Se realizan trabajos de prospección sin consulta previa, denuncian.
Regeneración, 8 de julio del 2015. (Sididh) Autoridades comunitarias náhuatl, masapijni y ñühüde de los municipios de Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y Texcatepec, Veracruz, anunciaron que no permitirán el paso de ningún proyecto que atente contra la integridad de su territorio, en referencia a la construcción de una gasoducto que se proyecta de Tuxpan, Veracruz, a Tula, Hidalgo.
“Sabemos que la Comisión Federal otorgará la licitación el 14 de agosto 2015 a la empresa ganadora. Ante ello advertimos que si la empresa ganadora tiene pensado pasar por nuestras tierras de los municipios de Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y Texcatepec, dejamos en claro, que no dejaremos proceder la construcción del gasoducto”, establecieron.
Las autoridades comunitarias afirmaron que empresas como Enagas e IITC Topografía han estado presentes en sus tierras para anunciar que pretenden pasar por su territorio, y denunciaron que los trabajadores no han dado cuenta exacta de sus exploraciones, pues “solo proporcionaron datos sueltos a personas y a la presidencia municipal de Texcatepec. Y sabemos que no se nos dará la información completa hasta que no sean abiertas las propuestas técnicas presentadas por las empresas”. En un comunicado, acusaron que esta forma de proceder, “avalada por el Estado mexicano, viola nuestros derechos individuales y colectivos”.
Los pueblos afectados recordaron que las modificaciones constitucionales, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmadas por el Estado mexicano, elevan a rango constitucional los derechos de personas y pueblos, “pero en la práctica, las disposiciones legales y administrativas que autorizan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a licitar la construcción de gasoductos en el país, hacen que nuestros derechos sean vulnerados”.
Detallaron que no se ha considerado el derecho que como pueblos tienen a decidir en la formulación de los planes y programas de desarrollo nacional. “Los planes de las empresas sobre nuestras tierras perturban nuestra vida, creencias, instituciones y bienestar espiritual. Además, afectan las tierras que ocupamos para trabajar y producir nuestro propio alimento”, abundaron. Insistieron en que las decisiones no se han tomado en acuerdo con sus pueblos, y aclararon que tampoco les han informado sobre las medidas para proteger y preservar el medio ambiente en los territorios que habitan.
Señalaron que con estas acciones, “no se ha garantizado nuestro derecho a mantener una relación vital con los bienes existentes en nuestra tierra. Esto incluye, nuestro derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los bienes naturales y comunitarios; y no se ha considerado el derecho que tenemos a ser consultados y a expresar nuestro consentimiento libre, previo e informado, para determinar si nuestros intereses serán perjudicados”.
Las comunidades exigieron que el Estado mexicano respete la relación que tienen con sutierra y territorio, así como que se respeten sus decisiones colectivas.