En un documento señalan que en febrero se firmó un convenio entre la PGR y el GIEI en el cual se establecían las bases para realizar este nuevo estudio.
Regeneración, 1 de abril de 2016.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió un posicionamiento en el que señala que la Procuraduría General de la República (PGR) rompió el acuerdo sobre el nuevo peritaje del basurero de Cocula, Guerrero, al asumir una «decisión unilateral» que viola lo convenido.
En un documento de dos cuartillas señalan que en febrero se firmó un convenio entre la PGR y el GIEI en el cual se establecían las bases para realizar este nuevo estudio.
Además se estipuló que los peritos debían guardar confidencialidad sobre el trabajo realizado y que todas las fases del estudio se realizarían de consenso.
Destaca que el GIEI «considera roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero, visto la falta de cumplimiento del acuerdo de Washington y de los acuerdos tomados para este caso en el camino. También supone una ruptura de los criterios establecidos en las bases del estudio».
El grupo de expertos lamentó «profundamente esta forma de cambiar la dinámica de diálogo y consenso que hemos mantenido con la PGR en estos meses, en una de decisiones unilaterales y que violan los acuerdos tomados. El GIEI señala además que esas declaraciones no reflejan el consenso sobre el contenido ni el proceso de trabajo de un informe que es provisional».
Por ello, agregó, que «reconsiderará su trabajo en función de estas respuestas y llevará a cabo las acciones que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso».
Recordó que el 6 de septiembre de 2015, el GIEI, presentó el Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones. En él concluía que no existía evidencia de que los 43 estudiantes fuesen incinerados en el basurero municipal de Cocula en el tiempo, circunstancias y condiciones señaladas.
Ante las conclusiones, la PGR manifestó su deseo de hacer un nuevo estudio, para lo cual solicitó el apoyo del GIEI. En el acuerdo suscrito con el gobierno de México en octubre de 2015, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecía que se apoyaría la realización del mismo con las siguientes condiciones:
“En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consensúe el modo en que se realizará el estudio”.
El documento destaca que hoy el equipo de expertos en fuego entregó un estudio preliminar de sus conclusiones. «Tras la entrega se entró en un proceso de diálogo sobre los pasos a dar. Es importante señalar que el GIEI tenía un acuerdo con la PGR para manejar conjuntamente y por consenso cualquier paso en relación con dicho estudio».
El GIEI, agrega, señaló que si se quería transmitir un mensaje proponía una metodología a seguir: 1) que los expertos en fuego escribieran su mensaje de consenso y se consultara entre todos ellos para asegurar que no había problemas o confusiones en el contenido; 2) que dicho mensaje consensuado se enviaría a la PGR y el GIEI mañana mismo; 3) que conjuntamente se decidiría qué respuesta dar a sus peticiones de hacer público dicho acuerdo o la respuesta en los dos o tres días posteriores.
En la reunión se enfatizó que «uno de los expertos no podía salir públicamente a hablar en nombre del grupo colegiado sin presentar de manera clara a los integrantes del mismo y sin explicar por qué habían sido elegidos, información que el GIEI había propuesto hacer desde el inicio, dada la importancia del trabajo que harían».
Cuando parecía que se había alcanzado un consenso, enfatiza el GIEI, sobre los puntos antes mencionados, «se nos dijo sorpresivamente que la decisión que se había tomado era de que el Señor Torres saliera públicamente. Advertimos a la PGR que eso suponía la ruptura de dos acuerdos: el de confidencialidad del proceso hasta tener resultados y cómo transmitirlos; y el de tomar las decisiones mediante el diálogo y el consenso entre PGR y GIEI».
Torres señaló al GIEI que en todo caso «su mensaje era para decir que no se había podido determinar si el hecho habría ocurrido o no, y que el equipo necesitaba nuevos estudios y pruebas experimentales para determinarlo.
Sin embargo, su mensaje hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI y, más grave aún,señalando públicamente cosas que no fueron las explicadas al GIEI durante la reunión, ni son de consenso de los expertos de fuego».
Es claro, subraya el grupo de expertos, que alguien tomó la decisión de romper dicho acuerdo de consenso y de no escuchar las propuestas hechas por el GIEI, tomando una decisión unilateral por parte de la PGR.
Con información de La Jornada.