Regeneración, 8 de agosto del 2015. «Aunque ha afirmado que mantiene abiertas diversas líneas de investigación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se resiste a indagar la posible responsabilidad del gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, en el asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, y el feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez», en declaraciones hechas a la periodista Anaiz Zamora Márquez de CIMAC.
Así lo consideraron Pilar Tavera, directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, y Karla Micheel Salas, representante legal de la familia de Nadia Vera, al evidenciar que la PGJDF lleva a cabo una investigación “mediática” y no judicial, y plagada de inconsistencias, pues pretende asegurar que el móvil de los crímenes es el robo y no la actividad política y de defensa de los Derechos Humanos (DH), que realizaban Nadia y Rubén.
Ayer, la PGJDF informó que se había acusado formalmente de los delitos de feminicidio, homicidio y robo agravado en pandilla a Daniel Pacheco Gutiérrez, como uno de los tres sujetos implicados en la ejecución de Nadia y Rubén, así como de Yessenia Quiroz Alfaro, Alejandra Negrete Avilés y Mile Virginia Martín, delitos cometidos en la colonia Narvarte en esta capital.
Según la declaración del imputado –que se ha filtrado a los medios de comunicación–, él acudió al lugar de los hechos invitado por un amigo suyo, quien supuestamente conocía a Mile Virginia, y que había planeado un robo luego de que la mujer de origen colombiano le asegurara que ella tenía “mucho dinero”.
En entrevista con Cimacnoticias, Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y abogada coadyuvante del caso, advirtió que esto podría implicar que la Procuraduría busque “dar carpetazo” a la investigación, diciendo que el móvil del asesinato fue un robo.
Abundó que la PGJDF no realiza una investigación exhaustiva que considere las agresiones, amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas Nadia y Rubén, y que les obligaron a huir de Veracruz y autoexiliarse en el DF.
Al mismo tiempo, Salas Ramírez denunció que la indagación no se realiza con “transparencia”, pues hasta el momento la coadyuvancia no ha tenido acceso total al expediente.
Observó que desde el inicio de las pesquisas existió un “sesgo”, ya que pese a toda la información en redes sociales sobre el trabajo y activismo de Rubén y Nadia, la PGJDF no se había allegado de tales datos.
Salas apuntó que la única acción que ha realizado la Procuraduría capitalina es mandar oficios a dependencias veracruzanas para que le brinden información, pero “lo que hemos pedido es que se llamara a declarar a funcionarios, por ejemplo, al secretario de Seguridad Pública (del estado), ya que la dependencia ha sido identificada como una de las que participó en las agresiones contra Nadia y Rubén”, resaltó.
Una de las agresiones que obligaron a Nadia Vera a salir de Veracruz fue cometida –según las declaraciones que la abogada pudo conocer de parte del hermano de la activista– por la policía estatal, que en 2013 detuvo a la activista y la subió a una patrulla en la que recorrieron varias calles de Xalapa, capital del estado, como una forma de hostigamiento.
Fue hasta este miércoles 5 de agosto, luego de que la abogada solicitó a la PGJDF retomara testimonios y videos con declaraciones de periodistas y activistas que conocían la labor y antecedentes de ambos jóvenes, que la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 se nutrió de testimonios de personas (de quienes se reserva su nombre por razones de seguridad) que han acudido a declarar ante la Fiscalía de Homicidios.
A partir de los testimonios aportados –aseguró Salas– se sabe que Mile no vivía en el departamento: “Nos parece alarmante que esto aún no se haya aclarado en los medios, y que se pretenda vincular los hechos únicamente a esta víctima”.
Nadia Vera, activista originaria de Chiapas, vivía en un departamento de la calle de Luz Saviñón con otras dos mujeres; una de ellas Yesenia Quiroz y otra joven sobreviviente, quien reportó el hallazgo de los cuerpos.
Aunque consideró que habrá mayor precisión del caso hasta que se acceda completamente al expediente, Karla Micheel Salas indicó que el acta de defunción señala que la hora de la muerte de Nadia fue a las 9 de la noche, lo que contrasta con la hora que señala la PGJDF cuando asegura que los hechos ocurrieron a las 2 de la tarde.
“Resulta evidente que se ha dado acceso al expediente a los medios de comunicación y no a las víctimas, para ir presentando una sola línea de investigación y establecer el robo como móvil de las ejecuciones”, sostuvo la defensora al advertir que la indagación hasta el momento ha sido “parcial”, y no se ha querido profundizar si el gobierno de Veracruz tuvo que ver en los hechos.
Recordó que no es el primer caso de ataque a una persona defensora de DH que no es investigado con diligencia, y mencionó el caso de Digna Ochoa, abogada y defensora ultimada en octubre de 2001 en esta capital y cuyo caso fue cerrado por la PGJDF al mando entonces de Miguel Ángel Mancera –hoy jefe de Gobierno capitalino–, al concluir que Digna “se suicidó de tres disparos”.
De acuerdo con la litigante, la “conclusión insostenible” de la Procuraduría fue para no investigar la posible participación del Ejército en la presunta ejecución de Ochoa. “Siempre ha habido una resistencia de investigar la participación de agentes del Estado en estos crímenes; no dudo que esta vez las autoridades no quieran investigar a las autoridades veracruzanas”, observó.
En ello coincidió Pilar Tavera, directora de Propuesta Cívica –organización que desde un principio pidió investigar adecuadamente los hechos, y retomar el contexto de represión a la libertad de expresión en Veracruz–, al considerar que “no sabemos si se está investigando para hacer justicia o para proyectar una imagen de eficiencia”.
Añadió que las inconsistencias en las pesquisas revelan por un lado la “resistencia política” de una Procuraduría para “inmiscuirse” en asuntos relacionados con otra administración local, y la incapacidad técnica de las autoridades capitalinas para investigar adecuadamente delitos vinculados contra la libertad de expresión.
Tavera criticó la falta de seriedad de la Procuraduría capitalina para llevar a cabo las indagaciones y no informar adecuadamente a las familias de las víctimas: “La investigación es más mediática que judicial; muchos de los detalles que hemos conocido de las identidades de las víctimas se han sabido primero a través de los medios de comunicación y posteriormente por la PGJDF”
Apuntó que la agresión contra Nadia Vera no es un caso aislado y que es indispensable que se conozca la verdad de los hechos, pues de no ser así “se estaría dando la lección de impunidad más grande de estos tiempos; ahora el agresor sabría que el costo de perseguir activistas y periodistas es nulo”, alertó.
En tanto, el Centro de Apoyo para Empleadas del Hogar (CACEH) emitió un pronunciamiento para reprochar que la sucesión de hechos y la cobertura mediática del caso ha invisibilizado a Alejandra Negrete, trabajadora del hogar de 40 años de edad también asesinada, por lo que demandó que este feminicidio sea investigado en igualdad de condiciones, y sin obviar el contexto de exilio que vivían Nadia y Rubén ante el clima de hostigamiento que se vive en Veracruz. CACEH demandó que la familia de la empleada sea indemnizada.
Por su parte, activistas y abogados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que investigue las graves violaciones humanitarias cometidas en el caso, y pida a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga las indagaciones.