El Fiscal de la Fepade, Santiago Nieto denunciar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, porque lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia en el caso de presunto desvío de recursos de Odebrecht en favor del PRI y Peña Nieto en 2012.
Regeneración, 20 octubre 2017.- La Procuraduría General de la República (PGR) removió de su cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) a Santiago Nieto por denunciar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, porque lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia en el caso de presunto desvío de recursos en favor del PRI para las elecciones de 2012.
El argumento que dio la procuraduría en un comunicado es que el servidor público “trasgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”, sin dar más detalles.
Durante los últimos días, Nieto Castillo declaró al diario Reforma que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2012.
Nieto dijo al periódico Reforma que la carta «refleja en gran medida la impunidad».
El abogado de Lozoya negó la afirmación de Nieto y aseguró que sí envió una carta, pero en la cual no se pedía impunidad, sino una aclaración, o que lo citaran para aclarar imputaciones de la Fiscalía.
La PGR detalló que la destitución la realizó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, con base en la Ley Orgánica de la institución y su reglamento.
«La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto», concluyó la dependencia en el comunicado.
En agosto pasado, la FEPADE anunció el inicio de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 contra de Lozoya Austin, por el presunto financiamiento ilícito de 10 millones de dólares a la campañas electoral de Enrique Peña Nieto con recursos de procedencia ilícita, supuestamente provenientes de sobornos de Odebrecht.
Aunque se dijo que se citaría a declarar al exdirector de Pemex, hasta el momento no se ha concretado su comparecencia, por lo que el exfuncionario decidió proceder por la vía del amparo.
Aristegui Noticias reprodujo el pasado 14 de agosto un fragmento del reportaje de Raúl Olmos en Mexicanos contra la Corrupción en en que se señalaba que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvieron copia de estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua propiedad de Odebrecht en los que aparecen siete transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding, la cual ha sido señalada por un delator de la constructora brasileña como la empresa a través de la cual se pagaban sobornos a Lozoya.
Las transferencias equivalen a 40 millones de pesos, al tipo de cambio de aquel entonces.
El dinero fue enviado desde la cuenta 244006 del Meinl Bank, ubicado en la isla de Antigua, a nombre de la compañía ‘fachada’ Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), que era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos.
La misma cuenta había sido utilizada entre octubre de 2010 y febrero de 2011 paratransferir casi un millón de dólares a una compañía ‘fantasma’ establecida en Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss Company SA de CV, detrás de la cual opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, según constató MCCI.
El diario brasileño O’Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab revelaron el contenido de la delación premiada del ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, en la que éste aseguró que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya, y que en ese encuentro el entonces integrante de la campaña presidencial de Peña Nieto le solicitó cinco millones de dólares como pago por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, en donde Odebrecht asentó su base de operaciones.
Odebrecht aceptó pagarle sólo cuatro millones de dólares. Según el delator, Lozoya le dio el nombre de Latin American Asia Capital Holding, establecida en las Islas Vírgenes, para que le hicieran las transferencias a una cuenta que tenía en el banco suizo Gonet et Cie.
Según Weyll, aceptaron pagar el soborno porque Lozoya se perfilaba como un funcionario influyente en el próximo gobierno de Peña.
“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales. Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, declaró Weyll a los fiscales brasileños, según la delación difundida por O’Globo.
Una vez que Peña asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2012, Lozoya fue designado director de PEMEX y desde esa posición negoció otros 6 millones de dólares en sobornos, a cambio de obras en Tula, de acuerdo con la versión del delator citada por El Quinto Elemento.
Raúl Cervantes, quien fuera titular de la Fepade hasta el pasado lunes 16 de octubre, indicó a senadores que había concluido las investigaciones sobre el caso Odebrecht.
En los últimos meses, Santiago Nieto también había conseguido órdenes de aprehensión en contra de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por el presunto desvío de recursos del erario público a campañas electorales.