Una sola familia, Juan Diego Gutiérrez Cortina y sus hijos, poseen 99% de las acciones de la empresa Concesiones Integrales que maneja desde 2013 el servicio de agua potable en Puebla capital y cinco municipios más. Empresario amigo de Salinas y de Peña Nieto, beneficiario del Fobaproa. La privatización del agua en Puebla ha sido el mayor robo del sexenio de Moreno Valle.
Investigación: Mónica Camacho | La Jornada de Oriente
Regeneración, 21 de marzo de 2017. El servicio de agua potable en Puebla capital y cinco municipios de los alrededores se privatizó en 2013 a favor de un consorcio integrado por tres compañías que en realidad son la fachada de una familia que tiene el control de toda la concesión. Se trata del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina y sus hijos, dueños del 99% de las acciones de Concesiones Integrales, mejor conocida por su nombre comercial como Agua de Puebla para Todos, empresa a la que el entonces gobernador Rafael Moreno Valle entregó ilegalmente la concesión del servicio del agua.
Gutiérrez Cortina fue uno de los constructores favoritos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Su empresa, Gutsa, resultó beneficiada con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), considerado el mayor desfalco monetario al país de las últimas décadas.
En la administración de Vicente Fox, su constructora Gutsa, enfrentó juicios por incumplimiento de contrato por los que fue inhabilitada en dos ocasiones para prestar servicios al gobierno federal, a las entidades federativas y a los municipios. La causa: incumplimiento en la construcción de la biblioteca Vasconcelos y obras de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
A pesar de ello, a Gutsa se le entregó el proyecto de la Estela de Luz que mandó construir Felipe Calderón para los festejos del bicentenario de la Independencia en 2010. La obra se presupuestó en 400 millones de pesos y terminó costando mil 304 millones de pesos, tres veces más, según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Uno de los fraudes millonarios del gobierno de Calderón, al que se le llamó la Estela de la Corrupción.
Con Peña Nieto México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó un millonario contrato para la autopista Cuernavaca a una empresa estrechamente vinculada a un contratista que fue inhabilitado para trabajar con el Gobierno tras haber incumplido en dos proyectos, incluyendo una obra en la misma autopista.
La SCT adjudicó el contrato a fines de 2014 a Epccor, propiedad de los hijos del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, que controla Gutsa, firma que está en la lista de negocios sancionados por el Gobierno.
Los accionistas de Epccor, según un documento revisado por la agencia Reuters, son los hermanos José Miguel Gutiérrez Sainz, Juan Diego Gutiérrez Sainz e Ignacio Gutiérrez Sainz, así como dos compañías llamadas Corporativo Técnico Empresarial y Promo-Dinámica.
Los accionistas de Gutsa, según otro documento recibido por Reuters en una solicitud de información pública, incluyen a Juan Diego Gutiérrez Cortina, el padre de los tres, y dos compañías llamadas Administradora Gutsa y Gutsa Construcciones.
Ahora Juan Diego Gutiérrez Cortina ocupa el cargo de presidente de Concesiones Integrales, según el instrumento 51206 del Registro Público de Comercio (RPC) en poder de La Jornada de Oriente, firma que tendrá bajo su dominio la administración del agua en la zona metropolitana de Puebla durante 60 años, con el apoyo de Rafael Moreno Valle.
La potestad de la compañía sobre el recurso hídrico podría extenderse al resto de la entidad gracias a una reforma impulsada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y aprobada por el Congreso de Puebla este año, la cual se encuentra impugnada por 11 municipios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la tachan de privatizadora.
La privatización del agua, el mayor robo del sexenio de Moreno Valle
Gutiérrez Cortina no es originario de Puebla, forma parte del grupo de empresarios vinculados a Carlos Salinas y al presidente Enrique Peña que hicieron negocios en la entidad bajo el cobijo de Moreno Valle (2011-2017), a cambios de apoyo a sus aspiraciones de la candidatura a la presidencia del país por el Partido Acción Nacional (PAN).
