Joaquín López Dóriga tuvo suerte: el mismo día que se despidió de su espacio en la pantalla televisiva, la procuraduría capitalina decidió no ejercer acción penal contra su esposa, Adriana Pérez Romo, acusada de tentativa de extorsión por una empresa inmobiliaria propiedad de María Asunción Aramburuzabala. El litigio que enfrenta la heredera del Grupo Modelo tiene que ver con la construcción de un inmueble al lado del que habitan el periodista y su cónyuge, cuyo abogado, según la empresaria, pidió cinco millones de dólares para permitir que continuaran las obras. El pleito, dicen los abogados de la empresaria, ha estado lleno de irregularidades que sólo benefician al expresentador estelar de Televisa.
Por Jenaro Villamil | Homozapping
Homozapping, 6 de septiembre del 2016.-El mismo día de la última de sus 4 mil 200 emisiones de El Noticiero de Televisa, el pasado viernes 19, Joaquín López Dóriga recibió un regalo especial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF): el Ministerio Público capitalino consideró procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito de “tentativa de extorsión” en contra de su esposa, Teresa Adriana Pérez Romo, y otros involucrados en la denuncia interpuesta por la inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
La resolución de la PGJDF, cuya copia obtuvo Proceso, consideró que no hubo delito de tentativa de extorsión, porque los representantes de Abilia “aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicado en la calle Rubén Darío, número 223, de la Colonia Polanco (a pesar de que dicha inmobiliaria contaba con los permisos para continuar con la construcción) por lo que se puede apreciar que por voluntad propia consintieron acudir a dichas pláticas sin ser coaccionados, amenazados u obligados a ello”.
La PGJDF también desestimó la prueba de la videograbación en la que se escucha al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba pedirle a los funcionarios de Abilia 5 millones de dólares a cambio de frenar otros litigios, porque “la inmobiliaria, siempre participó por su voluntad y, si bien, como lo manifiesta el denunciante que fueron amedrentados con realizar el juicio de lesividad, es decir, en ningún momento la supuesta repercusión desembocaría en un acto ilícito, sino que se realizaría conforme a un acto formalmente regulado”.
La procuraduría consideró “infundados e inoperantes” los agravios argumentados por el despacho de abogados de Javier Coello Zuarth, contratado por Aramburuzabala, afirmando que “son evidentemente ambiguos y superficiales”, que ya fueron estudiados y resueltos por la vía del amparo y “no controvierte eficaz y suficientemente los argumentos vertidos en el acuerdo ministerial por el que se inconforma, únicamente pretendió rebatir en forma aislada y genérica algunas de las consideraciones señaladas”.
La resolución de la procuraduría se produjo un año después de iniciado el litigio, en medio de diversas irregularidades, que incluyó el no desahogo de las pruebas presentadas por Aramburuzabala, como la solicitud de obtener la declaración de todos los vecinos, la ausencia de interrogatorios o diligencias con el administrador del predio Rubén Darío 223 y desechar las preguntas presentadas por el abogado de Abilia, entre otras.
Para el abogado Javier Coello Zuarth la procuraduría capitalina actuó más como “abogado defensor” de la esposa de Joaquín López Dóriga y de otros implicados que como instancia investigadora.
“No hubo un contrapeso jurídico por parte de los abogados de Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López Dóriga, y de otros involucrados. El contrapeso lo hizo la procuraduría capitalina”, afirmó Coello.
–¿Es común que suceda esto en la justicia de la Ciudad de México?
–No, no es común. Lo normal es que en este tipo de asuntos haya un conflicto entre abogados de una y otra parte.
En resumen, consideró Coello Zuarth, el Ministerio Público capitalino “sólo se dedicó a obstaculizar la investigación respecto a los hechos narrados en la denuncia inicial”; el subprocurador de Averiguaciones Previas, Óscar Montes de Oca Rosales, “ordenó el cambio del nuevo sistema penal de justicia en México al sistema tradicional, con el objeto de que la procuraduría capitalina tuviera el control de las actuaciones, sin darle participación a un juez de control para realizar una investigación judicializada donde se observaran la legalidad y los derechos humanos de las partes”.
