Con pavos, pollos y cerdos les quieren pagar a los afectados por Pemex y CFE
Geraldina Lázaro / Boca de Polen, Red de comunicadores
Regeneración, 15 de julio de 2014. En el marco de las discusiones sobre el dictamen en materia energética, la característica de “expropiación” de la tierra ha causado mucho ruido, desde luego entre otros temas.
El artículo 91 de esa ley sostiene que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública, por lo que tendrá preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie del subsuelo. Se impondrá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de terrenos. La contraprestación que recibirán será proporcional a las necesidades del contratista.
Les presentaremos el caso de las comunidades indígenas y rancherías de Oxicaque en el estado de Tabasco. Cabe señalar que la presencia y explotación de recursos petroleros e hídricos por parte de la paraestatal PEMEX y la CFE, respectivamente.
El comisariado ejidal Rubicel López García aseguró que “han causado daños que van de padecimiento mortales hasta la pérdida de sus recursos para sostener la economía familiar”. Y les pagan con pollos, pavos y cerdos, algo ridículo.
En septiembre del año 2007 denuncian las comunidades, comenzó a inundarse paulatinamente parcelas en donde se sembraba maíz, frijol, yuca. También en esas fechas se afectaron pastizales y perdieorn ganado, pues debido al incremento del agua en los terrenos la pastura desapareció, como es de suponerse impacto gravemente la economía y la tradicional forma de vida de aquellas comunidades.
Atestiguaron las comunidades la explosión e incendió del pozo petrolero Terra 123 que se ubica en Oxicaque. Describen que durante los primeros tres días las autoridades de Pemex y del gobierno del estado minimizaron el siniestro llegando a informar que se trataba solo de un quemador.
Finalmente el encargado de Pemex, en Tabasco Carlos Morales Gil, reconoció que el pozo se les salió de control y que tardarían alrededor de 8 semanas para que todo volviera a la normalidad negado el acceso a las autoridades ambientales tanto federal como estatal; Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y SERNAPAM, respectivamente, para que estas pudieran hacer su trabajo.
Dado que no recibían la atención de las autoridades aun cuando bloqueaban los pozos petroleros, las comunidades optaron por acercarse a las organizaciones no gubernamentales. El Centro de Derechos Humanos de Tabasco es uno de ellos. Efraín Rodríguez León abogado de éste órgano precisó que había mesas de negociación sin embargo se suspendieron en marzo de éste año.
De acuerdo con la ley de hidrocarburos que ahora se discute en el Senado de la república, se plantea modificar los artículos 41 y 42, mismos que faculta al Presidente de la República para establecer zonas de salvaguarda en áreas que por sus posibilidades así lo ameriten. Es decir, se da el poder al Ejecutivo federal de disponer del cien por ciento del territorio nacional y el mar patrimonial.
Han expresado diversos senadores que éstas medidas “son un golpe al derecho de propiedad privada, comunal e indígena”.