Por Christian Rodríguez y Francisco Escamilla
El 1 de agosto se llevará a cabo una consulta popular histórica, encaminada al esclarecimiento de los agravios y las violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado autoritario, con el fin de garantizar la justicia, los derechos y la no repetición. Mediante este procedimiento -promovido por la sociedad civil y luego respaldado por el presidente-, se consultará a la ciudadanía sobre el rumbo que debe tomar la política criminal del Estado Mexicano, para conocer si está de acuerdo en que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen la presunta responsabilidad de los actores políticos del pasado.
Originalmente, la ciudadanía se organizó para notificar al Senado de la República la intención de solicitar una consulta popular para investigar y enjuiciar a los exmandatarios, para lo que debían recolectar firmas de por lo menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (1 millón 800 mil 727 firmas) en un lapso de 14 días.
El último día en que se debían enviar las firmas, Andrés Manuel López Obrador decidió ingresar una solicitud de consulta popular sobre el mismo tema, con la finalidad de garantizar que el esfuerzo ciudadano no se perdiera. Pese a que, en plena pandemia, la ciudadanía reunió más de 2 millones 500 mil firmas, de las cuales el Instituto Nacional Electoral validó 2 millones 116 mil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió primero la solicitud realizada por el Presidente de la República, aprobándola, pero reformulando la pregunta.
Como todas las acciones realizadas o respaldadas por la 4T, la consulta ha provocado reacciones que van desde las legítimas dudas sobre sus alcances, hasta críticas histéricas que impiden escuchar las razones que la sustentan.
En este momento abordaremos y trataremos de dar respuesta a algunos de los señalamientos más repetidos en el tema.
Una de las objeciones más recurridas, ha sido la encaminada a señalar que el objeto de la consulta es decidir si queremos o no que se imparta justicia a los probables responsables de los delitos del pasado. Esto no es así. La consulta no está diseñada para preguntar si la ley debe cumplirse o no, pues tal como lo definió la Suprema Corte, la consulta no tendrá efectos vinculantes para las autoridades de procuración e impartición de justicia, en el sentido de obligarlas a actuar o no; dichas autoridades ya tienen el deber de actuar de acuerdo con sus atribuciones.
Lo que plantea la consulta es la posibilidad de que si el resultado es positivo y vinculante, además de las investigaciones que en su caso realicen las autoridades de procuración de justicia, se obligue tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo a implementar mecanismos complementarios para esclarecer las decisiones políticas del pasado, como pueden ser las comisiones de la verdad.
La consulta promueve garantizar el derecho a la verdad y a la justicia completa. Si los resultados de la consulta favorecen la investigación de las élites políticas del pasado, pueden promoverse comisiones de la verdad en las que participen autoridades y ciudadanía para esclarecer y reparar los agravios sufridos por el pueblo de México a lo largo del periodo neoliberal. Un antecedente de estas comisiones en este gobierno es el caso Ayotzinapa, en el que la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la ciudadanía, constituyó un equipo de trabajo para dar seguimiento e indagar el caso.
Las comisiones de la verdad son mecanismos que han surgido en momentos de transición política de gobiernos autoritarios hacia regímenes democráticos (justicia transicional), para superar los conflictos del pasado mediante el esclarecimiento y determinación de responsabilidades por los abusos de poder. Así, estos mecanismos actúan de manera complementaria a los procesos judiciales, y permiten avanzar en la construcción colectiva de la verdad sobre violaciones de derechos humanos, pero tomando en cuenta el marco histórico, económico, social y político.
Esto es, la implementación de estos mecanismos, además de coadyuvar o provocar investigaciones judiciales, sirven para identificar y erradicar los vínculos que hay entre los poderes políticos, económicos y los grupos criminales, mismos que han generados abusos de manera sistemática y, con ello, disparado la corrupción y la impunidad.
Así, México se sumará a las experiencias por las que ya han pasado varios países latinoamericanos, pero con la ventaja de que aquí surgirá a partir de la decisión directa del pueblo de México, pues de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es de gran relevancia que estos mecanismos se construyan socialmente y no solo desde el gobierno.
Respecto a la postura de la oposición en términos de que la consulta popular es innecesaria, hay que responder con la experiencia latinoamericana, en la que es palpable que la legitimidad de los mecanismos de justicia transicional es una condición necesaria para su buen desempeño. Por lo tanto, es indudable que el pueblo debe ser consultado en este momento y en todo el proceso, en el sentido de que debe darse su participación también en la integración, definición de objetivos, desarrollo y acompañamiento de este mecanismo, para asegurar que las conclusiones a las que se lleguen tengan un efecto útil.
En ese sentido, ante el posicionamiento de la oposición en cuanto a que no tiene ningún sentido la consulta, debe decirse que ésta promueve el debate público y la participación ciudadana. El simple hecho de que se esté debatiendo el tema, ayuda a que la ciudadanía reflexione sobre los asuntos públicos, que se fortalezca la memoria histórica y que se incorporen más visiones en la forma en que diseñamos, construimos, apropiamos y validamos instituciones públicas que, sin participación ciudadana, son estructuras destinadas a fracasar.
Igualmente, la consulta construye ciudadanía. La ciudadanía significa ser miembro de una comunidad política de iguales, en la que se dirimen los asuntos comunes. De esta manera, consultar es reconocer que quienes por décadas han sido subordinados en la vida pública, también deben tener la posibilidad de participar en la política nacional, incluyendo la política criminal.
Por último, hay que decir que el fondo del tema es el temor de las élites políticas y económicas al poder del pueblo. Todo el elitismo político, al que están acostumbradas las clases propietarias en este país, les hizo considerar como legítima la toma de decisiones sin que se someterían al escrutinio público. Por esto, las élites suelen estar dispuestas a pagar cualquier costo con tal de mantener los privilegios de la decisión unilateral.
De esta manera, desde hace décadas se posicionó un discurso que advierte sobre el peligro de una supuesta incompetencia intrínseca a las mayorías que, despectivamente, las élites denominan “masas”. Por esto, no es novedad que este discurso sobre el peligro de las mayorías surja cuando la ciudadanía se organiza y reclama, precisamente, que no es legítimo permitir que esas élites decidan el rumbo de la República a espaldas del pueblo.
Sobre esa supuesta incompetencia intrínseca y peligrosa, que hace de las “masas” materia prima que debe ser orientada y moldeada, basta con recordar que solo se trata de la justificación que se dan las propias élites para legitimar sus posiciones de dominación; sin embargo, donde se suelen vociferar méritos, lo único que en realidad hay son privilegios o ventajas obtenidas gracias a la negación de derechos a las mayorías.
En nuestra opinión, el temor a las mayorías organizadas lo deben tener sólo quienes siempre han mandado en este país, es decir, las minorías cleptómanas que dejaron al pueblo a merced de sus intereses, alianzas políticas y relaciones de clase. Las herramientas de participación política directa, que favorecen la organización popular, siempre son una buena noticia, pues no hay sociedad más libre que aquella universalmente fraterna, es decir, aquella que brinda acceso libre e igualitario al poder en la toma de decisiones públicas.
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