Por Víctor Flores Olea/La Jornada*
Es verdad, no parece tratarse en primer lugar de una maniobra gubernamental, sino de la acción de una empresa de comunicación vinculada por muchos intereses al gobierno y que, entonces, en este tiempo en que la lucha por los derechos humanos y ciudadanos, en el sentido más amplio que sea posible imaginar, ha tomado relevancia extraordinaria en todas partes del mundo.
Debemos recordar aún la recientísima agresión a los redactores de Charlie Hebdo, en París, que movilizó a la opinión mundial y francesa a extremos tal vez nunca vistos, con desfiles de millones de personas en la capital francesa y con muchos otros miles más en diferentes ciudades del mundo: ¿la razón? El intento de silenciar una publicación que parecía no convenir ni a la parte francesa ni a una cultura musulmana radical y fanática, pero que levantó las voces de muchos millones de personas en todo el mundo sosteniendo que no vivimos tiempos de silencio obligatorio, impuesto, y que, por el contrario, es necesario abrir los canales de comunicación existentes, en un momento precisamente en que los desarrollos científicos y tecnológicos permiten, como nunca antes, ampliar extraordinariamente los contactos y los medios de comunicación en todos los planos y materias, sin distinción.
Dice nuestro diario La Jornada, en su primera plana del sábado 14 de este mes “Acota MVS facultades a conductores y noticieros”. En la superficie, se trata de discutir diferendos del alcance jurídico de determinadas cláusulas del contrato entre empresas; en el fondo de la cuestión, está inevitablemente el hecho de que los dos colaboradores de Carmen Aristegui que fueron despedidos por la empresa de comunicaciones de Joaquín Vargas Jr. son precisamente aquellos investigadores que obtuvieron lo datos duros sobre el trasfondo que originó el escándalo de la “Casa Blanca de las Lomas”, todavía no explicado convincentemente, y que ha puesto en muy serias dudas el comportamiento de Enrique Peña Nieto frente al conflicto de intereses que parece definir el asunto de la adquisición de tal mansión por parte del Presidente de la República y su consorte. No hay duda que este escándalo, mayúsculo o pequeño, según se le quiera ver, ha sido uno de los motivos más poderosos de la pérdida de prestigio del presidente Peña Nieto ante la ciudadanía. Y no puede evitarse que se vincule ese hecho con el actual intento de Vargas de dar de baja precisamente a los colaboradores de Carmen Aristegui que participaron activamente en la investigación del “caso” de la “Casa Blanca de las Lomas” a que nos hemos referido. ¿Se hizo desde una señal de los Pinos (¿del Presidente?) o de algunos colaboradores suyos de la misma Casa Presidencial que piensan ganar puntos haciendo pendejadas que sólo perjudican a su jefe?
Y también queda pendiente la explicación de las circunstancias de la compra de una propiedad en Malinalco de Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, que también se hizo del inmueble en circunstancias no aclaras del todo a través de la empresa Higa que durante muchos años parece haber sido la preferida de Peña Nieto para este tupo de transacciones y para la obra pública de los gobiernos (des0de su tiempo como Gobernador del Estado de México, y ahora como Presidente). Esa relación comercial, según se ha divulgado, se elevó a decenas de millones de dólares, en provecho de ambas partes, sin que jamás se hayan divulgado las condiciones estrictas de la relación.
En un asunto de fondo tan opaco, se han elaborado un sin fin de hipótesis. Pero es imposible no pensar que la verdadera razón de la baja de dos colaboradores del equipo de Carmen Aristegui no esté relacionada con los hechos mencionados, ya que tal información afectó profundamente el prestigio (convirtiéndolo en infinidad de casos directamente en desprestigio) del propio Presidente. ¿Se trata de una iniciativa que se originó en las oficinas de presidencia?, o fue una iniciativa de Vargas, que inevitablemente confunde los orígenes sin despejar la cuestión.
Como quiera que sea que hayan ocurrido materialmente los hechos, no contribuyen absolutamente a despejar los dobleces que se acumulan en el actual régimen, y no contribuyen un ápice a consolidar el actual régimen, sino todo lo contrario, a su desprestigio y debilidad. Las estructuras de poder actual no debieran olvidar jamás en estos tiempos en que el respeto a los derechos humanos, desde luego señaladamente la libertad de expresión, son algo que nuestra sociedad y probablemente todas las sociedades hoy, han elevado a una categoría de primerísima línea y que cualquier intento de violación en este campo es interpretada inmediatamente como una inadmisible violación a los derechos humanos.
Así ya es en México y no debiera extrañar a nadie los reclamos vigorosos que surjan por su violación o menoscabo.
Regeneracion 14 de marzo del 2015, Fuente: La Jornada Foto: Via @roblesmaloof