Denuncian que grupos de poder generan tensión en comunidades indígenas. Regeneración, 2 de julio de 2015 (Sididh). Para vigilar el libre desarrollo de la manifestación de los comuneros de Xochicuautla, que instalaron un campamento en defensa de su bosque y llamaron a una concentración pacífica para este jueves 02 de julio a partir de las 12 horas, integrantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero instalaron un monitoreo permanente, y exigieron que el gobierno busque una solución de fondo al conflicto que se vive en la zona.
En las recientes semanas, recordó el centro de derechos humanos, la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla ha registrado la incursión de trabajadores de la empresa AUTOVAN (Propiedad del Grupo Higa, de Armando Cantú Hinojosa), quienes ingresaron a tierras ancestrales con el respaldo de elementos de la policía del Estado de México e integrantes de la Secretaría de Gobierno de la entidad, dañando el cultivo y los terrenos comunales, así como provocando un estado de tensión social en la región, con la pretensión de imponer la construcción de la autopista Toluca-Lerma. Como consecuencia, los habitantes decidieron levantar un campamento en sus tierras para detener el despojo y el ecocidio que sufre el bosque otomí-mexica; lo llaman Campamento de Paz de la Digna Resistencia por la Defensa del Bosque Otomí.
“Este método para imponer megaproyectos en las comunidades se encuentra en un marco de amenazas, hostigamiento, agresiones y encarcelamiento contra personas defensoras de derechos humanos en todo México quienes se oponen al despojo de territorios y recursos naturales, abusos realizados con el discurso de la implementación de políticas de desarrollo, pero que en nada benefician a las comunidades afectadas, como es el caso concreto de la Autopista de Cuota Naucalpan-Toluca en el pueblo de San Francisco Xochicuautla y pueblos vecinos”, denunció el Centro en un comunicado.
Las y los defensores condenaron la “sistemática intimidación y agresiones” que están sufriendo los y las habitantes de Xochicuautla, y manifestaron su preocupación por la seguridad física, psicológica y jurídica de los manifestantes.
“Hacemos el llamado más enérgico a las autoridades correspondientes, a apegarse estrictamente a la legalidad y al respeto a los derechos humanos de los indígenas y observadores ciudadanos de derechos humanos que se encuentran acompañándoles para garantizar su libre ejercicio de manifestación y de documentación, respectivamente, los cuales se realizan de manera totalmente pacífica, así como externamos nuestra invitación para que dichas autoridades busquen los caminos legales que permitan una solución profunda y duradera del conflicto, lo cual pasa definitivamente, por el respeto irrestricto de los derechos humanos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, así como de los recursos de los mismos pueblos indígenas de la región”, finalizó el Centro.
La carretera de pago Toluca-Lerma afectará una porción de 22 kilómetros de bosque por más de 100 metros de ancho, que dificultará a los habitantes del lugar el libre tránsito, la recolección de alimentos y leña y el peregrinaje a sus lugares sagrados. Además, el bosque Otomí-Mexica es área natural protegida y santuario del agua de la subcuenca del Río San Lorenzo. Desde 2011, habitantes de Xochicuautla y comunidades vecinas, como Ayotuxco, denuncian la tala de árboles en su territorio, incluyendo lugares donde nacen manantiales.
En el amparo con número 647/2011, el Tribunal Colegiado de Toluca ordenó al magistrado del Tribunal Unitario Agrario con Distrito Nueve que anulara las asambleas que permitieron la venta y expropiación de algunas parcelas. En consecuencia, el aparcelamiento de las tierras comunitarias no es legal, y ninguna persona puede venderlas por su cuenta. Desde entonces, los ñätho intentan impedir la entrada de la empresa. No es la primera vez que la fuerza pública entra a esta comunidad para proteger a la constructora ante el rechazo de la población. En 2014 se registraron al menos tres invasiones a las tierras comunales, que incluyeron la detención de los líderes de la comunidad.