Las medidas de AMLO son «locas, descabelladas e irreconocibles», señaló Sergio Enrique Desfassiux
Imagen: La Orquesta
Regeneración, 26 de julio de 2018.- «Sólo la escoria del personal del gobierno se quedará en sus puestos ante el plan de austeridad para la administración pública que ha decidido el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Así lo dijo el diputado local de San Luis Potosí por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Enrique Desfassiux Cabello a la prensa el día de hoy.
El legislador se manifestó en contra de bajar los salarios de las y los altos funcionarios públicos, que es una de las medidas que integran el plan de austeridad del próximo presidente.
Calificó las medidas de austeridad como “descabelladas, locas e irreconocibles”.
“No puedes limitar a gente que tiene una capacidad extraordinaria a decirles que van a ganar 50 pesos. Eso, en un país libre no se puede”, dijo.
Esto, al ser cuestionado por la prensa local sobre la posible eliminación de bonos, gratificaciones, compensaciones y cualquier otro tipo de ingreso extra que tienen actualmente los burócratas mexicanos.
El perredista argumentó que estas medidas incentivarán que los buenos funcionarios se vayan a la iniciativa privada y que sólo se quedarían en dichos cargos los trabajadores más corruptos.
“Todos aquellos que trabajan en Relaciones Exteriores o que trabajan en otros puestos importantes y que se les bajará su salario a la mitad pueden irse al servicio privado, entonces quedará la escoria en el gobierno; a eso se está arriesgando López Obrador, a que sean mal pagados y roben más”, afirmó.
El diputado local también defendió el pago que recibirán los legisladores federales y locales que dejan los Congresos este año y que en algunos casos hacienden a más de tres millones de pesos, por conceptos de fondo de ahorro, aguinaldos, gratificaciones, entre otros conceptos.
“Es un porcentaje que nos quitan de nuestro salario, no le veo ningún problema en ello; él (López Obrador) dice que bajará todos los salarios y beneficios a todos los trabajadores y yo le digo que los que se queden van a ser más corruptos“.
Xóchitl Gálvez también sufre por plan de austeridad
Como informamos ayer en Regeneración, la panista Xóchitl Gálvez, quien será senadora plurinominal por el PRD, cometió el mismo desliz que muchos políticos ya han cometido cuando hablan de las medidas de la austeridad republicana de AMLO, y que básicamente quiere decir: “si me bajan el sueldo me pongo a robar”.
Ello, a pesar de que el tope salarial para funcionarios públicos es de 108 mil pesos mensuales, lo que ganará el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador (el 40% de lo que gana el actual presidente, Enrique Peña Nieto).
Laos busca tener 100 presas para la producción de electricidad y satisfacer el mercado del sudeste asiático. Cuestionan mega obras luego de tragedia
Regeneración, 26 de julio del 2018. El colapso de una presa en Laos, puso en el foco de atención mundial la política de construcción de hidroeléctricas con el fin de exportar la energía eléctrica y que para 2017, ya contaba con 46 centrales de energía hidroeléctrica y 54 proyectos similares en construcción.
En este sentido la redacción de la BBC de Londres hizo una síntesis de los elementos que mas se destacan con relación a Laos y su política de construcción de represas para la exportación de energía eléctrica.
Convertirse en la batería del Sudeste Asiático, señala la BBC, es el objetivo anunciado por el gobierno de Laos; dicha república democrática popular tiene frontera con Birmania, China, Vietnam, Camboya y Tailandia.
“La meta era tener 100 plantas operativas con una capacidad de 28.000 megavatios en 2020, según la agencia de noticias estatal, y aprovechar su situación geográfica para comercializar esta energía con sus países vecinos”, indicó la BBC.
La madrugada del martes, el proyecto sufrió un duro revés cuando una de estas represas colapsó e inundó varias aldeas, dejando un saldo de 26 muertos, más de un centenar de desaparecidos y más de 6.000 personas desplazadas.
La represa que se derrumbó formaba parte del proyecto de energía hidroeléctrica de los ríos Xe-Pian y Xe-Namnoy, valorado en US$1.000 millones según el diario británico The Guardian.
