Claudia López y Angélica Lozano son integrantes del Congreso colombiano. Son mujeres, opositoras de izquierda, combativas y competentes. Pero ninguna de estas características tiene actualmente en medio de un proceso legal a la senadora Claudia López y a la representante Angélica Lozano. Un integrante de la ultraderecha pretende que se les despoje de sus cargos de elección por formar una pareja gay
Rafael Croda
Sus adversarios encontraron en ese aspecto de su vida privada un flanco para atacarlas. Incluso, para pedir a la justicia la pérdida de su investidura como congresistas.
Claudia es senadora. Angélica representante (diputada). Y las dos pertenecen al centroizquierdista partido Alianza Verde, que respalda al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, pero en todo lo demás ejerce un papel opositor y de fiscalización a los poderes y funcionarios públicos.
Angélica ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por una controversia con el poderoso ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez, a quien acusó de alterar a última hora una iniciativa de ley para entregar a los presidentes de las altas cortes (la Suprema de Justicia, la Constitucional y el Consejo de Estado) el manejo presupuestal del Poder Judicial a cambio de que éstos lo elijan fiscal general de la nación.
En un duro debate en el Congreso, la representante reveló que Martínez se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, para fraguar ese intercambio de favores. El llamado “superministro” lo negó, pero luego debió aceptar que esa cita sí se produjo.
Lozano, abogada por la Universidad de La Sabana, manejada por el Opus Dei, está habituada a las inclemencias del debate político desde la orilla de las minorías. En esa conservadora casa de estudios tenía fama de izquierdista. Y ha sido una activa defensora de los derechos humanos y de la diversidad sexual, lo que le ha valido descalificaciones, mofas y maltratos físicos. Ella se asumió hace una década como bisexual y desde entonces ha dado la cara como tal.
“Nunca he necesitado salir del clóset porque siempre he estado afuera”, dice la legisladora a Proceso.
Su novia Claudia López, por su parte, fue la senadora que más votos obtuvo en los comicios de 2014, en los cuales inauguró su participación en política. Ella es una académica y analista de temas de seguridad que cobró notoriedad nacional en 2005, cuando sus investigaciones sobre el paramilitarismo develaron una alianza entre esos grupos ilegales y dirigentes políticos de primer nivel.
Sus revelaciones llevaron a la justicia a procesar a 199 congresistas por sus vínculos con grupos narcoparamilitares. De ellos, 43 han recibido condenas por delitos que van desde homicidio, tortura y secuestro, hasta desaparición forzada, y el resto se encuentra bajo juicio o en etapa de instrucción judicial.
Además, 355 funcionarios públicos, entre ellos alcaldes y gobernadores, están sentenciados o sometidos a juicio. Este escándalo, que se conoce en Colombia como la “parapolítica”, ha tocado a cercanos excolaboradores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien Claudia llamó “sanguijuela” en una sesión del Congreso.
Las investigaciones de la senadora le han generado decenas de enemigos ligados a estructuras mafiosas. Se trata de políticos acusados de mandar asesinar a sus adversarios y de capos de bandas criminales para quienes la ejecución de sus enemigos es parte del negocio.
La combativa congresista es objetivo militar del exgobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez, quien está detenido como autor de varios homicidios, y del cómplice de éste, el narcotraficante Marcos Figueroa, Marquitos, capturado en octubre pasado en Brasil.
Los riesgos de que asesinen a Claudia son tan extremos, que cuatro de sus más de 10 escoltas la deben custodiar incluso en el interior del Congreso, donde nunca se mueve sin ellos por los pasillos. Algunos de sus colegas senadores han estado involucrados en las amenazas en su contra y la legisladora sabe que uno de ellos llegó a pagar para matarla. Ella señala que no quiere toparse con él sin protección en algún corredor del recinto legislativo.
Ya sobrevivió a un cáncer de seno y, según dice, “no me resulta extraño vivir con la muerte rondándome de cerca”.
