Reconoce el Estado mexicano su responsabilidad en la matanza de Acteal

El Gobierno de México se responsabilizó este jueves por la “Matanza de Acteal”, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas

Regeneración, 3 de septiembre de 2020. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, celebró el acto de justicia por la masacre de Acteal, cometida por grupos paramilitares que habrían actuado con la tolerancia del Estado.

La Secretaría de Gobernación realizó un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa del caso 12.790, Manuel Santiz Culebra y otros, Masacre de Acteal.

Firman acuerdo de solución amistosa

“Hoy culmina este proceso de diálogo con la firma de este acuerdo de solución amistosa entre las víctimas, familiares de las víctimas fallecidas y el Estado Mexicano, donde se manifiesta la suma de voluntades para aceptar el reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano de los graves acontecimientos ahí sucedidos y la aceptación de medidas de reparación integral, tanto de forma individual a los familiares directamente afectados, así como acciones de carácter colectivo destinados a la reconstrucción social de la comunidad”, destacó Alejandro Encinas.

Acto de justicia 

“El día de hoy celebramos un acto de justicia en el que, a nombre del Estado Mexicano, asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos ocurrido contra la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997”

“Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo Tzotzil por este profundo agravio”, agregó.

Han pasado 22 años y 8 meses, el Gobierno de la República reconoció y se responsabilizó este jueves por la llamada “Matanza de Acteal”, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en Chiapas.

Ese día, indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas” fueron atacados por un grupo armado cuando oraban en una iglesia cristiana protestante. El saldo del ataque fue de 45 muertos, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas.

Tras los hechos, se demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León por el delito de lesa humanidad, pero el caso no tuvo avance para alcanzar la justicia durante más de 22 años, hasta hoy.

EL CRIMEN DE ACTEAL 

El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas, escribió Jesús Ramírez a 10 años de los hechos, para la Jornada.

El gobierno alentaba o creaba artificialmente conflictos de tierra, políticos o religiosos para enfrentar a las comunidades y así justificar la intervención militar.

El consejo, dirigido en los hechos por la Séptima Región Militar, bajo el mando del general Mario Renán Castillo, creó en septiembre de 1997 los comités de seguridad pública en las comunidades de Chenalhó, integrados con los miembros de los grupos armados antizapatistas.

Protegidos por la policía estatal y por el Ejército, estos comités establecieron un régimen de terror, al tiempo que promovían los programas y repartían la ayuda estatal y federal.

Experimento paramilitar

El experimento paramilitar comenzó en la zona norte en 1995, con Paz y Justicia, luego se exportó a los Altos y a la selva.

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Jorge Hernández Aguilar, además de borrar las huellas de la masacre de Acteal, encabezó múltiples ataques a pueblos zapatistas. Incluso disparó desde un helicóptero en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997. De esta manera, el gobierno “construía” la paz en Chiapas, sembrando polarización social y terror.