La operación que llevó a cabo la administración estatal para privatizar el servicio a favor de Juan Diego Gutiérrez y sus hijos José Miguel, Juan Diego e Ignacio Gutiérrez Sainz inició el 31 de diciembre de 2012 con la aprobación de una nueva Ley de Agua del estado que abrió a la iniciativa privada el manejo de ese recurso.
El 29 de agosto de 2013, el organismo público que tenía el control del servicio, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), inició el proceso de licitación para concesionar sus actividades.
El Soapap falló a favor de Concesiones Integrales el 18 de diciembre de ese mismo año, pese a no se encontraba constituida, por lo que participó en la licitación sin existir legal ni fiscalmente.
El consorcio se conformó legalmente hasta el 23 de diciembre de 2013, sólo 72 horas antes de recibir el título de concesión para administrar el recurso hídrico en Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Tlaltenango por un plazo de 30 años.
En enero pasado, la investigadora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) Argelia Arriaga reveló que el Soapap amplió a Concesiones Integrales el contrato a 60 años, por lo que concluyó que la privatización del agua fue el mayor robo del sexenio.
El entramado empresarial de Gutiérrez Cortina
Concesiones Integrales lo conforman Grupo Agua de México, Epccor Servicios y Tecnología Intercontinental, de las cuales las dos primeras reportaron al RPC que concentran 99 mil acciones de las 100 mil en las que se ésta dividido el consorcio. Son precisamente esas firmas las que se encuentran bajo el control del empresario salinista.
Empresas que conforman Concesiones Integrales
El vínculo de Gutiérrez Cortina con Agua de México y Epccor se estableció en una reseña que la Fundación Teletón USA, con sede en San Antonio Texas, realizó del empresario en su sitio web como miembro fundador de la Fundación Teletón México.
“Presidente y principal accionista de Gutsa Construcciones, Epccor y Agua de México, un grupo de empresas que se dedica a la ingeniería, desarrollo y construcción de diversos proyectos relacionados con la accesibilidad de agua”, describió la organización en una publicación del 10 de noviembre de 2015.
Ese mismo año, el 17 de abril, el diario La Jornada dio a conocer que los propietarios de Epccor son los hijos de Gutiérrez Cortina: José Miguel, Juan Diego e Ignacio Gutiérrez Sainz, a los que se suman como accionistas dos compañías llamadas Corporativo Técnico Empresarial y Promo-Dinámica.
José Miguel Gutiérrez Sainz tiene una participación directa en Concesiones Integrales, debido a que funge como vocal de la compañía y como representante de la sociedad, de acuerdo con los instrumentos 51206 y 91767 del RPC.
Otro de los vocales de la sociedad es Adolfo Gómez García, quien es identificado como vicepresidente corporativo Epccor por La Jornada el 17 de abril de 2015, en la que se cuestionó la entrega de un contrato de obra a esa firma, ante el vínculo que mantiene con la señalada Gutsa Constructores.
La única compañía del consorcio que se libra del influjo de la familia de Gutiérrez Cortina es Tecnología Intercontinental, pero sólo tiene mil acciones de un total de cien mil, es decir, 1 por ciento.
Participación de uno de los hijos de Gutiérrez Cortina en el negocio
Dos décadas de escándalos y fraudes
Los escándalos para Gutiérrez Cortina iniciaron en 1998 por una demanda civil que promovió el empresario Francisco de Paula León contra funcionarios federales de las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo Ponce de León, a los que acusó de privilegiar al grupo Gutsa en la pugna por la propiedad del conjunto inmobiliario World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.
En un reportaje publicado por la revista Proceso se detalla que en 1991 Guillermo Ortiz, entonces subsecretario de Hacienda de Salinas, presionó a de Paula León para obligarlo a vender a Gutsa sus acciones del WTC.
El inconforme acusó a Gutsa de fraude y de causar “un grave perjuicio a las finanzas públicas”, pues declaró al Fobaproa que había comprado el WTC en 189 millones de dólares, cuando a los socios del WTC sólo les pagó 5 millones.
