Regeneración, 25 de noviembre 2015.- En medio de cuestionamientos de juristas y organizaciones sociales que ponen en entredicho su honorabilidad y capacidad, las ternas de mujeres y hombres que aspiran a ocupar dos vacantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desfilaron en el Senado para exaltar sus méritos, y sólo dos, los más cuestionados, se defendieron de sus escándalos.
Uno fue el procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien culpó al Ejército, y no a la dependencia a su cargo, de alterar la escena de crimen en Tlatlaya, donde 22 civiles fueron ejecutados. El otro, Javier Laynez Potisek, retó a que se revise si ha torcido la ley en los cargos que ha ocupado.
Los integrantes de las dos ternas enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado se presentaron hoy ante el pleno para emitir, cada uno, un mensaje de 20 minutos. Y será a partir del próximo lunes 30 cuando comparezcan ante la Comisión de Justicia y luego serán elegidos por el pleno, tentativamente el 10 de diciembre.
En este marco, el abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, lanzó una campaña para recopilar firmas y pedir a Peña Nieto que retire las ternas por “impresentables y escandalosas”.
En una acción distinta, el doctor en Derecho Óscar Valdés Ramírez tramitó un amparo contra la elección de ministros porque ninguno de ellos, dijo, reúne los requisitos de gozar de buena reputación, eficiencia, capacidad, probidad y respeto irrestricto a la Constitución.
–¿Ninguna de las mujeres y ninguno de los hombres tiene las cualidades para ser ministro?
–No. Es muy simple: La Constitución exige que tengan buena fama, honorabilidad y respeto a la Constitución. Ninguno cumple.
En la demanda de amparo que presentó ante Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito, el abogado mexiquense Valdés Ramírez detalla las razones por las que debe suspenderse el trámite de elección de los sustitutos de Olga Sánchez Cordero Dávila y Juan Silva Meza.
–¿Tiene posibilidades reales de obtener el amparo?
–Tenemos una Corte muy cortesana con el Ejecutivo. Los jueces reciben línea para que no admitan las demandas. Esta misma demanda se tramitó contra la moción de Eduardo Medina Mora. No pasó nada.
Lo que es un hecho, afirma, es que los seis aspirantes a ministros no cumplen con los requisitos constitucionales, como él lo describe en su trámite de amparo, aspectos que, en efecto, no abordaron en el pleno, salvo en el caso del procurador del Estado de México, que culpó al Ejército por el caso Tlatlaya.
“De conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de (los) Derechos Humanos, presumiblemente elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la Procuraduría mexiquense (PGJEM), lo cual es materia de la investigación penal de las autoridades federales”, expuso.
“Se procesó el lugar en los términos en los que fue hallado”, dijo el funcionario, quien sostuvo que las posibles omisiones, deficiencias o insuficiencias del personal de la PGJEM sobre el procesamiento de los hechos “derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias de lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento”.
Por su parte, Laynez Potisek, exprocurador fiscal en el gobierno de Felipe Calderón, fue investigado por la Procuraduría General de la república (PGR) por ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, además de que fue descalificado en la primera ronda cuando intentó acceder al Tribunal Penal Internacional.
Laynez pidió al Senado que al ser evaluado, además de considerar sus conocimientos, experiencia y visión de Estado, se verifique si su conducta ha sido con estricto código que rige el ejercicio de la abogacía.
“Pido se analice si cada uno de mis actos en el servicio público se ajustó o no a la ley, si en alguno de mis actos como funcionario público cometí alguna injusticia en contra del propio servicio o de un particular, si tergiversé la interpretación jurídica para favorecer a un grupo determinado público o privado, en lugar de centrarnos si laboré bajo tal o cual presidente o bajo tal o cual secretario”.
Aunque Laynez es visto como uno de los aspirantes que apoyan los senadores del PRI y del PAN –mismo bloque definitorio que también respalda a la magistrada Norma Lucía Piña Hernández–, no se descarta que pueda ser respaldado también Álvaro Castro Estrada.
Subsecretario del Trabajo con Javier Lozano, su principal impulsor, Castro Estrada fue acusado de omisión e insensibilidad ante la tragedia de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores y, al ser reconvenido por el senador panista Ricardo García Cervantes, lo insultó. Lozano tuvo que destituirlo como subsecretario, pero lo hizo su coordinador de asesores.
En su comparecencia, el amigo de Lozano hizo guiños de su panismo: “Más allá de doctrinas, escuelas de pensamiento, ideologías o creencias, soy un abogado que reconoce como premisa fundamental de su ser y hacer la importancia de la persona humana”.
Y homenajeó a uno de los próceres de la abogacía de derecha: “Quiero reconocer aquí que esta enseñanza como tantas otras se la debo a mi admirado maestro, el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, quien después de toda una vida consagrada a la función jurisdiccional continúa impulsando el comportamiento ético de los juzgadores mexicanos”.
La presentación de la terna de mujeres enviada por Peña inició con la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, a quien se ve como la que concita el apoyo de priistas y panistas, y a quien la demanda de amparo del abogado Óscar Valdés Ramírez la refiere como “amiga y comadre” de la ministra Margarita Luna Ramos.
“Ha sido la eterna candidata a todos los puestos en la SCJN disponibles, impulsada por la ministra Margarita Luna Ramos. Basta decir que no ha logrado ser consejera, pues no cuenta con la simpatía ni el respaldo de la SCJN, pero cuenta con todo el respaldo de su amiga y comadre para meterla en todos lados”.
En su exposición, Piña Hernández expresó: “Hablar de democracia es hablar de justicia, si nos preciamos de ser una nación democrática debemos hacer efectiva la justicia en México. Como decía mi padre: ‘en toda la posibilidad de nuestro destino’”.
Defensora de oficio en sus inicios como abogada, luego fiscal y juez, Sara Patricia Orea Ochoa fue la segunda expositora de la terna de Peña. En su exposición omitió haber trabajado con el magistrado asesinado en 1995 Abraham Polo Uscanga, quien como subprocurador de Justicia capitalino presentó a toda la banda de los “narcosatánicos”, en 1990.
Justamente la magistrada es hermana de Omar Orea Ochoa, uno de los integrantes de esa banda, como lo hace notar la demanda de amparo del abogado Valdés Ramírez. “Con este antecedente sale sobrando su historial. No existe a la fecha deslinde alguno de su familiar ni declaración emitida por la ahora magistrada”.
La otra propuesta de Peña para ministra es Verónica Judith Sánchez, a quien en 2011 la PGR investigó por supuestos actos contra la administración de justicia, por haber liberado en 2009 a Osvaldo Sauceda Guerra, acusado de lavado de dinero y de quien las autoridades de Estados Unidos pedían su extradición.
Además, según la demanda de amparo, también cuenta con dos amonestaciones públicas por mal ejercicio del servicio público y pese a lo cual quiere ser ministra –dijo hoy ante senadores– “como cumbre de mi carrera judicial”.
Información de Proceso