Grupo paramilitar con policías estatales y ministeriales nuevamente han incursionan en Cacahuatepec, para detener a opositores a presa La Parota
Regeneración, 2 de septiembre del 2018. Fuentes ligadas a la oposición a la presa La Parota, en el estado de Guerrero denunciaron que fuerzas civiles armadas de la UPOEG así como uniformados ministeriales y estatales ingresaron a los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Temen detenciones de miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).
Buscan impedir que oposición al PRI participe en la elección de autoridades de Cacahuatepec.
La aleta urgente es dirigida a organizaciones sociales ambientalistas, ecologistas y todas aquellas que defienden la tierra el territorio y los bienes comunes.
«La política de terror de parte del gobierno del estado de Guerrero no ha cesado», denunciaron.
En horas de la tarde de 2 de septiembre del 2018,  el «grupo paramilitar la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), al mando de Ernesto Gallardo Grande y enviado por Bruno Placido Valerio, así como policías estatales y ministeriales nuevamente han incursionado el día de hoy a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, con la consigna de detener a miembros del CECOP».
En el caso del grupo que en la denuncia es denominado como paramilitar, es decir, la UPOEG, se le atribuyen ataques armados, asesinato de una familia de siete personas incluidos dos niños: un bebé de 4 meses y otro de un año de edad; entre otros delitos.
Al respecto de la UPOEG, señalaron que «este grupo de paramilitares que se hace pasar por policías comunitarios ingreso de manera violenta el pasado 9 de marzo del 2017 con armas de grueso calibre a territorio los Bienes Comunales con la clara intención de sacar a la policía de CRAC-PC de esta región».
Abundan sobre este grupo que «su actitud hostil y falta de ética, los llevó a cometer diversos delitos contra los habitantes de las comunidades de Cacahuatepec y sobre todo a hostigar a cualquier miembro y simpatizante del CECOP que identificaran».
Esto llegó al límite pues el 9 de junio de ese mismo año, «este grupo de paramilitares asesinó a siete miembros de una familia, incluyendo un bebe de cuatro meses y otro de un año, en la comunidad de San Juan Cacahuatepec, sin que hasta la fecha haya algún detenido por estos arteros hechos».
Por este motivo «se culpa al gobierno del estado encabezado por el gobernador Héctor Astudillo Flores de lo que pueda ocurrir en nuestras comunidades y contra nuestros compañeros y compañeras».
Declararon que esta nueva incursión ahora coordinada entre policías estatales, ministeriales y la UPOEG viene a agravar las hostilidades contra miembros y simpatizantes del CECOP.
Relataron que recientes días la policía ministerial se metió a casa del compañero Clemente en la comunidad de Tasajeras «en un claro revanchismo por la liberación de ocho de nuestros compañeros».
Las agresiones son «sobre todo por nuestra intención de participar en la elección a comisariado de los Bienes Comunales».
Sentenciaron que «si este puesto llega a ser ganado por la fracción priista simpatizante de la presa y los narcocaciques gravilleros que explotan el rio papagayo, intentarán imponer la presa la Parota a costa de la vida y detención de nuestra gente».
Los denunciantes exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores «que retire a estos paramilitares de la UPOEG pues de no hacerlo lo hacemos responsable por cualquier atropello, asesinato, desaparición forzada o detención ilegal contra nuestros compañeros y compañeras».
Recordaron que Cacahuatepec es un territorio que se ha mantenido libre de narcoviolencia y de cuotas pues se encuentra resguardado por la CRAC-PC.
«Pedimos la solidaridad y apoyo de las organizaciones sociales y de los organizamos de derechos humanos y observadores internacionales pues ya no queremos más muertos y detenidos», llamaron al finalizar su comunicado urgente.

La masacre en Cacahuatepec:

