Violencia contra las mujeres deja 300 feminicidios en 6 años
En 2017 el 67% de los victimarios era pareja sentimental, esposo o concubino
Regeneración, 26 de noviembre del 2018. Violencia contra las mujeres en Chiapas durante el gobierno de Velasco Coello suman 300 feminicidios, como resultado de la ineficacia de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Del año 2012 al 2014 en Chiapas se registraron 144 feminicidios.
Del 2014 al 2017 se contabilizaron 125 feminicidios.
De Enero a abril del 2018 se registraron 14 feminicidios y al menos 17 intentos de feminicidios.
En lo que va del año, San Cristóbal de Las Casas se ubica como la ciudad con mayor número de feminicidios, entre los cuales se encuentran 5 niñas y adolescentes.
La denuncia del delito de violencia familiar en Chiapas se incrementó en un 295% en 2018 en relación con el año anterior, de acuerdo a datos proporcionados por la propia Fiscalía General del Estado.
Es relevante porque en información de las mismas autoridades podemos confirmar que un alto porcentaje de los feminicidios es perpetrado por personas cercanas a la víctima:
En el 67% de los feminicidios perpetrados en 2017 el victimario era concubino, pareja sentimental, expareja, familiar o conocido de la víctima, mientras que en el 33% restante no se determina la relación, sino que se encuentra “en investigación”, pudiendo aumentar el porcentaje referido.
A dos años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, persisten feminicidios
El sexenio de Manuel Velasco Coello termina marcado por el feminicidio en un contexto de impunidad.
Chiapas es uno de los catorce estados con Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, en el que hay nulos avances en proteger los derechos de las mujeres.
La violencia hacia las mujeres en la entidad se profundiza con la pobreza y la pertenencia a Pueblos Originarios, una triple discriminación histórica en el país.
En Chiapas la violencia contra las mujeres tiene como base -además de la cultura patriarcal que prevalece- las condiciones estructurales y sociales no atendidas por el Estado, que vulneran el acceso de niñas y mujeres a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la cultura, a la tenencia de la tierra, a la alimentación, a la participación política, a la libertad de expresión, de movilidad, de justicia y al acceso a una vida libre de violencia.
El Estado ha fingido el cumplimiento de lo ordenado en la Declaratoria de AVG.
El Frayba señaló que la Fiscalía General del Estado, institución encargada de investigar con seriedad, imparcialidad, efectividad y con perspectiva de género todos los casos de violencia hacia las mujeres, ha mostrado incapacidad y falta de voluntad política para coordinar adecuadamente las acciones.
Esto ha generado impunidad, inseguridad y falta de confianza en las mujeres.
Además los feminicidios de mujeres pertenecientes a Pueblos Originarios no son investigados de manera adecuada bajo el argumento de la existencia de “usos y costumbres” o de la conflictividad social que existe en las comunidades indígenas.
Respecto a la investigación existen criterios subjetivos difíciles de probar en las indagaciones del delito, deficiencias de las procuradurías y fiscalías en términos de investigación parcial, forense y ministerial para identificar las razones de género que acreditan los feminicidios disminuyendo las posibilidades de que los responsables sean procesados por este delito y aumenta que sean liberados o tengan sentencias bajas.
Las investigaciones realizadas en los casos de muertes violentas de mujeres, deben ser abordadas en su totalidad con perspectiva de género, en donde sus líneas de indagación tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer para garantizar el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.
La perspectiva de pertenencia cultural es necesaria para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres provenientes de Pueblos Originarios.
El Estado mexicano ha suscrito diversos compromisos de política internacional relacionados a los derechos humanos de las mujeres tanto en el Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, como en el Sistema Interamericano, pero sus mecanismos no son reales, ni efectivos.
Es su deber prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres víctimas de violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial en los diferentes ámbitos de violencia: familiar, laboral, en la comunidad e institucional.
Debe garantizar en todos los Estados y municipios la implementación y efectividad del mecanismo de Alerta de Violencia de Género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.
