Organizaciones civiles argumentaron que las autoridades capitalinas «pueden tomar medidas concretas de carácter inmediato que pongan fin a las prácticas irregulares que vulneran derechos” de los damnificados.

Regeneración, 20 de diciembre de 2017.- La Ley para la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México viola los derechos de los damnificados por el sismo, aseguran organizaciones, por ello solicitaron a las autoridades locales que tomen en consideración a los afectados.

“La ley tiene serias limitaciones para la protección y satisfacción adecuada de los derechos de las personas afectadas por el sismo que pueden resumirse en 21 puntos”, dijeron.  

Entre las principales limitaciones de la ley de reconstrucción en perspectiva de derechos humanos, destaca que no fue consultada ni deliberada con las y los afectados, además que no tiene fundamento en un diagnóstico previo de afectaciones ni de riesgo: “es decir, no contempla la necesidad urgente del desarrollo de mapas de peligro sísmico de la CDMX y la estimación de la vulnerabilidad sísmica de todos los inmuebles de la CDMX”.

Además, sus disposiciones se concentran en los daños físicos de los inmuebles (particularmente edificios) y no en los derechos de los y las afectadas y no está articulada con la Constitución de la CDMX, particularmente con el derecho a la ciudad.

Tampoco tiene enfoque diferencial de género, étnico, de discapacidad o para adultos mayores y no contempla la atención humanitaria a las personas afectadas como un problema de la reconstrucción, “y por ello no plantea medidas para garantizar que haya albergues, servicios médicos y psicosociales, redes de acopio, etc., suficientes y adecuadas para suplir las necesidades especiales de la población afectada”, dijeron.

Además, criticaron que el gobierno de la CDMX haya adelantado procedimientos para atender a los damnificados como demolición de viviendas con daños e iniciar el proceso de reconstrucción.

“Dichos procedimientos no tienen fundamento en un marco legal claro y comprehensivo, ni permiten la identificación de las autoridades competentes, sus obligaciones y el modo en el cual se articulan entre sí. Esto se presta para que las autoridades cometan una serie de irregularidades que vulneran o amenazan diversos derechos de las personas afectadas”, entre los que enumeración el cierre y levantamiento de centros de acopio, en ocasiones de forma violenta y sorpresiva, además de la falta de alternativas adecuadas de vivienda temporal o alquileres asequibles.

También, la inexistencia de criterios de priorización que se compartan públicamente para la dictaminación de edificios y la realización de dictámenes de edificios sin criterios claros ni uniformes por parte de diversas autoridades, entre otros.

En un comunicado, las organizaciones mencionaron que “muchas de las limitaciones de la ley de reconstrucción son insubsanables y refuerzan la percepción de muchos/as afectados/as de que a las autoridades no tienen como prioridad sus derechos, generando así el riesgo de revictimización”, pero que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad, todavía pueden hacer frente a algunas de las más graves a través de la promoción de un programa para implementar la ley que “maximice sus potencialidades para proteger derechos y minimice sus limitaciones para lograr ese propósito”.

Asimismo, señalaron que “las autoridades del gobierno de la ciudad pueden tomar medidas concretas de carácter inmediato que pongan fin a las prácticas irregulares que vulneran derechos” de los damnificados.