En el caso de los activistas y periodistas espiados, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, concluyó que el espionaje no es corrupción.
Regeneración, 03 de julio de 2017.- El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), decidió no llamar a comparecer a Peña Nieto por el caso de los periodistas y activistas espiados, debido a que no se trata de corrupción.
Lo anterior ante la solicitud del Comité de Participación Ciudadana de que el caso fuera transparentado en esa instancia; sin embargo, los funcionarios miembros del Comité Coordinador, básicamente indicaron que no es su jurisdicción pues no se trata de un acto de corrupción.
Indicaron a través del representante del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, que la ley establece que el Consejo Coordinador (CC), puede emitir exhortos en temas de corrupción, pero el espionaje es una conducta que el Código Penal tipifica como intervención de comunicaciones sin autorización de un juez y no como un acto de corrupción.
Además, abundó el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, los hechos no han sido probados por lo que no se tiene certeza de que se haya cometido un ilícito.
Corrupción, sin embargo, es una palabra que literalmente significa: acción o efecto de corroper o corromperse, que a su vez significa «1. Alterar o trastocar la forma de algo; 2.Echar a perder, depravar, dañar o pudrid algo; 3. Sobornar a alguien con dádivas; 4. Hacer que algo se deteriore», según la Real Academia de la Lengua Española.
Con estas definiciones, usar el aparato institucional y las entidades de seguridad nacional para espiar a contrincantes políticos, ¿podría significar una manera de «alterar o trastocar algo»?
Cabe destacar que como parte de la Consejo Coordinador de la SNA, se encuentra Arely Gómez, ex titular de la PGR y quien está directamente implicada en el caso.
Como integrante del CC está la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien previamente se desempeñó como titular de la Procuraduría General de la República, una de las dependencias que adquirió el software Pegasus, que es el malware que ha sido utilizado para realizar las intervenciones.
Al momento de la votación, la funcionaria lo hizo en contra, lo mismo que Pérez Daza, Chuarand, el titular del INAI, Francisco Javier Acuña, y el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
La única que votó a favor fue Peschard, quien fue la que presentó la solicitud y dijo que desde la perspectiva del Comité de Participación Ciudadana se pudo haber incurrido en un delito de corrupción, ya que se habría cometido un peculado al utilizar recursos públicos, en este caso el software, para un fin distinto al que justificó su compra, que fue el combate al crimen organizado.
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