La promesa anterior, maniobra para acallar protestas nacionales e internacionales
Regeneración, 28 de febrero del 2015. Formalmente el gobierno del PRI, rechazó la posibilidad de abrir los cuarteles para buscar a los normalista de Ayotzinapa. Los familiares de los desaparecidos interpondrán un amparo.
En entrevista, el abogado de los familiares señaló que en la reunión del 13 de enero el gobierno federal decidió dejarnos pasar a todos los cuarteles; dos días después dicen que sólo al de Iguala, y ahora que a ninguno, según declaraciones vertidas al diario La Jornada.
En la nota de Fabiola Martínez y Fernando Camacho se apuntan los siguientes elementos vertidos por Vidulfo Rosales, defensor de los familiares de Ayotzinapa y miembro de “Tlachinollan”, que es un comité de defensa de derechos humanos de la Montaña.
“El planteamiento fue revisar todos los cuarteles de Guerrero, incluido el Campo Militar Número Uno; la respuesta de él (Miranda) es una negativa total; dice que no se acepta bajo ninguna circunstancia. Nosotros decimos que hay elementos de prueba en el expediente que apuntan a la responsabilidad del Ejército Mexicano, pero ellos refieren que no es posible la revisión de los cuarteles, que no hay indicios de que ahí se puedan encontrar, que no hay elementos para hacer una revisión en esas instalaciones.
“Les dijimos que si se está dando un paso atrás en el compromiso que se había tenido anteriormente y (Miranda) respondió que sí, que así lo tomemos, que hay una decisión de Estado de no permitir la revisión de los cuarteles.”.
Según Gobernación “de enero a la fecha las condiciones, las posiciones se han polarizado, de ahí que ya no haya condiciones para esa inspección”.
En opinión de Vidulfo Rosales “ esta negativa muestra que en el gobierno está ganando la línea dura, la del Ejército, a fin de terminar con el conflicto mediante la represión”.
Se ve claramente que el poder civil se supedita hoy a los mandos militares, que son los que marcan el rumbo en el conflicto de Ayotzinapa, dijo al término del encuentro con el subsecretario Miranda.
Los afectados irán a la CNDH a manifestar su inconformidad, aunque no dan por concluida la negociación con la SG debido a que es el único enlace con las instancias federales, se lee en un reporte interno de la dependencia.
Felipe de la Cruz, padre de un normalista sobreviviente, dijo que la salida de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) significa un alargamiento del proceso.
Pero no nos vamos a detener porque el pueblo tiene la última palabra para exigir justicia, dijo.
Rosales sostuvo que el cambio en la PGR dificulta el trabajo que se ha realizado, así como la investigación de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.