Los pobladores afectados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por la presa que suman mil 500 y han emprendido una severa resistencia jurídica desde hace 10 años para evitar la desaparición de sus comunidades y desde el inicio dejaron en claro que no querían ser reubicados.
Regeneración, 30 de agosto de 2017.- Integrantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pretendieron ingresar al predio Talicoyunque en donde viven parte de los afectados con la construcción de la presa El Zapotillo, pero la seguridad privada les impidió el paso, así lo señaló María González Valencia, coordinadora del área de Acción para la Defensa del Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).
Cabe resaltar que, al inicio se estableció que la presa tendría una altura de 80 metros, pero autoridades federales, respaldados por el gobernador, Aristóteles Sandoval, decidió que sería de 105 metros. Para el 7 de agosto de 2013, la Segunda Sala del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia dejó sin validez el proyecto de la cortina a 105 metros y el 27 de mayo de 2014, el juzgado primero de Distrito en Materia Administrativa ordenó suspender toda obra.
El agua almacenada en la presa de El Zapotillo se repartiría a 14 municipios de la zona de Los Altos, la zona metropolitana de Guadalajara, así como a León, Guanajuato; este proyecto contempla un acueducto que llevaría el agua a León. A esta presa se le ha autorizado por parte del gobierno federal desde el 2005 a la fecha, más de 27 mil 253 millones de pesos.
Actualmente, en Talicoyunque viven ocho familias que fueron reubicadas de Palmarejo, ahí también las autoridades pretenden que vivan los habitantes de Temacapulin. Por su parte, María González dijo que los dos empleados, uno del jurídico y otro de documentación de la OACNUDH “pidieron constatar el grado de vigilancia y de la seguridad privada violenta en donde también hasta la policía municipal llegó. Ellos pudieron darse cuenta de que esto es un proyecto impuesto y donde también hay autoritarismo”.
Posteriormente, dijo González, los representantes de la OACNUDH, se trasladaron a la comunidad de Acasico, “ahí pudieron conversar con la gente, constatar violación a los derechos humanos, constatar el incumplimiento de acuerdos de la gente que aceptó irse al nuevo asentamiento nuevo Acasico”.
En respuesta a la convocatoria lanzada por organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, se presentaron organismos internacionales entre los que se encuentran: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogados, después de los resultados del estudio “Jalisco Sostenible, Cuenca Río Verde, de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la decisión del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, que avalan las inundaciones de estas comunidades.
En Río Verde, Jalisco, la cortina que se levanta beneficiará con contratos solamente a las empresas españolas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Abengoa y también a las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes.
Este proyecto hará perder a campesinos y productores por lo siguiente:
-Les cerraran los pozos, con el argumento de que es necesario que la presa se alimente.
-Les obligaran a comprar el agua a costos definidos por la empresa Abengoa y ya no podrán sacarla de pozos, ni podrán captar el agua de lluvia.
-En la mayoría de los municipios de los Altos se prologaran las vedas de aguas profundas y superficiales.
-Los bordos y la captación de agua se volverán alternativas reprimidas por la Comisión Nacional del Agua, con el argumento que el agua de escurrimiento será para El Zapotillo.
-Les quitarán el agua a los campesinos y productores con la que se produce el 88 por ciento de todo el huevo que comemos en México y el 22 por ciento de la proteína animal, poniendo en riesgo el sector productivo rural, la economía y vida misma de más de 800 mil habitantes de la región de los Altos de Jalisco.
La integrante de Imdec dijo que el estudio de la Unops no se contrapone con la visita de la OACNUDH para documentar las violaciones de los derechos humanos. “Al contrario es complementario, porque lo primero que se demostró al gobernador es que Naciones Unidas no avala necesariamente el proyecto El Zapotillo y que hay otras instancias de Naciones Unidas que han reconocido las violaciones a los derechos humanos (…) entonces no pueden reprobar el estudio de Unops y las agencias son independientes, pero sí puede decir que ese estudio no contemplo bien la perspectiva de los derechos humanos”.
También adelantó que la OACNUDH hará un pronunciamiento y se definirá una estrategia para una acción contundente en el tema de la presa El Zapotillo.
El día de hoy comparecerán ante el Congreso de Jalisco en donde se definirá una estrategia con la tema de la presa El Zapotillo.
Con información de: Contralínea y Proceso