José Luis Abarca habría ordenado al director de la Policía reprimir a los estudiantes
El Universal señala que el CISEN acusa a Abarca y a su esposa de vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, del que algunos de sus integrantes se separaron hacia 2010 para crear los Guerreros Unidos.
7 de octubre de 2014.-Fuerzas federales, convoys del flamante nuevo cuerpo de Gendarmería, fuertemente armados, han tomado el control de Iguala siguiendo las órdenes de Enrique Peña Nieto.
El hallazgo de fosas comunes donde se teme que haya estudiantes muertos desencadenó que el lunes Peña Nieto se comprometiera a esclarecer este caso y a castigar a los responsables.
Inmediatamente el Ejército desarmó a todos los policías municipales de Iguala (140.000 habitantes) que no habían sido detenidos en los primeros interrogatorios.
Decenas de esos agentes, vestidos de civil, abordaron el martes dos autobuses que los trasladarán a una base militar del centro del país para ser evaluados, mientras sus esposas lloraban de miedo por lo que les pueda suceder.
«Que regresen bien. Así como se van, que los regresen bien», dijo a la AFP una de las esposas, de 45 años, que prefiere reservar su nombre.
Las mujeres temen que los policías sean torturados para que confiesen lo que quieran las autoridades.
«Siempre han usado los golpes para que confiesen hasta lo que no» es, dijo la nuera de uno de los agentes cuando los autobuses partían custodiados por la policía federal.
Otros 22 policías de Iguala ya fueron detenidos y acusados de haber colaborado con sicarios del cártel local Guerreros Unidos en los tiroteos contra los estudiantes.
Ojalá que este despliegue federal «no fuera nada más que cuando hay problemas (…) porque nosotros en muchas ocasiones nos sentimos desprotegidos», dijo a la AFP Hilario Villalobos en una calle de Iguala, donde muchos vecinos veían a su policía como aliada de los criminales.
Esposa de alcalde, en la mira
Once días después del crimen, la gran pregunta sigue en el aire: ¿por qué la policía y los Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes?
El fiscal general desplegó a unos 30 investigadores, forenses y criminólogos para escudriñar el caso, que podría ser una de las peores masacres desde que el gobierno lanzó una ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006 que desató la violencia. Desde ese año ha habido más de 80.000 asesinatos y 22.000 desaparecidos.
«Todavía no hay móvil establecido, se está compilando la información», dijo el martes a la AFP un oficial federal.
Medios mexicanos, citando un reporte de los servicios de inteligencia, señalan que el alcalde de Iguala -ahora prófugo- podría estar implicado en las desapariciones, así como su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta local del instituto público de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El reporte, citado por el diario El Universal, dice que Pineda «ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública municipal» repeler a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que tenía previsto aquel 26 de septiembre.
Según el documento, la llegada de la policía degeneró en enfrentamientos físicos y verbales con los estudiantes, que luego se apoderaron de unos autobuses para que los retornaran a su escuela, una práctica habitual en ellos para movilizarse debido a, según ellos, la falta de recursos económicos.
Así, el director policial habría ordenado a sus elementos detener a los estudiantes y cuando estos bajaron de los autobuses los uniformados abrieron fuego matando a tres de ellos, siempre según el parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
El alcalde José Luis Abarca, quien antes de huir dijo que no supo de la balacera porque estaba en una fiesta con su esposa, habría ordenado al director de la Policía reprimir a los estudiantes, continúa el CISEN.
Seis personas en total murieron en los tiroteos, tras los cuales se reportó la desaparición de los 43 estudiantes, muchos de los cuales fueron vistos por última vez en patrullas policiales.
El Universal señala que el CISEN acusa a Abarca y a su esposa de vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, del que algunos de sus integrantes se separaron hacia 2010 para crear los Guerreros Unidos.
Un oficial de la Fiscalía General se negó a confirmar la autenticidad del reporte, argumentando el secreto de la investigación.
«Nos estamos muriendo»
En las seis fosas encontradas el sábado en Iguala se exhumaron 28 cuerpos y algunos están incinerados y fragmentados.
Las autoridades se niegan a afirmar que entre ellos hay estudiantes hasta que terminen los peritajes, que pueden durar varias semanas.
Sin embargo, el criticado gobernador de la región de Guerrero, Ángel Aguirre, reconoció que esa es una «posibilidad real» después de que se difundiera una confesión de dos sicarios de que habían asesinado a 17 estudiantes en el lugar de las fosas.
Los familiares se resisten a creer que sus hijos estén muertos y acusan a la Policía local de su desaparición.
«Queremos que nos los devuelvan, nos estamos muriendo», confesó a la AFP uno de los padres, un campesino de rostro curtido por el sol.