Lozano, quien tiene dos escoltas y un vehículo blindado, no deja de preocuparse por lo que le pueda ocurrir a su pareja y correligionaria. Pero piensa que los riesgos son inherentes al talante de la actividad política que ellas desarrollan y, por tanto, hay que asumir que ese oficio y su condición de novias gays las expone por igual a la furia de mafiosos y de ultraconservadores.
“En general, las mujeres en Colombia son más berracas (cabronas, valientes) que los hombres. Les ha tocado sacar adelante a sus familias porque este es un país de huérfanos, por la violencia, por el conflicto armado, y 40% de los niños viven sólo con la mamá”, asegura.
La demanda
En estos días, las dos congresistas han debido distraerse de sus funciones legislativas para acudir a los tribunales a defenderse de una demanda presentada en su contra por el abogado y miembro de una Iglesia evangélica, Víctor Velásquez, quien solicitó al Consejo de Estado despojarlas de sus investiduras como parlamentarias por el hecho de ser pareja y vivir, según el alegato, en “unión permanente”.
Velásquez, quien ha sido dos veces senador al relevar a copartidarios suyos despojados de su curul por cargos de “parapolítica”, argumenta que Lozano y López violaron una ley que prohíbe presentarse a elecciones legislativas a las parejas vinculadas por matrimonio o unión permanente si son postuladas por el mismo partido en los mismos comicios.
Las dos demandadas fueron postuladas al Congreso por la Alianza Verde y ambas se presentaron a las legislativas del 9 de marzo del año anterior, pero ellas sostienen que su noviazgo nunca ha configurado una “unión permanente” pues vivieron en países diferentes los dos años previos a su elección como congresistas, lo cual está suficientemente probado.
López residía en Chicago, donde cursaba un doctorado en ciencia política en la Universidad Northwestern. Entre 2011 y 2013 tuvo su domicilio en esa ciudad estadunidense y así consta en los contratos de arrendamiento que exhibió ante el Consejo de Estado.
Lozano, por su parte, radicaba en Bogotá, donde en esos años se desempeñó como concejal de la ciudad. “Teníamos un noviazgo de chat, Skype y vacaciones, nunca una unión permanente ni una unión marital de hecho”, dice.
López asegura que entiende “el odio, discriminación y desprecio que le inspiro a Velásquez, pero la ley no está hecha para ejercer las animadversiones personales. Yo soy una mujer feliz, estoy felizmente enamorada de una mujer maravillosa y soy felizmente soltera”.
De acuerdo con la senadora, la demanda de Velásquez “y los que están atrás no responde a que están preocupados por el cumplimiento de la ley, sino que quieren destruirme por ser quien soy, por mis denuncias y las condenas de la ‘parapolítica’”.
Para la politóloga de 44 años, los adversarios de ella y su pareja “pretenden, con una demanda infundada y temeraria, hostigarnos por nuestras opiniones y orientación sexual”.
Al comparecer ante el Consejo de Estado el pasado 19 de mayo, señaló: “He venido ante este estrado a defenderme de la homofobia, de la discriminación, del hostigamiento, del abuso del derecho y del ejercicio abusivo y contrario a la ley”.
Sostuvo que no tiene ninguna relación marital ni unión de hecho con nadie y, por tanto, no hay causa alguna que perseguir.
Velásquez, quien ha sido candidato en tres elecciones legislativas y en todas ha sido derrotado, presentó como “pruebas” de la supuesta unión marital de hecho entre las legisladoras tres artículos periodísticos en los que ellas hablaron de su noviazgo, entre ellos uno de la revista de sociales Jet Set.
Muro de contención
Ambas confían en que el Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, fallará a su favor. El proceso puede demorar algunos meses.
No es insólito que la justicia aborde casos de minorías sexuales. En Colombia las cortes han jugado un papel muy importante en materia de normas antidiscriminatorias. Sus fallos han contribuido a que las parejas del mismo sexo tengan derecho a heredar, a recibir pensión de sobreviviente, a adoptar hijos biológicos de su conviviente y a casarse mediante un vínculo contractual ante juez o notario.
