Octavio Rodríguez Araujo | La Jornada
4 de junio de 2015. Bien dijo Luis Hernández Navarro en su artículo del martes pasado: “El fantasma de la violencia atraviesa las próximas elecciones, aun antes de que se efectúen. Muy poco habrá en ellas de ‘normalidad democrática’”.
Procesos electorales teñidos de violencia los hemos tenido en el pasado, y diría que peores que este 2015. Por ejemplo en 1929 los vasconcelistas fueron brutalmente reprimidos y algunos asesinados; en 1952 les ocurrió algo similar a los henriquistas; en 1988 varios colaboradores de Cárdenas fueron asesinados y también algunos cientos de perredistas a lo largo de ese sexenio. Eran los tiempos del partido único o casi único, cuando la oposición no era siquiera tolerada, que no fuera de la propia derecha gobernante o aliada del gobierno (como el PAN durante el gobierno de Salinas).
La oposición surge en un país por varias razones, la principal por inconformidad con quienes gobiernan, pero a veces también porque un grupo político (o empresarial) quiere el poder para sí mismo: son semejantes pero tienen diferencias, comúnmente de intereses. Sin embargo, una cosa es la inconformidad contra el gobierno y hasta con los diputados y senadores vigentes, y otra con el pueblo que con frecuencia dicen representar los líderes de varios movimientos sociales.
Hay mil maneras de expresar la inconformidad que pudiéramos llamar social de cara a las elecciones: abstenerse, votar nulo o por partidos distintos a los gobernantes en un municipio, un estado o la Federación. Empero, boicotear las elecciones en un distrito o sección electoral no es sólo muestra de inconformidad sino un delito electoral, además de impedir a otros ejercer su derecho ciudadano. Como delito electoral, de la ley general en materia de delitos electorales vigente, en su capítulo II, artículo 7, destacaría los siguientes (que se castigarán con 50 a 100 días de multa, y prisión de seis meses a tres años): realizar, por cualquier medio, actos que provoquen temor o intimidación en el electorado y que atenten contra la libertad del sufragio; presionar a otros, mediante violencia o amenaza, a abstenerse de votar durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma; violar de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto; impedir, sin causa legalmente justificada, la instalación de casillas electorales, y si quienes lo hagan están armados o portan objetos peligrosos, la pena aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos. Según lo que vemos y leemos en los periódicos, varios de estos delitos se están cometiendo, sin que se sancione a sus ejecutores o a sus líderes. El problema, como lo veo, es más que legal: impedir el voto a los conciudadanos es equivalente, guardando las debidas proporciones, a negarles escuela y agua a los protestantes por decisión de los católicos, como ocurrió en Zinacantán, Chiapas, en 2004. Es decir, falta de respeto a los disidentes o, en el caso que nos ocupa, a quienes sí quieren acudir a las urnas y elegir a sus representantes.
Lo que estamos viviendo, y no sólo en tiempos electorales, es violencia, y ésta, a mi manera de ver, la han provocado los gobiernos, igual el federal que el estatal o el municipal, según el caso. La violencia en Oaxaca de los últimos años la inició Ulises Ruiz contra la sección 22 del SNTE, pero entonces sus miembros, muchos de ellos de la CNTE, llamaron a votar por el PRD, concretamente por López Obrador. Ahora no quieren votar por ningún partido, y están en su derecho, pero no tienen argumento legal, sino al contrario, para llamar al boicot de las elecciones en sus zonas de influencia. Aunque el gobierno los tolere y suspenda indefinidamente su evaluación como profesores, están actuando en violación a la ley citada. Con esta actitud no van a invalidar las elecciones, pues millones de mexicanos votarán el 7 de junio, pero sí han logrado poner en evidencia que el gobierno federal (y el de Oaxaca) no saben qué hacer. Incompetencia, diría, muy propia de los gobiernos que ejercen el poder de manera errática e improvisada y al margen de sus propias leyes (algo así como te dejo violar la ley si yo también puedo hacerlo).
En Guerrero y en Michoacán ocurre algo semejante al fenómeno oaxaqueño y, curiosamente, los protagonistas de los llamados al boicot son de la misma CNTE y de organizaciones políticas (partidos, se llaman) que, si bien en el pasado participaron en elecciones, ahora descubrieron que éstas no sirven para nada y llaman, más que a la abstención o al voto nulo, a boicotear el proceso. El leninismo que aprendieron cuando eran jóvenes se les olvidó de repente cuando nadie les ofreció candidaturas.
¿Protestan contra el gobierno? Cualquiera que sepa aritmética y obtener porcentajes mediante una regla de tres, puede concluir que boicotear las elecciones en pequeños poblados, al margen de que sea delito electoral (que para mí es irrelevante), no está impidiendo que unos partidos y unos candidatos triunfen sobre sus opositores y que, por lo mismo, sean gobernantes (estatales o municipales) o legisladores (federales o locales). Una cosa es que Luis Echeverría dijera (cuando era candidato) que prefería un voto en contra que una abstención, y otra que ésta sea la divisa de los actuales gobiernos. Antes, como incluso lo hicieron dictadores como Porfirio Díaz en México o Somoza en Nicaragua, se hacían elecciones para legitimar sus gobiernos; ahora, para los tecnócratas, esto no importa; lo que les interesa no es la legitimidad de sus gobiernos sino mantenerse en el poder, y saben, porque ellos sí estudiaron aritmética y estadística, que con un voto sobre sus contrincantes ganan y que el partido es lo de menos, siempre y cuando no sea de oposición al régimen que representan y defienden.
A ellos (a los tecnócratas neoliberales y a la derecha en conjunto) les conviene que haya elecciones, pero también a los opositores (como lo ha señalado López Obrador). El boicot a las elecciones, en cambio, sólo tendría sentido si fuera, más que generalizado, masivo y mayoritario, que no es el caso, ni será, pues no todo mundo se identifica con la CNTE (ni siquiera toda la CNTE) y afines. Son importantes como movimiento, pero distan mucho de ser mayoritarios.
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