Si Nuño realmente quisiera identificar a presuntos ladrones tendría que olvidarse de los movimientos sociales y voltear la mirada al entorno presidencial.
Por Pedro Miguel.
Así es él: ante un auditorio de niños de primaria obligados a servir de telón de fondo de sus declaraciones semanales, Aurelio Nuño se preguntaba ayer por qué Morena y su dirigencia quieren defender a un presunto delincuente que ha robado, presuntamente, más de 130 millones de pesos. El secretario de Educación Pública se refería a Rubén Núñez Ginés, líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, capturado un día antes con modales de dictadura y enviado a un reclusorio a miles de kilómetros de distancia de su lugar de residencia, y al anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que Morena se movilizará en defensa de ese y otros dirigentes magisteriales encarcelados por defender sus conquistas laborales y el derecho a la educación pública y gratuita para los niños de México.
La presunción oficial externada por Nuño y por el subprocurador Gilberto Higuera, es ajena a la lógica. Si Núñez Ginés, Francisco Manuel Villalobos Ricárdez y otros líderes del magisterio democrático hubieran querido desviar recursos no habrían tenido que encabezar movilizaciones, fatigar calles y carreteras ni exponerse a la brutalidad policial y al linchamiento de la mayoría de los medios; les habría resultado infinitamente más fácil enriquecerse desde la comodidad de la burocracia sindical que encabeza Juan Díaz de la Torre, sustituto y esquirol de Elba Esther Gordillo e incondicional del propio Nuño.
Significativamente, y desde que se consumó el ajuste de cuentas de Peña Nieto en contra de Gordillo Morales, la cúpula charra del SNTE, esa que inclina la cerviz ante los dictados privatizadores y antilaborales de la reforma educativa peñista, no ha sido vuelta a tocar ni con el pétalo de una averiguación previa, como no lo han sido tampoco los caciques del sindicato petrolero, quienes aprobaron sin chistar el desmantelamiento de la industria energética nacional.
Si el celo justiciero de Nuño fuera auténtico y realmente quisiera identificar a presuntos ladrones tendría que olvidarse de los movimientos sociales y voltear la mirada al entorno presidencial: allí se encontraría mansiones que valen, esas sí, 130 millones de pesos; adjudicaciones, concesiones y contratos como los otorgados a Grupo Higa y OHL o negocios de ganancias astronómicas y utilidad social nula, como el nuevo aeropuerto; hallaría Ferraris auténticos y no Lamborghinis inventados; descubriría colecciones de arte multimillonarias en residencias de burros que no tienen la menor cultura artística, pero sí muchos vínculos con el poder; se enteraría de nombres y apellidos de protagonistas de trasiegos financieros listados en Los papeles de Panamá y sabría de una montaña de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le cuesta al país más de medio billón de pesos al año. El secretario de Educación Pública tendría que fijarse, en suma, en su jefe, sus compañeros de gabinete, los socios externos y los peces gordos del servilismo corporativo.
Nuño presume al revés que la sociedad, pues ésta, cuando se trata de ubicar a los posibles rateros, dirige la mirada a las cúpulas del poder público. Pero así como las presunciones de la opinión pública nacional e internacional no pueden cobrar certeza jurídica porque la institucionalidad se juzga y se absuelve a sí misma por medio de funcionarios como Virgilio Andrade y Arely Gómez, las presunciones del poder, en cambio, pueden ser convertidas en órdenes de aprehensión, porque cuando se tiene el control de la policía, de la Procuraduría o de la Secretaría de Hacienda, resulta muy fácil inventar pruebas, fabricar culpables y transmutar disidentes, luchadores sociales y opositores en delincuentes comunes.
Tras la matanza de Tlatelolco decenas de estudiantes, profesores e intelectuales fueron condenados, entre otros delitos, por robo. Seguramente el secretario Nuño no ha leído los expendientes respectivos y no sabe, en consecuencia, cuan grotescamente parecidas resultan las imputaciones que fabrica el peñato a las que inventaba el régimen diazordacista.
¿Que por qué se moviliza Morena en defensa de los presos políticos magisteriales, secretario Nuño? Pues por decencia.