Después de 11 meses la procuraduría capitalina “se ha negado y se resiste a desahogar las testimoniales de los vecinos de Rubén Darío 223 para que sean cuestionados si éstos dieron la instrucción al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba de solicitar la cantidad de 5 millones de dólares para que diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente”.
Además, el Gobierno de la Ciudad de México no presentará el juicio de lesividad, procedimiento que se inició contra Abilia, derivado de su negativa a entregar los 5 millones de dólares, precisó el abogado Coello Zuarth.
Se dice “víctima de una canallada”
Con la notificación favorable de la procuraduría capitalina, López Dóriga se sintió más confiado para hablar de este caso, que nunca mencionó en la pantalla televisiva. El mismo día de su despedida, López Dóriga afirmó –entrevistado por Adela Micha– que él fue víctima de “una canallada”, de “la injuria, la infamación, la mentira y la ofensa”.
Sin especificar que hablaba de la denuncia por tentativa de extorsión en contra de su esposa, López Dóriga advirtió que “no tienen derecho a meterse con mi familia” y se jactó así con Micha: “¡Mira! Que iban a acabar conmigo y ¡mira!”
Tres días después, con el conductor Carlos Marín, de Milenio TV, López Dóriga volvió a hacer alusión al caso sin entrar en detalles ni contar la historia que publicaron el periódico Reforma y Proceso y que se evitó mencionar en Televisa.
“Ni me retiré ni me retiraron”, sentenció López Dóriga. “Fue una decisión que veníamos hablando en los últimos cuatro años y me voy en el momento justo para iniciar otra época”, argumentó.
Marín le preguntó si su retiro estaba pensado antes o después del escándalo con Aramburuzabala, exaccionista de Grupo Televisa y propietaria de Grupo Abilia.
“Desde antes. No tiene nada que ver ese capítulo, porque ocurrió hace más de un año. Entonces, si ese hubiese sido el factor, para qué dejar pasar un año; además, no le puedes dar el peso que no lo tiene y menos dentro de Televisa”, se defendió López Dóriga.
En la edición 2030 de Proceso, del 27 de septiembre de 2015, se publicó que en Televisa se discutió que el 30 de septiembre de ese año se relevara al conductor de El Noticiero, “pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo”.
Los rumores sobre la salida de López Dóriga se incrementaron en Televisa a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225.
El origen del conflicto está justamente en torno a este desarrollo. Abilia construye al lado del edificio de Rubén Darío 223, donde la familia López Dóriga es propietaria de un departamento de 552 metros cuadrados.
Becerra Pocoroba, contratado con el supuesto aval de 17 condóminos, le exigió a los representantes de Abilia el pago de 5 millones de dólares para permitir que se desarrollara el proyecto denominado “Rubén Darío 22”. De lo contrario, usarían la fuerza periodística de López Dóriga y la estrecha relación con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México para frenar la obra.
Sin embargo, existe el antecedente jurídico del juez Federal Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal que antes le dio la razón a Abilia para que la procuraduría capitalina investigara y desahogara las pruebas presentadas por los abogados de Aramburuzabala en su denuncia por tentativa de extorsión. El caso aún está vivo y puede ir a la instancia federal, según Coello Zuarth.
Pérez Romo y Pocoroba
De acuerdo con el expediente de la investigación, la esposa de López Dóriga, Adriana Pérez Romo, sólo declaró durante diez minutos el 29 de octubre de 2015 y el Ministerio Público no le hizo más preguntas.
Según su testimonio, ella fue “enterada de la calumniosa e infundada acusación en mi contra. Desde este momento la rechazo categóricamente por ser falsa y tergiversar dolosamente la realidad de los hechos, toda vez que no he cometido ni se ha cometido delito alguno con motivo de las reuniones y pláticas conciliatorias, vecinales que han tenido lugar al respecto”.
Pérez Romo niega el contenido de “las supuestas testimoniales de los representantes y empleados de la constructora e inmobiliaria Abilia por ser claramente aleccionadas, parciales y tergiversar los hechos para su injusta conveniencia ante las legítimas inconformidades vecinales”.