Empezó a construirse en 2014 y aún no estaba finalizado, precisó la emisora londinense.
Financiado por el consorcio PNPC (conformado por la compañía energética de Laos, la de Tailandia y dos empresas de Corea del Sur), los planes incluían el desarrollo de una serie de represas, reservorios y acueductos que sumaban una capacidad de 410 megavatios.
Estaba previsto que el proyecto entrara en funcionamiento en 2019 y que produjera 1.879 gigavatios anuales. De estos, el 90% se exportaría a Tailandia y el 10% restante se vendería a la red eléctrica local.
PNPC iba a tener la concesión de la planta durante 27 años y luego le iba a transferir la gestión al gobierno de Laos, según los acuerdos firmados.
Este es solo un ejemplo del negocio energético que quería extender el gobierno y que ya tiene bastante avanzado: en la actualidad dos terceras partes de su energía hidroeléctrica se comercializa en el extranjero y la electricidad suma casi 30% del total de las exportaciones laosianas, destacó la redacción de la BBC.
Combatir la pobreza
El gobierno de Laos ve en la energía hidroeléctrica una forma de combatir lapobreza en la que vive casi uno de cada cuatro laosianos, según los datos del Banco Asiático de Desarrollo. Estos lo sitúan como el segundo país del Sudeste Asiático con más habitantes por debajo de la línea nacional de pobreza, solo superado por Myanmar.
Aunque, según esta misma institución, sus salarios son tan bajos que el 22,7% de la población laosiana con empleo tenía en 2012 una capacidad de compra menor a US$1,90 diarios. En Myanmar, en cambio, esta cifra se situaba en el 6,4% (datos de 2015).
La mayor parte de los laosianos trabaja en el sector agrario.
Sheinbaum agregó que trabajará en un nuevo esquema «que significaría la modificación del Reglamento de Tránsito, y un esquema que promueva la educación vial»
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México. Detrás, Andrés Lajous, postulado como próximo secretario de Movilidad.
Regeneración, 26 de julio de 2018. La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que su administración sí tiene contemplado acabar con las fotomultas.
Dicha aclaración tuvo que hacerla luego de que medios difundieran una postura ambigua al respecto. «El otro día que hablamos de las fotomultas cada quien tomó su versión», señaló Sheinbaum Pardo en un video tomado por el reportero Samuel Adam.
«Sí se van a acabar las fotomultas», aclaró, «no vamos a romper nuestra promesa de campaña».
Agregó que trabajará en un nuevo esquema «que significaría la modificación del Reglamento de Tránsito, y un esquema que promueva la educación vial».
La Jefa de Gobierno electa @Claudiashein aseguró que NO habrá más fotomultas en la Ciudad y se trabajará en cambios al Reglamento de Tránsito y educación vial… sin abusos
«Proteger al peatón, proteger al ciclista, pero en un esquema distinto que no esté basado en el abuso», @Claudiashein sobre el fin de las fotomultas en CDMX pic.twitter.com/lZhfF006sL
Como nos comprometimos en campaña, se va a acabar con el abuso de las fotomultas. No vamos a romper nuestra promesa.
Le encargué a @andreslajous que diseñe un nuevo sistema basado en la educación vial, que proteja a peatones y ciclistas; que acabe con los abusos a la población. pic.twitter.com/iA6RTtPKLN
Detalló que a su administración le interesa «que bajen los accidentes, proteger al peatón, proteger al ciclista, pero en un esquema distinto que no esté basado en el abuso», es decir, se buscaría la educación vial y no sanciones económicas.
La elaboración de dicho esquema estará bajo la coordinación del sociólogo Andrés Lajous, postulado por la próxima jefa de Gobierno como secretario de Movilidad.
Las jóvenes víctimas, de 20 a 24 años, viven en zonas urbanas, rurales, con o sin estudios de todo el país
Imagen: AP
Regeneración, 26 de julio de 2018. Sea como víctimas de delitos o como ejecutores de tortura, asesinatos, y miembros activos del crimen organizado, los jóvenes engrosan las cifras por muertes violentas en 10 años de guerra contra el narco.