Detrás de masacre de Cacahuatepec interés por construir Presa La Parota

Regeneración, 25 de enero del 2018. La masacre en Cacahuatepec contra indígenas nahuas busca desarticular al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) y destruir la organización comunitaria contra el crimen organizado representado por las CRAC-PC.
En entrevista a Regeneración, María de Jesús Pérez Hernández, esposa del dirigente opositor a La Parota Marco Antonio Suástegui relató que el objetivo principal del gobernador Héctor Estudillo es construir la presa La Parota y desarticular a la policía comunitaria.
María de Jesús relató que su esposo Marco Antonio Suástegui ha sido detenido en diversas ocasiones, pero que hoy “esperan lo peor” dada la embestida represiva del gobernador Estudillo.
”En el año 2000 Marco Antonio fue detenido por medio de una emboscada”. El mensaje del gobernador en turno René Juárez Cisneros era claro: “que por lo menos se dejara hacer los estudios” de prospección de La Parota, la respuesta de Suástegui fue contundente: “Prefiero estar preso” y afirmó “el río es nuestra única herencia a nuestros hijos y nietos”, en referencia al río Papagayo en cuyas riberas se pretende construir dicha represa.
En esa primer ocasión por medio de la movilización lograron que se redujera la fianza de 200 mil a 7 mil pesos, mismas que se pudieron pagar y lograr la liberación del dirigente de la CECOP.
Posteriormente el 17 de junio del 2014, Suástegui volvió a ser detenido en Acapulco, donde acudió para visitar a sus familiares, “ahí lo estaban esperando. Desde la noche sus familiares notaron la presencia policiaca, pero ignoraban que se pretendía detener a Marco Antonio”.
Luego de visitar a sus familiares Suastegui subió a su automóvil para regresar a su comunidad, ahí “ fue interceptado por la policía ministerial”, ya en manos de los uniformados fue torturado “lo aventaron bajo un escritorio, ahí lo patearon, lo golpearon, le escupieron y le gritaban: eso te pasa por meterte con el jefe” en referencia al gobernador Ángel Aguirre Rivero, del PRD.
En esa ocasión Suástegui sufrió daños en la columna, le rompieron costillas y le introdujeron objetos debajo de las uñas. Fue esposado de manos y pies, de este modo fue trasladado del penal de la Unión ubicado en los límites de Guerrero y Michoacán, al penal de alta seguridad en Nayarit.
La esposa del dirigente opositor a La Parota relató que Marco Antonio estuvo preso en el penal de alta seguridad durante 9 meses y finalmente fue trasladado nuevamente al penal de la Unión gracias a un amparo de los abogados defensores del Centro de Derechos de la Montaña “Tachinollan”.
Maria de Jesús relató que se hicieron movilizaciones por su liberación, se pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos humanos.
“Y entonces vino lo de Ayotzinapa”, por lo se pidió la renuncia del gobernador llegó al poder Salvador Ortega, quien se comprometió a la liberación de los presos políticos en Guerrero e incluso los visitó en los correspondientes penales. Finalmente, luego de 6 meses Suástegui fue liberado.
El regreso del PRI con el gobernador Héctor Astudillo y el incremento de la violencia
 Antes de narrar los hechos ocurridos en Cacahuatepec, María de Jesús señala que hay un grupo minoritario dentro de los bienes comunales que son financiados por el gobierno y que están de acuerdo con la construcción de La Parota. Y es este grupo que de manera continua a calumniado y atacado a los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (COCEP).
Este grupo financiado por el gobierno es muy pequeño. La presa no se ha construido “por que la mayoría de los pueblos y comunidades firmaron actas en contra”.
La provocación del 7 de enero del 2017, las ejecuciones a manos de la policía ministerial, la tortura y encarcelamiento de miembros de la COCEP y de las CRAC
María de Jesús relata que se trató de algo “muy bien planeado” ya que en el poblado de la Concepción, el comisariado ejidal y su familia mandaron provocar a comunitarios: un joven se orinó frente a las oficinas de la policía comunitaria y cuando varios miembros de las CRAC fueron tras de él y en el camino fueron emboscados y asesinados.
“Adelante iban dos comunitarios y otros grupo más atrás. Iban tras el muchacho para reclamarle su actitud. Y entonces fue cuando comenzaron a disparar, asesinado a un comunitario por la espalda y luego a otro en el pecho”. Fue entonces cuando los comunitarios se defendieron y hubo varios muertos.
La esposa de Suástegui aclara que a la mañana siguiente se encontraban reunidos los miembros de la CECOP, en la Concepción para su reunión dominical.
Refiere que los opositores a La Parota son civiles y que han una lucha política y social en contra de La Parota.
Y comenta que la presencia de la policía comunitaria perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) es un acuerdo de todas las comunidades de la región tomadas en acta de asamblea.
“Aquí no hay robos, no hay feminicidios, no hay narco”, precisamente por la presencia de las CRAC-PC.
En su relato Ma. De Jesús señala que cuando se estaba reuniendo la gente de la COCEP, que abarca a decenas de comunidades, y estando presente Suástegui y otros dirigentes de esa organización en la Concepción, fue cuando la policía ministerial hizo su arribo a dicha comunidad.
Al mando de Esteban Maldonado, comandante de la policía ministerial de Guerrero le dijo a Antonio Suástegi que “iban a arreglar las cosas”, y que se trataba de que “cada quien se llevará a sus muertos”, resultado de la confrontación referida anteriormente y que ocurrió horas antes.
“El comandante Maldonado, hizo creer que iba a conciliar” y luego este comandante de la policía ministerial dio la orden de desarmar a la policía comunitaria presente en la Concepción.
“Llévenselos: vivos o muertos” ordenó el comandante a su tropa, quien procedió a masacrar tanto a policías comunitarios presentes como a los representantes de las comunidades miembros de la CECOP.
“La gente les gritaba a los policías: no les disparen, no tienen armas”, pero los ministeriales procedieron a disparar y torturar a los indígenas ahí presentes.
“A Suástegui lo llevaron rumbo a un cerro, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente”, los ministeriales “querían que disparara un arma” pero Suástegui se negó y por eso lo torturaron hasta dejarlo inconsciente.
La esposa del dirigente opositor a La Parota relata que su compañero fue llevado a Acapulco para ser trasladado al penal de alta seguridad en Nayarit, pero que como el avión estaba averiado, por eso lo llevaron al penal de Las Cruces, donde le fabricaron cargos de homicidio calificado, “también se llevaron a su hermano Vicente y otros dirigentes y miembros tanto de la CECOP como de las CRAC-PC”.
En la actualidad la policía ministerial sigue en posesión del poblado la Concepción, protegiendo al comisariado ejidal y su familia quienes ahora controlan los accesos a la comunidad.
“La policía ministerial ejecutó a tres personas” y no hay nadie detenido. Tampoco hay nadie detenido de quienes iniciaron la provocación en la Concepción.
“El gobernador Héctor Astudillo ha llegado a contratar sicarios para asesinar a Marco Antonio Suástegui” y por ello teme lo peor, ahora que se encuentra nuevamente preso”
La esposa de Suastegui señala como responsable de cualquier agresión que pueda sufrir su familia, directamente al gobernador Astudillo del PRI.
Así mismo reiteró la demanda de las esposas, hijas y familiares de los asesinados para que se haga justicia, se libere a sus familiares presos y que la policía ministerial abandona el poblado de la Concepción, así como el cese de toda persecución a los miembros de la CECOP y de los integrantes de la policía comunitaria CRAC-PC.