Luego, Carlos Arias, director de Protección Civil del estado, anunció que un depósito con agua y ácido sulfúrico en bajas concentraciones había tenidofiltraciones
, pero que el escurrimiento estaba bajo control y no representaba riesgo para la gente. Sin embargo, pidió a los habitantes de las zonas por donde pasaban ambos ríos no beber agua ni bañarse en ellos. Para impedir los efectos nocivos de tan peligrosa mezcla, en algunos trayectos del Bacanuchi se colocaron sacos de arena rociados con cal. Dado que en la mina de Cananea también extraen oro y plata en pequeñas cantidades, se cree que en la mezcla derramada había, además de ácido sulfúrico, restos de cianuro y mercurio, sustancias extremadamente peligrosas.
En tanto, la Comisión Nacional del Agua informó que inspectores y especialistas verificaban lo ocurrido y analizaban la calidad del agua de los citados ríos, que al correr hacia el sur atraviesan los pueblos de Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, Mazocahui, Ures y Hermosillo.
El suministro de agua del primero fue suspendido, pues los pozos de los que se extrae el líquido para la población prácticamente están en la margen del Bacanuchi. Los productores de leche se quejaron de que no les recibían el producto porque las vacas beben agua de ese cauce.
La peor muestra de irresponsabilidad la tuvo la empresa que explota la mina. Aunque supo de inmediato del derrame, lo ocultó varios días a las poblaciones que se verían afectadas y a las instancias oficiales. Luego dijo que todo se debió a una falla estructural
de diseño del depósito. Para entonces, las autoridades informaron que el escurrimiento contenía metales pesados, que son carcinógenos, en niveles por encima de la norma. Y que había recorrido ya más de 200 kilómetros del Bacanuchi, pasando luego al Sonora.
La Procuraduría Federal del Medio Ambiente ordenó a la empresa remediar la situación, cubrir los daños ocasionados a los agricultores y ganaderos, así como los gastos de movilización de las autoridades. También limitó el uso del agua de ambos ríos para evitar daños a la salud pública.
Los medios de comunicación se encargaron de mostrar la criminal negligencia de la empresa, la pasividad y descoordinación de las autoridades y las quejas de la gente perjudicada. Entonces apareció el Comité de Operaciones de Emergencia, donde participan instancias federales y locales, para emitir una alerta a la población sin especificar en qué consistía. Y apareció también el gobernador del estado para sugerir al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que se declare zona de desastre a los muncipios afectados, donde 22 mil ciudadanos reciben por medio de pipas cantidades insuficientes de agua para cubrir sus necesidades.
Cuando el problema todavía no se soluciona, el delegado de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente en Sonora, Guillermo Haro, aseguró que dicha dependencia analiza iniciar un juicio de responsabilidad ambiental
contra Grupo México por el derrame, y sancionarlo con 40 millones de pesos. Además de la multa ambiental máxima, 3 millones de pesos, y de otra máxima por 1.5 millones por violar la ley de aguas. También dijo que aún no se ha determinado si los químicos derramados representan riesgos para la salud.
Grupo México, que opera la mina de Cananea, es muy poderoso e influyente. Pronto llegarán otros al país gracias a la reforma energética. Si así van a actuar empresas e instancias oficiales…