A esto se agrega que la población joven no cuentan con un esquema de acceso a sus derechos (empleo, vivienda, educación, salud), lo cual aumenta el riesgo.
Así lo señala el reportaje de Zósimo Camacho para Contralínea, documento que analiza cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, la publicación da voz a especialistas en derechos humanos que explican por qué son los jóvenes quienes han pagado el costo más alto de la creciente violencia que se vive en México.
A continuación reproducimos una parte del reportaje de Zósimo Camacho.
118 mil jóvenes asesinados en 10 años de “guerra” contra el narcotráfico
En México, contar de 20 a 24 años de vida supone estar en peligro de muerte: 42 mil 251 jóvenes de este rango de edad murieron violentamente en 10 años de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, del total de muertes violentas registradas en el periodo, 118 mil 393 víctimas tenían menos de 30 años.
Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que los saldos mortales de la política pública de combate al narcotráfico se concentraron en las juventudes, ya sean urbanas, rurales, con estudios o sin estudios y de todas las entidades federativas.
Entre 2007 –cuando el entonces flamante presidente Felipe Calderón inició la “guerra” contra el narcotráfico– y 2016, el cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto y el más reciente contabilizado por el Inegi, murieron de manera violenta –es decir, no por enfermedades, accidentes o “causas naturales”–, un total de 304 mil 889 personas. Más de una tercera parte de ellas eran jóvenes.
“A la ola de violencia que se vive en el país en el marco de una guerra contra el narcotráfico, se suma que los jóvenes no tienen acceso a educación, trabajos dignos, salud… a que no hay oportunidades y no hay garantía de que se les respeten los derechos humanos”, explica la abogada Asminda Navarro González, integrante del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Por ello, explica, las muertes y las agresiones contra los jóvenes se recrudecieron en los últimos años.
“En México, las tasas más altas de muertes por homicidio se observan entre los jóvenes, particularmente entre quienes tienen de 15 a 30 años […] y se duplicó la tasa de homicidios en los rangos de edad de 10 a 19 años […]”, había advertido, por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Violencia, niñez y crimen organizado, publicado en 2016.
En el documento, la organización multilateral había señalado que “también en México se han reportado masacres de niños y adolescentes” y que en este país “alrededor de 30 mil menores de 18 años han sido incorporados a las filas de los cárteles del narcotráfico”.
La información del Inegi ahora revela que la mortalidad entre jóvenes es mayor aún. Los números de homicidios de personas menores de 30 años se incrementaron aceleradamente a partir de 2007, cuando inició la llamada “guerra” contra el narcotráfico.
En diversas páginas de internet circulan imágenes (fotografías y videos) de menores de edad empuñando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y participando en enfrenamientos armados o torturas; y también, siendo víctimas de asesinatos y tormentos.
La violencia la padecen no sólo quienes han sido incorporados a las filas de la delincuencia organizada; también la viven quienes participan en actividades políticas. Y, sobre todo, quienes sólo buscan abrirse espacios para encontrar trabajo. Incluso, quienes estudian alguna carrera universitaria.
Universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y privadas, como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se han convertido en escenarios de crímenes contra sus propios estudiantes.
En marzo de 2010, murieron a manos de militares dos alumnos del ITESM en el propio campus central. Mientras, en la Ciudad Universitaria de la UNAM han ocurrido 11 muertes en menos de 2 años.
Y fuera de las casas de estudio, estudiantes también han sido asesinados, como los cuatro alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) que fueron asaltados en la delegación Gustavo A Madero en abril pasado. O los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, de Guadalajara, asesinados en marzo de 2017.
Y es que la “guerra” contra el narcotráfico no explica toda la magnitud del problema.
El doctor en educación por la Universidad de Harvard y exrector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Hugo Aboites, explica que se trata de las consecuencias de vivir en un país profundamente autoritario y desigual.
México ha vivido por varios años “una situación de progresivo avance y profundización de la desigualdad”.
A decir del también catedrático e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la sociedad mexicana seguirá perdiendo a sus juventudes mientras los que detentan el poder sigan gobernando para sí mismos y para seguir acumulando poder.
