera principalmente en las grandes ciudades, luego sus impactos sobre los pueblos indígenas no son tan acusados. No obstante, el principal megaproyecto de Endesa ha sido la presa de Ralco, en Chile, cuya construcción supuso un gravísimo impacto ambiental, social y cultural. Esta presa es parte de un gran embalse en la cuenca superior del Alto Bio Bio. El territorio había sido habitado ancestralmente por comunidades mapuches-pehuenches, población que lleva resistiendo en sus tierras ancestrales las distintas oleadas de colonización por parte de conquistadores, latifundistas y empresarios. Todos los informes técnicos que encargó la Comisión Nacional del Medio Ambiente rechazaban llevar a cabo el proyecto, por el tremendo impacto que generaría la inundación de 3.500 hectáreas en esa región. Y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo creado para defender la cultura de las poblaciones indígenas y hacer respetar sus leyes, también se opuso de manera contundente a la venta de las tierras mapuches para la construcción de la presa.

Ante el fuerte rechazo del proyecto, Endesa empezó a mover hilos dentro de los poderes políticos y mediáticos. De este modo, la respuesta del Gobierno a la presión ejercida por la compañía fue otorgar el permiso para la construcción de la presa; expulsar al director de la CONADI –que se oponía al proyecto– para sustituirlo por un representante indígena favorable al mismo; poner en marcha campañas publicitarias que mostraran a las familias pehuenches que no querían desplazarse como refractarios al desarrollo; realizar el llenado del embalse sin avisar, de modo que se inundó un cementerio mapuche; criminalizar a los líderes indígenas, acusándolos de terrorismo; así como obtener las tierras a través de procedimientos irregulares. El resultado final fue la inauguración de la presa hidroeléctrica en el año 2004. Eso sí, después de que se pusiera en funcionamiento la central hidroeléctrica de Ralco, la comunidad pehuenche continua denunciando a Endesa en Chile. Y, en la actualidad, Endesa está tratando de completar la construcción de otro megacomplejo hidroeléctrico en Aysén, en la Patagonia chilena, que tendrá una potencia total cuatro veces superior a la de Ralco.16

Por su parte, Iberdrola, que en sus anuncios publicitarios hace suyos los valores de respeto ambiental y de lucha contra el cambio climático, ha tenido una política diferente sobre el terreno. Al menos en el caso de México, donde la empresa participa como constructora en el parque eólico de La Venta, en Oaxaca: este proyecto generó una fuerte oposición por parte de las comunidades indígenas locales y los ejidatarios, quienes en el periodo de expropiaciones denunciaron presiones para abandonar sus tierras. Al respecto, Iberdrola no establece ninguna iniciativa de RSC (Responsabilidad social corporativa) para gestionar los impactos de sus proyectos de inversión sobre los pueblos indígenas.17

En tercer lugar se encuentra la multinacional eléctrica Unión Fenosa –hoy rebautizada como Gas Natural Fenosa después de su fusión con la primera compañía española de gas–, que ha sido duramente cuestionada por su mala prestación del servicio eléctrico (apagones, alza de tarifas, falta de mantenimiento…) en Nicaragua, Guatemala y Colombia, así como por su corresponsabilidad en la persecución a dirigentes sociales en estos dos últimos países.18En el caso de Colombia, además, sus plantas de generación hidroeléctrica han tenido graves impactos sobre las poblaciones afrodescendientes, campesinas e indígenas que habitan en la región del Suroccidente.

A pesar de que Unión Fenosa haya ganado varios premios internacionales por sus programas de Responsabilidad Social Corporativa en el país, entre ellos uno relativo a la realización de un plan de desarrollo rural en los alrededores de la Salvajina, una central hidroeléctrica de su propiedad –hasta el año 2009, en que vendió esta filial a inversores colombianos– en el departamento del Cauca, el hecho es que la compañía apenas ha aportado soluciones al conflicto que mantiene con las comunidades indígenas nasa: éstas exigen a Unión Fenosa una respuesta clara por la inundación de 600 hectáreas de su territorio, por el cambio del microclima, por la persecución a los dirigentes indígenas que se oponen a la represa, y por la destrucción de sus formas de vida, que afecta a las 10.000 personas del Cabildo Indígena de Honduras.19

Por último, hay que destacar que las dos grandes corporaciones transnacionales financieras españolas, el BBVA y elSantander, han venido apoyando mediante créditos y financiación varios de los proyectos aquí citados y otros que son altamente contaminantes y tienen graves impactos sobre las comunidades indígenas. Entre ellos se encuentran el gaseoducto de Camisea, en Perú, que supone la destrucción de ecosistemas ubicados en áreas tropicales de la amazonía peruana y afecta a las poblaciones indígenas que habitan en aislamiento voluntario en la reserva nahua-kugapakori; la mina de Carajas, en el Amazonas brasileño, que ha sido denunciada por la comunidad indígena xikrin por los impactos de las actividades mineras; y las represas del Río Madera, un megaproyecto que forma parte de la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA) y que afectará a 5.000 familias de Brasil y Bolivia que se verán desplazadas de sus territorios.20

Los pueblos indígenas y la resistencia frente al poder corporativo

La justificación que han utilizado los Estados y las empresas multinacionales para intimidar, desplazar y, prácticamente, eliminar del mapa a muchas comunidades indígenas ha sido la necesidad de explotar los recursos naturales que albergan sus territorios, para incorporarlos a la maquinaria de producción y consumo del sistema económico global. Pero la visión que de estos hechos han ido teniendo las sociedades y las instancias internacionales ha ido cambiando. Especialmente, a lo largo de las tres últimas décadas.