La esposa del conductor de Televisa alegó su derecho a la presunción de inocencia para reservarse más declaraciones y afirmó que no era su deseo responder a ninguna pregunta por parte del Ministerio Público. Y, en efecto, no le hicieron ninguna pregunta.
En contraste, Becerra Pocoroba, exdiputado federal del PAN, admitió que desde noviembre de 2014 fue contratado por los vecinos Rafael Ojeda Cárdenas, Adriana Pérez Romo y Manuel Andrés Carrera Baños para representarlos jurídicamente.
Becerra Pocoroba relató que entre el 15 de diciembre de 2014 y el 21 de enero de 2015 se presentaron diversas quejas de los vecinos por presuntas irregularidades en la construcción del edificio de Abilia.
El abogado admite que hubo un encuentro el 11 de mayo de 2015 entre los representantes de Guillermo Buitano, director general de Abilia, y Carlos Padilla, director de nuevos proyectos de la inmobiliaria, con vecinos del edificio Rubén Darío 223 para conciliar diferencias y llegar a un arreglo.
Los representantes de Abilia ofrecieron cambiar los cristales y dos fachadas de los edificios de los vecinos afectados, mitigar la afectación de la luz, “una campaña contra el muérdago en Polanco”, agregar dos salidas de estacionamiento de la construcción de Abilia, poner retorno vehicular en la calle de Rubén Darío para mitigar la afectación vial por la obra y acondicionar un jardín de niños que quedaría afectado por la construcción, según Becerra Pocoroba.
El abogado relata otras negociaciones con Abilia que incluían la modificación del proyecto a 25 niveles de altura en lugar de 30 y la compensación de daños vecinales.
Becerra admite que el 16 de junio de 2015 acudió a las oficinas de Abilia y que ahí fue videograbado sin su autorización. Según el abogado, “explicando que había vecinos que consideraban que las obras de mitigación ascendían a la cantidad de 5 millones de dólares” fue que se manejó esa cifra.
Para Becerra la difusión de esa videograbación “resulta estar fuera de todo contexto y con ánimo de tergiversar dolosamente los hechos por parte de Abilia”. También acusó a quienes lo demandaban de actuar de manera “absurda, inmoral y poco profesional”.
Afirmó que la serie de correos electrónicos entre su asistente, Érika Mendoza, y Carlos Padilla tuvo como objeto “acreditar la intención de ambas partes para llegar a conciliar el conflicto derivado de la construcción del proyecto de desarrolladora Abilia, los cuales en todo momento manejaron la comunicación con base en un ánimo de conciliación y compensación por lo que nunca existió extorsión, como falsamente lo pretenden hacer valer los denunciantes”.
La procuraduría capitalina avaló la interpretación que el mismo Becerra Pocoroba hizo de su reunión con los directivos de la inmobiliaria de Aramburuzabala: “Nótese que fueron los representantes de Abilia quienes unilateralmente manifestaron que consideraban que lo expresado por los vecinos era una extorsión; sin embargo, en la misma reunión se les reiteró la posibilidad de seguir con el litigio y en consecuencia retirar las pláticas conciliatorias ofrecidas en primer término por dicho grupo inmobiliario”.
Varias veces Coello Zuarth solicitó ante la procuraduría capitalina que se citara a declarar a los vecinos de Rubén Darío 223. Sólo el 9 de septiembre y el 8 de octubre de 2015 comparecieron voluntariamente dos testigos, vecinos y condóminos, que se deslindaron de toda responsabilidad y negaron que hubieran sabido de la intención de pedir dinero a cambio.
El 2 de febrero de este año no se presentaron a declarar los condóminos citados por Abilia. En marzo se volvió a citarlos a declarar y tampoco acudieron.
El 3 de junio de este año, el juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió que sí existió violación a la suspensión definitiva decretada el 17 de noviembre de 2015 y que a la procuraduría capitalina no le importó violar las resoluciones dictadas por un juez federal dentro del juicio de amparo.
Para Coello Zuarth todo esto “denota la incesante postura de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por no resolver conforme a derecho y obedeciendo a los intereses de terceros, en virtud de estar relacionados con el periodista Joaquín López Dóriga”.