Según de Paula León, el fondo de contingencia absorbió los créditos que la empresa de Gutiérrez Cortina contrajo con Bancomext, del Banco Mexicano Somex y Banamex, con lo que Gutsa formó parte de las 745 empresas y personas rescatadas por el Fobaproa.
En la investigación del semanario se detalló que Gutsa no fue la única compañía de Gutiérrez Cortina rescatada por el Fobaproa. El mismo beneficio recibió Desarrollo Inmobiliario Vía (Divisa) por un adeudo con Bancen por 787 millones de pesos que se incrementó a 11 mil 437 millones por intereses moratorios.
En julio de 2005 fue rematado el remate el WTC por 58 millones de dólares, que equivalían en ese entonces a 630 millones de pesos, “cuando el rescate de ese conjunto inmobiliario costó a los contribuyentes más de mil millones de pesos”.
Irregularidades millonarias en la construcción de obra
Durante las administraciones de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, Gutsa no se libró de las denuncias de corrupción, debido a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó múltiples anomalías en las obras que construyó para esos gobiernos.
Uno de los proyectos señalados fue la megabiblioteca José Vasconcelos, en la que participó esa compañía a través de dos contratos por un monto de 102 millones 126 mil pesos, de acuerdo con otra investigación publicada por Proceso.
Asimismo, se detectaron deficiencias en la construcción de la terminal para vuelos internacionales (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), obra que se adjudicó en noviembre de 2005 a Administradora Gutsa y Gutsa Infraestructura por 519 millones 523 mil pesos.
La primera inhabilitación llegó el 10 de diciembre de 2007 con una duración de un año, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Gutsa Infraestructura actuó de manera negligente en las obras de reparación de la Autopista del Sol, se retrasó hasta mil 200 días en la conclusión de la obra y recibió pagos indebidos.
En julio de 2011 Gutsa fue inhabilitada nuevamente por un periodo más amplio, del 10 de junio de 2010 al 10 de marzo de 2015, por “haber presentado propuestas y declaratoria, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse inhabilitada, no obstante que cuenta con una sanción impuesta por la SFP”.
Aun así, el 1 de septiembre de 2010, ya en el sexenio calderonista, la empresa Impulso Inmobiliaria Integral –filial de Petróleos Mexicanos (Pemex)– amplió a Gutsa el contrato para la construcción de la Estela de Luz en Chapultepec, la cual tuvo un costo final de mil 304 millones de pesos, 952 millones de pesos más del monto que se estableció en un inicio.
Gutsa tenía como fecha de entrega de obra el 21 de agosto de 2010 para los festejos del bicentenario, pero lo hizo hasta el 30 de diciembre de 2011, es decir, con más de 16 meses de retraso.
Privatización del agua, tres años bajo litigio
La privatización del agua se encuentra refutada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual atrajo el año pasado el amparo que promovieron habitantes de Puebla contra esa medida en 2014, por lo que revisará la legalidad de la licitación, así como las tarifas aprobadas por el Congreso local.
Gilberto Vladimir Montalvo González, abogado de los colonos inconformes, explicó en una entrevista que publicó La Jornada de Oriente el 10 de noviembre de 2016, que el objetivo de la batalla jurídica es echar abajo la concesión, debido a que el Soapap la otorgó a través de una licitación que incumplió la característica de ser pública, i b mpidiendo la participación a otras compañías solventes económicamente.
Se persigue además una declaratoria de inconstitucionalidad para los artículos de la estructura tarifaria que posibilitan aumentos mensuales en el costo del servicio hídrico, abundó.
La SCJN también revisará la reforma al artículo 12 de la Constitución local que presentó Moreno Valle antes de dejar el cargo y que entró en vigor el 27 de enero anterior con el fin de facultar al estado para regular las bases y modalidades para el acceso al agua.
Los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, Zoquitlán, Ajalpan, Coxcatlán, Sán Gabriel Xilac, Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia promovieron controversias constitucionales, al temer que la enmienda pretende retirar a los municipios su potestad sobre el recurso hídrico para que el gobierno estatal pueda ampliar la privatización sin requerir su aval. El máximo órgano de justicia del país ya admitió siete recursos para su revisión.