“Desde el poder se gobierna en favor del poder; desde el dinero, en favor del dinero. Y la gran mayoría de personas quedan excluidas de este arreglo”.
Los excluidos, los sin futuro, quedan a merced de la delincuencia, expone Aboites.
“Cuando hay una desigualdad tan lacerante como la que priva en México, los gobiernos que se imponen son muy violentos, autoritarios. Se favorece el abuso, porque se generan climas de mucha violencia. Hoy en este país vemos muchos casos de pederastia; de abuso en contra de los ancianos; de violencia contra los migrantes; contra las mujeres, pues hay un machismo febril; y contra los jóvenes, a quienes se les niega el derecho a la educación y empleo. Se trata entonces de un sector muy vulnerable: se puede hacer con ellos lo que se quiera, prácticamente.”
De acuerdo con los datos obtenidos del Inegi, sólo durante el sexenio de Felipe Calderón un total de 173 mil 995 personas murieron de manera violenta.
De ellas, 70 mil 5 eran niños, adolescentes y jóvenes. Con respecto del periodo de Enrique Peña Nieto, durante los primeros 4 años fueron muertas violentamente 130 mil 892 personas. Cuarenta y ocho mil 388 contaban con menos de 30 años.
Si bien los saldos mortales se redujeron marginalmente durante los 2 primeros años del peñismo, en los siguientes repuntaron y superaron a los del calderonismo.
“Quienes demandan un cambio en el país son principalmente los jóvenes”, explica el politólogo y sociólogo Valeriano Ramírez Medina.
“Y lo hacen porque saben que tal y como están las cosas en México, no tienen futuro”.
El doctor en estudios políticos y sociales y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM explica que las elecciones federales del pasado 1 de julio fueron definidas por los jóvenes.
“Fue un voto abrumador de todos los sectores, pero los jóvenes en particular decidieron claramente por un cambio de rumbo en el país. Buscan tener un futuro distinto al que hasta hoy era el único: empleos precarios, incertidumbre y pobreza.”
Hugo Aboites, por su parte, señala que la violencia que viven los jóvenes no será distinta si sólo cambian las siglas de los partidos en el gobierno. Tampoco bastará que se abran más universidades si la estructura de desigualdad se mantiene intacta.
“Evidentemente se necesita un cambio en la conducción del país. De lo contrario, el esfuerzo de las universidades se ve contrarrestado por una poderosísima tendencia a acentuar la desigualdad, la violencia, el ataque y el abuso hacia los grupos más débiles de la sociedad.”
Acabar con la impunidad es el primer paso, señala la abogada Asminda Navarro. Pero, coincide, las soluciones deben ser estructurales.
“El Estado ha incumplido en su función de prevenir y también en reparar. Ha abandonado sus obligaciones”. Advierte que mientras la impunidad se mantenga, la situación de los jóvenes se irá recrudeciendo, pues los perpetradores saben que podrán seguir cometiendo crímenes sin consecuencias para ellos.
Revertir esta situación no será un proceso fácil –reflexiona–, independientemente de que un nuevo grupo político asumirá el gobierno federal en diciembre.
“Combatir la impunidad será sólo el principio. Pero detener la ola de violencia contra los jóvenes pasará necesariamente por el desarrollo de políticas públicas enfocadas a este sector y por la aprobación de reformas a las leyes y a la Constitución que atiendan sus necesidades específicas.”
Asminda Navarro aclara que no será con el aumento de penas o la instauración de cadenas perpetuas como se solucionará el problema de la violencia, pues más allá de medidas particularmente para los jóvenes, el sistema de justicia debe funcionar e incluir la reparación del daño y el combate a la corrupción.
Sobre la oportunidad de mejorar la situación de los jóvenes con la llegada de un nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la abogada integrante del Centro Vitoria señala:
“Yo no estaría esperando un cambio por parte de gobierno alguno. El cambio será posible a través de la organización de la sociedad. A eso es a lo que le apostamos: a la organización. Que el proceso electoral fue importante, claro que sí. Hay que tomarlo como pretexto para darle impulso a las exigencias de las organizaciones y de la sociedad civil.”
