Lázaro Cárdenas, de 1938 a 1940: además de expropiar el petróleo, desarrolló las industrias eléctrica y otras; fundó la Comisión Federal de Electricidad; permitió la lucha de los trabajadores por su mejora y muchas cosas más.
Miguel Alemán, en su presidencia (1946–1952), dio en secreto contratos a petroleras de Estados Unidos, la extracción de petróleo y el derecho a quedarse con una parte de él. Se les llamó contratos riesgo, aunque no tenían ningún riesgo: el terreno ya estaba explorado y todo estaba listo para perforar.
Natalio Vázquez Pallares era diputado federal y presidente del consejo de la Cámara para el petróleo. Se dio cuenta, habló con personas enteradas y escribió 20 artículos al respecto que luego se editarían, en 1979, en el libroEn defensa de nuestro petróleo. A petición suya, yo escribí los prólogos relacionando esa lucha suya de entonces con la nuestra de esos momentos en defensa de la energía nuclear y del uranio.
El siguiente presidente, Adolfo Ruiz Cortines (1952–1958), canceló algunos de esos contratos.
El siguiente, Adolfo López Mateos (1958–1964), hizo mucho más: agregó al artículo 27 de la Constitución la prohibición de contratos y en general la prohibición de los privados en la producción y transformación del petróleo y del gas natural.
Esto fue en 1960, cuando también se nacionalizó la industria eléctrica. Se formó, por integración de sindicatos electricistas, el STERM, dirigido por Rafael Galván. En ese mismo sexenio fue senador por Michoacán Natalio Vázquez Pallares, y en el siguiente, 1964–1970, tuvo ese mismo puesto Rafael Galván. Se ha dicho que ambos puestos fueron por sugestión del entonces ya ex presidente Lázaro Cárdenas.
Se había invertido lo hecho por Miguel Alemán.
Los presidentes intermedios impulsaron políticas de derecha: de Gustavo Díaz Ordaz a Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Pero la pelea por privatizar los energéticos fue con Ernesto Zedillo.
La presidencia de Zedillo (1994–2000) empezó con un pacto de este señor con autoridades económicas de Estados Unidos, porque el gobierno se había arruinado y quería mucho dinero prestado. Y los prestadores fijaron tremendas condiciones, que fueron aceptadas. Entre ellas estaban la privatización de plantas petroquímicas de Pemex y de plantas para generar energía eléctrica.
Empezaron con una petroquímica y enviaron los documentos a la Cámara de Diputados. Yo era asesor de la Comisión de Energéticos de la Cámara, así que no sólo me enteré de lo que pasaba, sino que participé en ello.
Vimos que los documentos que llegaron estaban llenos de fallas, y por unanimidad la comisión (de 30 diputados de los tres partidos importantes) los rechazó después de un tiempo de estudio.
Mandaron los documentos de otra planta petroquímica, y al cabo de un tiempo también se rechazó. El gobierno, Zedillo, optó por privatizar las plantas eléctricas, CFE y LyFC. Se cambiarían los artículos 27 y 28 de la Constitución. Se enviaron (ahora al Senado) en febrero de 1999, poco menos de año y medio antes de las elecciones nacionales.
La resistencia fue muy importante. Se movilizó el Sindicato Mexicano de Electricistas. También varias secciones que volvieron a ser democráticas del SUTERM. Y varios otros sectores.
Para Zedillo se acercaba peligrosamente la fecha de las elecciones. No se sabía todavía que serían las primeras elecciones perdidas por el Partido Revolucionario Institucional, como lo fueron, pero ellos sentían que había algo mal. Y en abril de 2002, unos tres meses antes de las elecciones, el Senado rechazó el proyecto privatizador de la electricidad.
En suma, dos veces se han echado abajo los intentos de privatización en el sector energético, en 1960 y en 2002.
Otro fracaso de la derecha. Después, dos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN). Y ahora un gobierno tal vez peor que los del PAN. Nadie había hecho algo peor que la reforma actual.
Ante esta realidad, ¿podemos creer que las cosas se van a quedar así?