En la noche del pasado jueves 6 de octubre de 2011, Pedro Leyva Domínguez, delegado de la comunidad indígena del pueblo nahua de Santa María Ostula, miembro de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales, de la Guarda Comunal de Santa María Ostula y representante de Santa María Ostula en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue asesinado según fuentes, por grupos paramilitares.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señaló que Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos paramilitares desde el 29 de junio de 2009 tras la recuperación de alrededor de 1,300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán. Ante los ataques a manos de grupos armados, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
La acción urgente emitida por la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas señaló que esta agresión se dio a unos días de que la comunidad concluyera una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno a las mesas de negociación y diálogo en las que también participa el mismo gobierno de Michoacán. Además, denunció que esta acción se suma a las descritas por la misma comunidad como “contrainsurgentes”; es decir, que corren a cargo de grupos militares, policiacos y narco paramilitares, así como una constante presión por abandonar las tierras recuperadas.
En septiembre de 2010, la comunidad obtuvo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para sus autoridades comunitarias, quienes debido al temor y riesgo fundado que corren, deben ser protegidas en su vida, integridad y seguridad personal. Elevar la lucha al nivel internacional pudo ser posible gracias a la perseverancia de la comunidad, pero también al apoyo solidario de organizaciones y redes de derechos humanos, entre la que destaca la Red TDTT.
Firma la Acción Urgente, y súmate a la Campaña Alto a la Guerra Contra Ostula, exhortando a las autoridades de gobierno competentes a que den cumplimiento a las medidas dictadas por la CIDH y al inmediato cese del hostigamiento militar y paramilitar.
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