Jueces dan revés al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y le ordenan reintegrar a Petro como alcalde de Bogotá, que había sido inhabilitado 15 años por el modelo de basura en la capital
Regeneración, 23 de abril de 2014. El presidente de Colombia está obligado a reintegrar Gustavo Petro en su cargo como alcalde de Bogotá, porque dos jueces del Tribunal Superior así lo ordenaron para acatar las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 19 de marzo para proteger sus derechos políticos. En ese momento, el mandatario, después de varias consultas, se negó a otorgar dichas medidas y firmó la destitución que le impuso a Petro la Procuraduría General, el pasado 9 de diciembre de 2013.
El amparo judicial que restituye al político de izquierda en el gobierno de Bogotá, la presentó un ciudadano que argumentó que el gobierno debía hacer efectivas las medidas cautelares y que no se tuvo en cuenta las decisiones que en el pasado había tomado la Corte Constitucional colombiana para garantizar el cumplimiento de normativas provenientes de la CIDH.
Hasta el caso Petro, Colombia había sido respetuosa de las solicitudes de la CIDH con relación a medidas cautelares para proteger la vida y los derechos humanos de aquellas personas que corren peligro de muerte. Sin embargo, el gobierno Santos señaló que se trataba de derechos políticos y que a Petro se le ha permitido usar todos los recursos legales que hay en Colombia para defenderse.
Gustavo Petro acudió a la CIDH porque consideró que la decisión de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos, decretada por la Procuraduría General de la Nación, encabezada por el conservador Alejandro Ordoñez, obedece a una persecución y además se le estaban violando sus derechos políticos, tanto a él como a las personas que lo eligieron.
Una vez que se conoció la noticia de su reintegración, Petro escribió en su cuenta de Twitter: “Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos”. A su turno, uno de sus amigos más cercanos, el senador electo Antonio Navarro Wolf, le recordó a Santos su promesa de restituir al depuesto mandatario capitalino en el caso que un juez se lo ordenara.
Con este nuevo giro judicial –de los muchos que ha tenido este caso en los últimos cuatro meses– también se reviviría la convocatoria al referendo revocatorio que estaba en marcha en abril y que se suspendió cuando Santos firmó la salida de Petro. Este proceso, que es diferente a su destitución, busca que los bogotanos voten en las urnas, si se queda o se va.
Hay que recordar que la sanción disciplinaria contra Petro, que ha sido calificada de desproporcionada, se dio por las irregularidades en el cambio del esquema del servicio de limpia de Bogotá, el cual generó un gran caos en las calles durante tres días en diciembre de 2012.
Lo que si queda claro es que, en caso de que Petro logre seguir en el cargo después de junio del presente año y si la Corte revierte la decisión del Tribunal, Santos no tendría que llamar a elecciones anticipadas y nombraría el reemplazo de Petro de una terna que envíe su partido para que sea esta persona la que termine el período que va hasta el 31 de diciembre de 2015.
La sanción de este nuevo decreto ha hecho que en menos de tres días la alcaldía de Bogotá haya estado en poder de tres personas. Primero del ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, quien fue encargado tras la confirmación de la destitución de Petro el 20 de marzo pasado; después este martes cuando el presidente Santos aceptó nombrar a María Mercedes Maldonado de una terna enviada por Alianza Verde, y ahora nuevamente estará en poder de Gustavo Petro, tras casi cinco meses de que se iniciara la batalla jurídica contra su destitución y casi un mes desde que abandonara el segundo cargo más importante de elección popular en Colombia.
Si bien el regreso de Petro a la alcaldía representa un triunfo, tendrá un sabor agridulce ya que según lo reveló Blu Radio, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó este miércoles una multa contra tres empresas del distrito capital por 60 mil millones de pesos (unos 30 millones de dólares aproximadamente) por supuestamente violar el esquema de libre competencia y a 10 funcionarios de la alcaldía, entre ellos el mismo Petro que deberá pagar 410 millones de pesos, más de 200 mil dólares.