Ya en 1923, Deskaheh, un líder cayuga, viajó a Ginebra para pedir a la Liga de las Naciones que escuchara la voz de los pueblos indígenas.21 Tras él, muchas otras comunidades han denunciado la persecución que sufrían, y para ello han acudido a instancias como, entre otras, la Organización de los Estados Americanos, lasNaciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Así, han conseguido darle una mayor visibilidad a sus procesos de resistencia, así como despertar la sensibilidad de gran parte de la ciudadanía.

Además, la valoración de la diversidad cultural de los pueblos indígenas ha dado como resultado que la UNESCO adoptara hace años un convenio internacional sobre este particular,22 que la OIT creara un instrumento jurídico vinculante sobre los derechos de los pueblos indígenas y que, en 2007, fuera aprobada en Naciones Unidas la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Según el convenio de la OIT, éstos podrán participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, y deberán ser consultados por los gobiernos antes de emprender o autorizar cualquier programa de explotación de tales recursos. A partir de su ratificación por la mayoría de los países latinoamericanos, los pueblos indígenas de la región han podido acogerse a esta herramienta legal para continuar con sus denuncias sobre la actividad de las corporaciones transnacionales.

En este contexto es en el que las multinacionales españolas han ido desarrollando sus operaciones en los territorios indígenas de América Latina. Y estas empresas, que habían de adaptar sus actividades a una realidad que hasta entonces les era desconocida, no han tenido una actuación muy diferente a la de las corporaciones transnacionales de otros países que les precedieron. Eso sí, después de observar cómo se desarrollaron ciertos conflictos con las poblaciones locales –como el caso de las operaciones de las petroleras en el territorio u’wa en Colombia o el caso de la presa de Ralco construida por Endesa en Chile, entre muchos otros–, parece que han aprendido la lección: no se trata tanto de modificar la realidad de sus prácticas sobre el terreno como de cambiar la percepción social que se tiene de ellas. Para eso, han diseñado una novedosa estrategia para interactuar con las comunidades indígenas, basada sobre todo en la asunción de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Con estos programas de Responsabilidad Social Corporativa, las multinacionales destinan una mínima parte de su presupuesto anual al fomento de determinadas actividades de acción social en las zonas aledañas a sus lugares de operación: construcción de escuelas, regalo de ordenadores, oferta de puestos de trabajo a los líderes comunitarios… Además, las corporaciones han tratado de evitar el posible disenso dividiendo a la población a través de diferentes mecanismos, tales como apoyar reformas legales para individualizar las propiedades colectivas, fragmentar un proyecto en varios y reunirse con las comunidades por separado.

En segundo término, también han asumido que la realización de sus actividades debe ir de la mano del cumplimiento de ciertos acuerdos internacionales, para quitar argumentos legales a las posibles demandas de las poblaciones afectadas: en el caso citado de las operaciones de Repsol en el territorio u’wa en Colombia, la empresa se ha atenido a los mecanismos de consulta previa contemplados en el convenio 169 de la OIT, aunque al final ha desconocido el resultado de dicho proceso –ya que era contrario a sus intereses– con el argumento de que “ningún colombiano se puede oponer a una decisión del Estado”, como dijo hace tres años la viceministra del Interior.

Finalmente, en los últimos años, las multinacionales españolas han empezado a incluir en sus informes anuales menciones explícitas a la cuestión indígena. Y se han preocupado de ofrecer en todo momento una imagen dialogante y de respeto hacia las comunidades: tomando el mismo caso a modo de ejemplo, el consorcioRepsol-Ecopetrol ha llevado a cabo un proceso de diálogo para convencer a las comunidades u’was de las bondades de la extracción petrolera en su territorio, y ha tratado de establecer un consenso para autorizar las actividades petrolíferas. Algo similar ha tenido lugar con las operaciones de Repsol en Ecuador: tras haber resultado duramente criticada por sus operaciones en el Parque Nacional Yasuní, la compañía invirtió más de un millón de dólares en programas para las poblaciones indígenas que viven en la zona. Con ello, cuando Repsol fue amenazada con la expulsión del país por no pagar impuestos, el consejo de gobierno de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) emitió un comunicado en el que pedía al presidente Rafael Correa que diera marcha atrás en su decisión de que la petrolera española se fuera de Ecuador, porque la falta de Repsol “implicará que nuestras comunidades dejen de recibir servicios médicos, odontológicos y que los niños y jóvenes no tengan clases en los colegios, así como desayunos escolares”, afirmaba.23

