Demandan a la ONU tome medidas para que el Estado mexicano garantice el derecho humano al agua y al saneamiento. Se respeten los derechos a la información, a la participación y a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas ” antes de la entrega de concesiones para la explotación de hidrocarburos, electricidad, minería y recursos hídricos
Leticia Ánimas
Regeneración, 23 de junio de 2015. Huauchinango, Puebla. Organizaciones sociales solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que intervenga para evitar las violaciones del Estado mexicano al derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros.
La petición incluye el nombramiento de cuatro relatores especiales para que velen por el respeto a los derechos al agua y al saneamiento; los de los pueblos indígenas; los humanos y el medio ambiente y otro que conozca de la criminalización que viven los defensores de los derechos humanos en el país.
El documento presentado la semana pasada ante el organismo internacional fue firmado por el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali de la Sierra Norte de Puebla, Fundar, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Tras hacer un recuento sobre la entrega de recursos naturales a empresas nacionales y extranjeras para el desarrollo de la industria extractiva en vastas regiones del país y la puesta en marcha de reformas legales que “institucionalizaron” este modelo económico en detrimento de los derechos de los pueblos y de su territorio, las organizaciones solicitaron a la ONU se tomen medidas para que el Estado mexicano garantice el derecho humano al agua y al saneamiento.
Además pidieron que se le exhorte para que modifique las leyes y las políticas que afectan este derecho y “se garantice el derecho a la información, a la participación y a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables”, incluso antes de la entrega de concesiones para la explotación de hidrocarburos, electricidad, minería y recursos hídricos.
También pidieron que la ONU exhorte al gobierno mexicano a que prohíba las actividades consideradas de alta gravedad en términos de afectaciones al ambiente y a los derechos de las poblaciones, como es el caso de la fractura hidráulica
Debido a que consideraron que se ha violado el derecho a la consulta de los pueblos con el otorgamiento de estas concesiones, se han generado más de 100 conflictos sociales vinculados a actividades mineras como en Carrizalillo, Guerrero; Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Zautla, Ixtacamaxtitlán y Tetela en la Sierra Norte de Puebla.
Mientras que pobladores de los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo Puebla y Tabasco viven en riesgo por el uso del fracking para la extracción de petróleo y gas shale y ya se hay “490 pozos de fracking activos en el oriente del país”, por lo que pidieron que se prohíba el uso de esta técnica.
“Sólo en el estado de Veracruz existen 112 proyectos hidroeléctricos en puerta que han generado conflictos. Asimismo, se han identificado conflictos socioambientales por los trasvases de cuencas en el Río Verde, la cuenca del Pánuco y el Río Yaqui”, detallaron.
Esta situación, indicaron, refleja el incumplimiento del Estado mexicano a los tratados internaciones que ha firmado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y es una amenaza al derecho al agua y al saneamiento.