La Ley 3 de 3 podría ser usada como una herramienta de control del poder económico sobre el gobierno: el control de la oligarquía sobre un Estado ya muy debilitado.
Regeneración, 16 de junio de 2016.- El requerimiento propuesto de última hora en el Senado, sobre la presentación de declaraciones fiscales, patrimonial y de intereses por parte de toda persona física y moral que tenga contratos con cualquier tipo de entidad gubernamental, es excesivo, consideró este jueves el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La medida, según Juan Pablo Castañón, presidente nacional del CCE, es excesiva, ya que no contribuye a prevenir y sancionar la corrupción y “es completamente inaplicable en la práctica”.
Expuso que durante todo el proceso de discusión en los últimos meses, nunca fue un tema de debate la inclusión de la obligación de presentar la Ley 3de3 por parte de personas físicas y morales, en los grupos de trabajo con las diferentes bancadas.
Según el CCE, la corresponsabilidad del sector privado en el fenómeno de la corrupción sí está contemplada y sancionada severamente dentro de la Ley 3de3.
Sin embargo se olvida el origen de esta “iniciativa 3 de 3”, surgió en 2015 con la creación de una plataforma en donde los candidatos a ocupar puestos de gobierno podían hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses; y se encontraba bajo el control del poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quienes redactaron la propuesta de la mano del IMCO y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los organizadores son todos grupos empresariales, instituciones educativas privadas y asociaciones civiles ligadas a la derecha, como Mexicanos Primero. No existen pronunciamientos de ciudadanos independientes que respalden esta iniciativa por lo que no se le puede considerar verdaderamente ciudadana.
Sin embargo, la iniciativa no contempla las mismas sanciones para las empresas que promuevan la corrupción y se limita a enumerar una serie de “medidas preventivas para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción”.
Esto es notable pues en su clasificación de actos de corrupción aparece el soborno, tráfico de influencias y uso de información confidencial para beneficiar a intereses privados, ya que hay que tomar en cuenta que la corrupción política no se hace sola, en nuestro país el grueso de los casos de corrupción se ejecutan entre servidores públicos y empresas. O en su defecto cayendo ambos en complicidad para sacar adelante las privatizaciones.
Así, la Ley 3 de 3 no busca promover la transparencia en las relaciones del sector privado con la administración pública, por lo tanto, podría ser utilizada como una herramienta más de presión y control de los grupos de poder económico sobre el gobierno: el control de la oligarquía sobre un Estado ya muy debilitado.
Los promotores de la Ley 3 de 3 utilizan una imagen que pretende ser esclarecedora: “pedirle a los políticos que resuelvan el problema, es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido. Sin embargo, parecen querer minimizar el hecho de que el sector privado es también uno de los jugadores más destacados en este “juego.
Por lo tanto la transparencia no sólo compete a los funcionarios sino también a todos los ciudadanos más si son proveedores de los gobiernos y entidades privadas que reciban recursos públicos.
Fuentes: EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA.