CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS
Comunicado Prensa
México, D.F. a 3 de febrero de 2014. Es inaceptable que desde el Gobierno Federal cuando se habla de una reforma para el campo se prioricen los cambios legales a la tenencia de la tierra que permitirían facilitar la privatización de los territorios y tierras de los pueblos campesinos e indígenas, además de facilitar el acceso y apropiación de tierras por parte de mineras, hidroeléctricas, eólicas, forestales, turísticas, inmobiliarias, etc.
Es muy grave que el Gobierno Federal asuma la agenda y los intereses de las grandes empresas agroalimentarias, y que a través del Consejo Nacional Agropecuario, principalmente, promuevan medidas que llevarían a un mayor despojo de los recursos de campesinos e indígenas y que estos se conviertan en peones en su propia tierra subordinados a las necesidades de producción y servicios de estas empresas.
Sobre esto es necesario recordar nuestra historia y que la nación mexicana durante miles de años ha sido un territorio de pueblos campesinos e indígenas que con el aumento de la producción agrícola crearon una de las civilizaciones originarias y un alimento extraordinario como es el Maíz.
Aun cuando en la época colonial con las afectaciones por epidemias y la explotación desmedida se dio una fuerte disminución de la población indígena y que después con las reformas liberales y las concesiones a empresas extranjeras se generó un proceso de despojo de muchos pueblos campesinos, ya para inicios del siglo XX se tenía una fuerte movilización campesina que llevó a derrotar a los hacendados y sus aliados, y obligar al nuevo régimen político a un extensa reforma agraria que trasladó la mayor parte del territorio nacional a los campesinos. Posteriormente y durante varias décadas los campesinos contribuyeron al fuerte crecimiento de la economía nacional de manera destacada con la producción de alimentos, materias primas y otros productos. Sin embargo desde los 80s se inició a nivel mundial un nuevo modelo de liberalismo económico que fue aceptado y promovido por los Gobiernos en México, lo cual llevo a un mayor poder de las empresas agroalimentarias que han impuesto sus intereses. Para las familias campesinas e indígenas esto ha significado en los últimos años un fuerte deterioro en sus condiciones de producción y de vida, se han tenido menos precios para los productos agrícolas, pecuarios y forestales, se desplomó el financiamiento a la producción, se desmanteló a las instituciones públicas que atendían el campo, se dio un fuerte aumento de precios en los insumos como fertilizantes y semillas, se disminuyó en términos reales el presupuesto público asignado al campo y se fomentaron las importaciones de productos supuestamente más baratos que llevaron a la casi desaparición de cultivos como el arroz y otros.
En los últimos años se ha privilegiado los apoyos asistencialistas por sobre la producción campesina.
Pese a las condiciones adversas señaladas, los campesinos siguen conservando la gran mayoría de sus tierras y no se dio el proceso de privatización que se impulsó desde 1992 con las reformas al Artículo 27 constitucional.
Las familias campesinas con estrategias de diversificación de ingresos, la inversión de remesas y otros ingresos extra-agrícolas y a costa de su propio empobrecimiento han logrado mantener un nivel importante de producción agrícola y de otros productos. Esto prueba que los pueblos campesinos e indígenas de México quieren seguir viviendo en el campo, conservando su cultura y su modo de vivir. La falta de condiciones adecuadas para la producción llevo a que en las últimas décadas muchos campesinos tuvieran que migrar, pero conservando sus lazos con sus lugares de origen, también a que muchos jóvenes no tengan posibilidades de tener empleo y condiciones de vida digna en sus pueblos lo cual los lleva a buscar trabajo en otras actividades.
Los pueblos campesinos e indígenas han hecho una contribución fundamental en la construcción de nuestra nación y su identidad cultural.
Es por ello que no se vale que el Secretario de Agricultura Enrique Martinez y Martinez diga que el 77% de las parcelas de menos de 5 hectáreas es inviable para la producción agropecuaria, se dice muy preocupado porque desde 1992 sólo el 3% de la propiedad social se ha privatizado, que esto dificulta la Asociación y el ser sujetos de créditos, y que por lo tanto se debe buscar con las reformas jurídicas, un tránsito más rápido de la propiedad social a la privada.
Es muy grave que el Secretario de Agricultura no cumpla su responsabilidad como Funcionario, de ver el interés público y asuma los intereses de las grandes empresas de privatizar a cualquier costo las tierras de los campesinos. La visión de la SAGARPA es que los campesinos para que sean más productivos y competitivos deben “clusterizarse”, o aglomerarse para que produzcan más y a menores costos los productos que requieren las empresas, las cuales serían las que podrían dar el valor agregado.
Hay una visión anti campesina en la SAGARPA y que atenta contra la voluntad mayoritaria de los campesinos mexicanos. Dicen que ya están trabajando con legisladores para avanzar en la reforma mencionada, por lo que sería de esperar que promuevan una situación similar a la reforma energética que fue impuesta pese a la oposición de la mayoría de los ciudadanos mexicanos.
Los campesinos de México pueden producir los alimentos y otros productos que requiere el país, incluso para la exportación pero se requieren condiciones más favorables, con mecanismos que puedan llevar a precios justos y remunerativos, con financiamiento a tasas bajas, con mayor inversión pública para el fomento de la producción, con insumos a precios accesibles, con la regulación de importaciones dañinas a la producción nacional, con el fomento a un mayor consumo de alimentos nacionales, nutritivos, sanos y de calidad, además de fomentar la asociación de los productores y que puedan manejar directamente la comercialización, el financiamiento y sus propios proyectos productivos.
Ante la arremetida anti-campesina que se promueve desde el Gobierno Federal, las empresas agroalimentarias y sus personeros en los organismos partidarios, es necesario impulsar la unidad de los pueblos campesinos e indígenas, de Organizaciones gremiales y sociales ligadas al campo, de Sindicatos y trabajadores de la Industria del comercio y los servicios, de grupos de la sociedad civil, medios de comunicación y del pueblo en general, para detener las reformas que se pretenden instrumentar.
COMO CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS (CONOC) DECLARAMOS LO SIGUIENTE:
1) Deben detenerse las modificaciones legales a la tenencia de la tierra que afectarían a los pueblos campesinos e indígenas.
2) Respeto a los territorios y tierras de los pueblos campesinos e indígenas y que se cancelen las concesiones que les afectan otorgadas empresas mineras, hidroeléctricas, eólicas, forestales, turísticas, inmobiliarias, etc.
3) Políticas de fomento a la producción en el campo y para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas.
4) Exigimos un sistema de precios remunerativos garantizados y certidumbre en la comercialización de nuestras cosechas.
5) Fomento a la asociación de los campesinos respetando sus procesos autónomos y autogestivos, su funcionamiento en condiciones de libertad, igualdad y democracia.
¡POR EL RESPETO A LOS TERRITORIOS Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS CAMPESINOS E INDIGENAS!
CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, CONOC.
– Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)
– Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
– Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)
– Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC)
– Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
– Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)