Tribunal electoral ordenó a Telcel y AT&T, entregar al Instituto Nacional Electoral, la información de las llamadas contra AMLO en las campañas de este 2018.
Regeneración, 26 de julio del 2018. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Otálora Malassis, ordenó a Telcel y a AT&T entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) la información sobre las llamadas realizadas a la ciudadanía durante el proceso electoral en contra del ahora virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Aunque las compañías telefónicas impugnaron la determinación presentada originalmente por el INE, argumentando que éste no cuenta con las facultades para solicitar dicha información, la magistrada presidente del tribunal aseguró que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE sí puede requerir este tipo de datos.
De acuerdo con lo señalado por Otálora Malassis, el organismo tiene la capacidad de pedir dichos datos, pues se trata de una investigación cuyo objetivo es determinar la existencia de responsabilidad entre los partidos políticos y las infracciones denunciadas.
«Esta Unidad Técnica sí tiene facultad a solicitar a las concesionarias el domicilio y nombre de sus suscriptores, siempre y cuando se trate de la investigación de posibles faltas a las normas electorales. Comparto plenamente este criterio. El segundo, y ello justamente porque el fin perseguido por la Unidad Técnica y por las diversas normas, tanto la LEGIPE como la Ley de Protección de Datos, es estar en posibilidad de investigar de manera objetiva las infracciones en materia electoral atribuibles a los partidos políticos, en el presente caso, que por sí mismas tutelan bienes jurídicos de interés público», versan declaraciones de la funcionaria al medio MVS Noticias.
Por su parte, el magistrado Indalfer Infante González manifestó que las empresas tienen un plazo de 72 horas para dar parte del caso, para que de esa forma el INE pueda continuar con la investigación en curso.
Es de recordar que en junio pasado, tuvo lugar una campaña a nivel nacional en contra de Andrés Manuel López Obrador, donde a través de llamadas telefónicas, se alertaba sobre los supuestos «riesgos» de que el abanderado de Morena llegara a la Presidencia de México. Pese a la campaña, AMLO resultó vencedor.
Roberto Vicente Domínguez Zuno llevaba oculto un boleto con su nombre mientras simulaba revolver los demás.
Regeneración, 26 de julio de 2018. Un individuo fue captado en video intentando hacer trampa en una rifa para un auto. Llevaba oculto en la mano un boleto con su nombre, revolvió el resto y después simuló sacar el papel que lo daría como ganador. Posteriormente se descubrió que fue diputado juvenil en Coahuila.
El hecho ocurrió en la Feria Nacional de Durango (FENADU) y se trata de Roberto Vicente Domínguez Zuno, a quien ya conocen en las redes sociales con el hashtag «#LordFraude».
En el video, el propio presentador de la rifa reconoce que «será la primera vez que nos pase», luego de que dice el nombre y datos de Domínguez Zuno, quien simula sorpresa y emoción.
El público presente incluso empezó a sospechar en ese momento, por lo que el presentador les informó que todo había quedado grabado y que analizarían el video.
Tras una hora, el notario Eduardo Campos concluyó que el sujeto en efecto había hecho trampa.
La información apareció por primera vez en El Universal, pero recientemente el medio Vanguardia descubrió que el sujeto había sido diputado juvenil de Coahuila.
El Heraldo de Saltillo proporciona más información y revela que Domínguez Zuno presidió un Congreso Juvenil en 2013 y que estudió en el Colegio América de la ciudad de Torreón.
Luego del deshonesto actuar de este individuo, las autoridades de la Feria de Durango decidieron que las personas que saquen los boletos de las urnas deberán usar mangas cortas. Posiblemente pongan cámaras en el interior de las urnas, además.
Morena en Puebla echará atrás la concesión del servicio de agua, la reforma contra juntas auxiliares, la ley bala y la ley de privatización exprés, entre otras
Por Leticia Ánimas
Regeneración, 26 de julio de 2018. Huauchinango, Puebla. El presidente de Morena en Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, llamó al PRI a que no solamente impugne los resultados de la elección de senadores en Puebla, sino que también “le entre” a la inconformidad por los resultados de la gubernatura y no avale el triunfo de Martha Erika Alonso como lo hizo su ex candidato, Enrique Doger Guerrero.
Luego de que se supo que el PRI poblano recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar los resultados de la elección de senadores en la que resultaron triunfadores los abanderados morenistas, el dirigente estatal de Morena dijo se evidencia lo que ya se sabía: que el candidato priista y quien recibió la constancia de mayoría llegaron a acuerdos antes de la elección.
De visita en Huauchinango, en donde sostuvo una reunión con ex candidatos, presidentes y diputados electos, dio a conocer que en lo que se refiere a la elección de gobernador, se ha encontrado que está “muy sucia, muy manchada” por lo que ya no se busca que se avale el triunfo del morenista Miguel Barbosa Huerta sino la anulación”, además de que citó que en una encuesta, más del 85 por ciento de los poblanos admiten que se percibió un fraude.
Indicó que se están siguiendo varias rutas para lograrlo, la política, la jurídica y la social, dado que ya no se puede limpiar ante el manoseo y la violencia que existió.
Explicó que el caso de la elección a la gubernatura de puebla no ha sido atraído por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pero sí pidió un reporte al Instituto Electoral del Estadio (IEE) debido a que ha estado realizando actividades dilatorias con el fin de “alterar, manosear el proceso por lo que el tribunal pidió reporte de la situación” y pidió esperar la sentencia que puede ser por el mes de octubre.
Criticó que desde antes ya se sabía del sesgo en el trabajo de los consejeros del IEE quienes mostraron su incapacidad y lejanía de los principios de imparcialidad, objetividad y se convirtieron en “viles escuderos del régimen”.
Aseguró que en el Congreso del Estado la mayoría de diputados no van a reconocer el supuesto triunfo de Martha Érika “porque hubo fraude y no se ha permitido que en Puebla se viva la etapa de una nueva época y el estado no se puede quedar atrás”.
No más proyectos de muerte
El también diputado electo, dijo que seguirán el proyecto federal que encabeza el virtual presidente de la república electo, Andrés Manuel López Obrador, de realizar las reformas necesarias para que no haya más proyectos de muerte en los pueblos. “No más proyectos que estén en contra de la voluntad de los pueblos”, recalcó y añadió que en Puebla se sumarán a esta línea.
En Puebla expresó que se echará para atrás la concesión del servicio de agua, la reforma que quita los derechos a juntas auxiliares, la ley bala, la ley de privatización exprés, entre otras.
Gracias a las cámaras de videovigilancia, la SSP de la CDMX capturó a los presuntos delincuentes en San Bernabé
Regeneración, 25 de julio de 2018.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México (CDMX) adscritos a la Subsecretaría de Operación Policial Zona Sur, detuvieron a cuatro sujetos dedicados a la venta de gasolina en la delegación Magdalena Contreras.
De acuerdo con los reportes policiales, gracias a las cámaras de videovigilancia fue localizado el suceso, por lo que se reportó a los agentes en campo sobre la presencia de dos automóviles desde los que se transportaba el combustible de un contenedor a otro.
Al llegar al cruce de San Bernabé, en la colonia Las Cruces, los policías identificaron un vehículo VolksWagen sedán en color azul con placas de circulación MMM-4985 con dos sujetos y un Nissan Tsuru con matrícula 133 YSK dos personas más.
En el sitio les fueron asegurados cuatro bidones de 50 litros cada uno; uno de ellos vacío.
Los detenidos de 17, 22, 18 y 27 años de edad fueron trasladados a la Séptima Procuraduría General de la República (PGR) especializada en hidrocarburos ubicada en poniente 44 colonia Xochimanca en la delegación Azcapotzalco donde se determinará su situación jurídica.
Con este arresto, ya suman cinco detenidos por la extracción y venta de combustible en las últimas 24 horas en la CDMX.
La primera aprehensión fue el 24 de junio en la delegación Azcapotzalco, cuando un joven de 23 años fue encontrado dentro de un panteón con tomas clandestinas.