En cambio, la Procuraduría General de la Nación ejerce una persecución contra todos los jueces y notarios que se atreven a realizar esos casamientos, a quienes les abre procesos disciplinarios. Además promueve ante los tribunales todo tipo de recursos contra las leyes que favorecen los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI).
El procurador Alejandro Ordoñez opera como un muro de contención ante la tendencia del Congreso y las altas cortes de reconocer los derechos de las minorías sexuales colombianas.
El poderoso funcionario, un ultraconservador que admira a los cristeros mexicanos y que –según una investigación del periodista Daniel Coronell– en su juventud quemó libros de autores clásicos por considerarlos “pecaminosos”, no tiene reserva alguna en utilizar la institución que preside para velar por lo que, según sus creencias, son “la moral y las buenas costumbres”.
De acuerdo con Claudia López, “este señor es absolutamente consistente en sus posiciones cavernarias; abusa de su poder, es arbitrario y puede que nos caiga mal, pero no tiene ningún sesgo de hipocresía: él es quien es, de frente”.
Paradójicamente la procuraduría pidió al Consejo de Estado desestimar la demanda contra Angélica y Claudia. Pero no lo hizo por velar por los derechos de las legisladoras, sino que esgrimió un argumento homofóbico: como las parejas del mismo sexo “no existen ante la ley”, es imposible que se configure la unión de hecho que alude el demandante.
Y es que, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, los avances que registran en Colombia los derechos de la comunidad LGBTI encuentran fuertes resistencias de sectores conservadores y jerarcas religiosos tradicionalistas que ejercen gran influencia social.
Una encuesta de Gallup indicó en marzo anterior que sólo 33% de los colombianos está de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo y 62% lo rechaza.
La Corte Constitucional tiene en su agenda de este año dos debates cruciales para las minorías sexuales: el del matrimonio gay y el de la adopción de parejas homosexuales, que hoy rigen con limitaciones y lagunas legales. Un fallo a favor daría vigencia plena a estos derechos y pondría a Colombia entre los países latinoamericanos más tolerantes con la comunidad LGBTI.
La doble moral
El noviazgo entre las congresistas no es el único de este tipo en la administración pública colombiana. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, reconoció el año anterior en público que tiene una relación sentimental con la ministra de Educación, Gina Parody. Dijo que el presidente Juan Manuel Santos las designó en esos cargos por sus capacidades, sin hacer preguntas sobre su vida privada.
En una entrevista con la radio RCN, Álvarez sin embargo cuestionó: “¿Por qué estas preguntas no se las hacen a los hombres? ¿Cuántos hombres con tendencias como la nuestra han estado en los gabinetes?”.
Lozano, de 39 años, considera que no es casual que sean mujeres políticas quienes se atreven a hablar de su orientación sexual.
“No son dos ministros –afirma– ni dos hombres congresistas gays los que están hablando públicamente de sus relaciones. Aquí lo que hay son maricas en política, y muchos, pero en el clóset siempre. Aquí ha habido ministros, presidentes y congresistas maricas, pero se mueren del susto de salir del clóset. En cambio las mujeres somos más berracas en política para asumir costos altos.”
–¿Los hombres gays en la política son más temerosos de revelar su condición?
–Estoy siendo simplista y estoy haciendo una generalización injusta, pero te puedo nombrar 15 congresistas gays de los últimos 15 años. Todos son de clóset. O relativamente de clóset, porque en el Congreso se sabe, en el mundo político se sabe. Ellos son cobardes. Las viejas no, ni las de izquierda ni las de derecha ni las de centro.
“Aquí hay senadores –agrega Lozano– que han acosado sexualmente a sus escoltas. Me lo han dicho otros senadores, y un escolta también me lo contó. Eso es delito. Eso lo sabe medio Congreso, pero eso no lo denuncian. Lo cuentan como un chiste.”