                                       Maquillaje corporativo

La firma de códigos de conducta voluntarios en el contexto de la RSC no exime del cumplimiento de las normas ambientales y sociales que todas las compañías deberían respetar. Porque, aparte de la disposición al diálogo y de la asunción de las medidas de maquillaje corporativo, las empresas transnacionales tienen que atenerse a sus responsabilidades legales. Por tanto, los acuerdos voluntarios y los mecanismos de negociación deberían ser, en todo caso, instrumentos de mejora social, no los marcos de regulación de las corporaciones multinacionales. De hecho, podría considerarse una irresponsabilidad asumir que la RSC puede solucionar los impactos de las transnacionales sobre los pueblos indígenas, porque desvía el debate sobre la cuestión principal: hacer respetar y someter los intereses de las compañías a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas.24

Con todo y con ello, a pesar de que se trate de afianzar el mito de que los pueblos indígenas son atrasados y se oponen al progreso, y de que se contraponga de manera artificial el derecho de los pueblos indígenas con el interés nacional, las organizaciones y redes internacionales de solidaridad van a seguir denunciando los impactos sociales, ambientales y culturales de las actividades de las empresas transnacionales sobre los pueblos indígenas. Porque, después de más de treinta años de políticas neoliberales, no parece que toda esta modernización forzada de nuestras sociedades esté sirviendo para paliar las desigualdades y resolver los conflictos sociales. Y, en ese sentido, lo que se continuará demandando es, sencillamente, el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro.

Una de las herramientas utilizadas en la búsqueda de justicia alternativa han sido las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Y es que el régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad en el que se enmarca la actuación generalizada de las corporaciones transnacionales en relación al derecho indígena hace necesarios mecanismos adicionales a los de la justicia ordinaria. Así, en las diferentes sesiones del TPP realizadas en los últimos cuatro años,25 los representantes de los pueblos afectados por las violaciones de los derechos humanos cometidas, de manera directa o indirecta, por las multinacionales no sólo encuentran un espacio para expresar sus demandas, sino que asumen además un papel de agentes de la justicia.

En definitiva, ésta y otras experiencias de denuncia del poder corporativo confirman que las poblaciones y los movimientos sociales de la región están inmersos, como dice Alfonso Moro, “en una perspectiva de largo aliento: rehabilitar la acción política como un ejercicio de los pueblos y, a través de ella, defender la primacía de los derechos y bienes universales y comunales contra su apropiación por parte de las compañías multinacionales”.26 Todo ello cobra sentido para que, según afirma Alejandro Teitelbaum, podamos “reflexionar acerca de cómo los seres humanos, que ‘nacen libres e iguales en dignidad y derechos’ recuperan, en el marco de una sociedad democrática y participativa, el poder de decisión sobre sus propios destinos”.27 Y poder lograr así, en definitiva, evitar la vulneración de los derechos humanos que sufren las mayorías sociales del planeta.

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Últimos sobrevivientes del más grande desastre de la humanidad, los pueblos indios refugiados en las montañas,en los desiertos o escondidos en las profundidades de los bosques, continúan dándonos la imagen de una fidelidad absoluta hacia los principios de libertad, de solidaridad y de sueño de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Estos pueblos continúan siendo los guardianes de “Nuestra madre tierra”, los observantes de las leyes de la naturaleza y del ciclo del tiempo.

Jean-Marie Gustave le Clezio. “El sueño mexicano”

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[Extracto de Multinacionales españolas en América latina: Impactos sobre los pueblos indígenas, Pedro Ramiro y Erika González 2010, en PUEBLOS ORIGINARIOS EN AMÉRICA. GUÍA INTRODUCTORIA DE SU SITUACIÓN, ALDEA ALTERNATIBA DESARROLLO 2010]

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Vídeo | Una mosca en una botella de Coca-Cola

Los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina han creado leyes y políticas que han afectado los intereses de la multinacionales españolas: nacionalización y expropiación de empresas petroleras, eléctricas, bancarias… A la vez, han introducido normas que regulan los medios de comunicación para evitar que estén en manos de grandes grupos privados transnacionales. Han tocado el poder económico, político y mediático de grandes empresas españolas, incluidos los medios de comunicación.

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Producido por Producciones CMI y Paz con Dignidad -OMAL, este documental analiza los medios de comunicación que operan en el Estado español y su forma de tratar a los gobiernos populares de América Latina. Tomando como referencia varios textos de Pascual Serrano, en el documental se pregunta hasta qué punto los grupos privados que controlan casi todo lo que se lee, se ve y se oye, obligan a sus medios a defender sus intereses económicos a costa de la verdad y la ética periodística.

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