Policías preventivos hallaron a un hombre que manipulaba ductos de combustible al interior del Panteón Santa Lucía, ubicado en la calle Tezozomoc, colonia Santa Lucía, y luego vieron que saltaba la barda, por lo que procedieron a detenerlo.
Al realizar una inspección en el lugar, los policías percibieron un fuerte olor a combustible que provenía de un ducto.
En el lugar también aseguraron dos camionetas blancas Ford con cuatro tinacos cada una, con una capacidad aproximada de mil litros cada uno. Cinco de ellos estaban llenos con combustible.
Hace unos días, también en Campeche
Tal como lo informó Regeneración, el pasado 15 de julio hubo otra detención de presuntos huachicoleros, este vez en el estado de Campeche.
La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a una red de 15 presuntos huachicoleros, o traficantes de combustibles, en Campeche, Campeche.
Elementos de la PGR aseguraron también alrededor de 30 mil litros de hidrocarburos repartidos en contenedores ubicados en un rancho de Pueblo Nuevo.
En este documento, ambas organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de personas investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública, dieron a conocer que el número de muertes atribuibles a la contaminación del aire en México se ha incrementado casi 60 por ciento entre 1990 y 2015, debido a las altas concentraciones de contaminantes, la gran mayoría vinculadas con el uso de transportes contaminantes como el automóvil.
El riesgo a la salud es peor para niñas y niños. Sólo en 2016 -último del que se tiene registro- las muertes de personas menores de 0 a 4 años representaron 53.4 por ciento del total de muertes por asma en menores de 18 años.
En ese año también se registraron mil 902 muertes por infección respiratoria aguda de niñas, niños y adolescentes.
En 2013, la REDIM publicó un primer informe sobre este tema en el que alertó sobre la urgencia de generar, y homologar en todo el país, políticas públicas dirigidas a mejorar los sistemas de información de los efectos de la calidad del aire en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como en las regulaciones para hacer frente a la contaminación atmosférica en México.
Gobiernos ignoran recomendaciones
Sin embargo, según revela este nuevo reporte, lejos de atender la problemática, el gobierno federal y los gobiernos locales avanzaron a cuentagotas o, en la mayoría de los casos, ignoraron las recomendaciones.
Por ejemplo, no actualizaron las normas oficiales mexicanas que regulan los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes y la calidad de los combustibles, ni las de salud ambiental para homologarlas con los estándares que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tampoco hicieron lo suficiente para formar a niñas y niños sobre las implicaciones y riesgos de la mala calidad del aire; o crear un andamiaje institucional en las entidades que atienda este problema.
Otras deudas son el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del aire en varias ciudades del país; el cruce entre esta información y la de salud pública para hacer análisis; así como la implementación de sistemas integrales de transporte público, y la promoción de sistemas alternativos de transporte no motorizado.
Desde la publicación del primer reporte, casi 85 mil personas han muerto de forma prematura en México debido a la contaminación del aire. Todas estas muertes serían evitables si se cumplieran las recomendaciones de la OMS y otros mandatos internacionales.
Al presentar hoy los nuevos resultados, Greenpeace y REDIM advirtieron que la contaminación del aire es uno de los riesgos más fatales para la salud, por lo que hicieron un llamado urgente para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cumpla su obligación de ajustar las normas oficiales mexicanas para garantizar los derechos de la infancia.
A pesar de haberse promovido dos juicios de amparo, uno de ellos por un grupo de niñas y niños, acompañados por Greenpeace, para que Cofepris actualice las normas de salud, la inacción de esta autoridad ha sido secundada por los Juzgados Cuarto y Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, acorde a las sentencias que dictaron el pasado 12 de julio.
Ante ello, se presentarán recursos de revisión para que los tribunales colegiados de circuito resuelvan, en definitiva, con la posibilidad de que soliciten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que intervenga para atraer uno de estos casos, dada su relevancia a nivel nacional.
Las organizaciones observan con preocupación que mientras el juzgado dilata el acceso a la justicia para las y los niños a través de esta sentencia, cada día que pasa 50 personas de todas las edades mueren por padecimientos vinculados a la mala calidad del aire.
