Prevención de embarazos en adolescentes: ¿Una realidad con compromiso político y presupuesto?

5 de agosto 2014.-En respuesta a los compromisos adquiridos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994, México integró en sus políticas públicas la atención de la salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes. Sin embargo, eso no representó necesariamente acciones sistemáticas y prioritarias.
 

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La salud sexual y reproductiva para adolescentes estuvo bajo el Programa de Planificación Familiar, lo que limitó su visibilidad, su prioridad política y presupuestal. Fue hasta 2007 que por primera vez se publicó como programa nacional: Programa de Acción Específico en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.
 
El programa puso énfasis en la prevención del embarazo en adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en el marco del respeto a los Derechos Humanos (DH), en específico los derechos sexuales y reproductivos, de tal manera que se pudieran contemplar acciones informativas, educativas y de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para fortalecer la toma de decisiones oportunas e informadas.
 
Ese programa se aprobó como una política rectora a observar en el sector salud de todo el país. Sin embargo, tuvo aspectos críticos como la asignación presupuestal inconstante y muchas veces insuficiente, poco seguimiento intersectorial del avance y cumplimiento de las metas planteadas, y no contar con una norma que avalara la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva como un derecho inalienable de las y los adolescentes.
 
El programa cumplió sus primeros seis años (2013) en un escenario incierto donde inclusive se planteó que ya no continuara en la actual administración.
 
Las cifras nacionales señalan desafíos pendientes. Los nacimientos de madres adolescentes cada vez representan un porcentaje mayor del total de los nacimientos.
 
Entre 2003 y 2012 el porcentaje de nacimientos de madres adolescentes aumentó de 15.6 a 18.7. En 2013, del total de 2.2 millones de nacimientos registrados en el país, 386 mil 583 (17.6 por ciento) correspondieron a madres adolescentes, incluyendo 8 mil 347 madres menores de 15 años de edad.
 
Ser madre y padre adolescente suele iniciar una cadena de condiciones de vulnerabilidad sin distinciones sociales: abandono escolar, inserción laboral prematura y con escasa preparación, responsabilidades económicas, posibles riesgos biológicos para la madre y el producto, y la pérdida de vivencias de la adolescencia.
 
El embarazo temprano constituye un reflejo de inequidades sociales, de género y justicia. Adicionalmente, en algunos contextos culturales, existen normas sociales que intervienen como factores que contribuyen a su ocurrencia.
 
Los comportamientos sexuales de las y los adolescentes indican que inician tempranamente el ejercicio de su sexualidad y, en muchos casos, sin contar con  información adecuada y oportuna sobre temas sexuales y reproductivos, sus implicaciones y consecuencias para el desarrollo, la salud y el plan de vida, entre algunos factores.
 
Por ejemplo, se reporta un alto conocimiento sobre métodos anticonceptivos pero es en ocasiones superficial.
 
Por otra parte, la oferta real y sistemática de anticonceptivos presenta obstáculos serios para que el o la adolescente que los demande pueda acceder a ellos con oportunidad y calidad. Esta delicada situación conlleva a embarazos que no fueron planeados y consecuencias que tampoco fueron previstas.
 
Cabe señalar que no todos los embarazos culminan con un nacimiento, en algunos casos, este evento puede terminar en una muerte materna, mientras que en otros –dependiendo del estatus socioeconómico– es más importante concluir con los estudios, recurriendo a la interrupción del embarazo en condiciones poco seguras.
 
El abordaje de la sexualidad se ha construido en la mayoría de los países de la región como un tema censurado que reduce  la sexualidad al sexo y el sexo al coito.
 
La educación sexual tradicionalmente ha sido abordada desde una base meramente biológica y muchas veces de manera negativa, sustentada en miedos, culpas, riesgos y tabúes.
 
Aún existen áreas de oportunidad importantes para que la educación sexual que se brinda en México sea integral y  enmarcada en el respeto los derechos sexuales y reproductivos, promoviendo la libertad y plena capacidad para tomar decisiones basadas en información objetiva e imparcial, y con sustento científico.
 
México es un Estado laico, sin embargo, la influencia de la religión ha creado tensiones y discursos sobre la sexualidad; suele conflictuar y confundir a las y los adolescentes con temas como la virginidad, la no separación entre la reproducción y el placer, la unión conyugal como mecanismo de validación para tener hijas e hijos, etcétera.
 
Los debates ideológicos, sin sustento científico, con frecuencia han frenado el abordaje integral de la sexualidad.
 
Por ello, la Coalición por la Salud de las Mujeres da seguimiento a las acciones del gobierno para la atención del embarazo en adolescentes y celebramos las anunciadas en días pasados.  
 
Después del estancamiento de las políticas públicas de la última década en el tema del embarazo en adolescentes, hoy se recupera como un tema de salud pública y como un problema de incumplimiento a los DH de esta población.
 
En primer lugar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instaló oficialmente el Grupo Interinstitucional para la implementación de la Estrategia Integral para la Prevención del Embazo Adolescente, y anunció que se realizarán acciones de comunicación y se focalizará la atención de programas de salud sexual y reproductiva en la población adolescente en condiciones de desventaja social.
 
En segundo lugar, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de manera articulada con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), realizan una compra consolidada de 13 métodos anticonceptivos de alrededor de mil millones de pesos para garantizar el abasto en el territorio nacional.
 
Adicionalmente lanzó una convocatoria a la sociedad civil para fortalecer la atención a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes.
 
Tercero. Tanto la Secretaría de Salud como el Consejo Nacional de Población difunden una campaña radial para la promoción de métodos anticonceptivos y la prevención del embarazo en adolescentes.
 
Estos son ejemplos de acciones reales y contundentes y esperamos que den cauce al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva de adolescentes en un marco de acceso a la información, a servicios de salud y de respeto al ejercicio de su ciudadanía, de conformidad con el artículo primero constitucional.
 
Felicitamos la constancia del Grupo Interinstitucional Federal de Salud Reproductiva, para la articulación de estrategias con objetivos comunes y seguimiento a los avances de un plan conjunto de trabajo.
 
Reconocemos las acciones para la institucionalización y fortalecimiento de la educación integral de la sexualidad en la Secretaría de Educación Pública, a través de la actualización de contenidos educativos basados en la evidencia científica, la formación docente y la promoción comunitaria con más instancias que tienen atribución en la materia.
 
También hacemos un llamado a las y los legisladores para que en 2015 la estrategia integral para la prevención del embarazo en adolescentes cuente con el presupuesto suficiente, que garantice las acciones concertadas en los tres niveles de gobierno.
 
La Coalición por la Salud de las Mujeres considera que la educación integral de la sexualidad y la operación del Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes constituyen pilares esenciales y estratégicos para favorecer comportamientos sexuales y reproductivos más saludables, que contribuyan a un mayor desarrollo de los individuos en las diferentes etapas de su vida, e insta al Estado mexicano, como el principal garante de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes en nuestro país, a actuar en consecuencia.
 
*Esperanza Delgado y Jennifer Jiménez, Gerencia de Relaciones Interinstitucionales de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam).
 
**Silvia María Loggia, asistente técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMSM).
 
***Mexfam y CPMSM son parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujere

Información: CIMAC