El Hogar Seguro Virgen de la Asunción en el que murieron 37 niñas calcinadas, era un infierno en donde se violaba y maltrataba a los niños. En teoría es un centro estatal de protección para niños y adolescentes abandonados, maltratados y víctimas de agresiones sexuales. Pero era todo lo contrario, así lo revela este reportaje de 2016 publicado en Guatemala.
José David López Vicente | Plaza Pública*
Diseño de Dénnys Mejía.
Regeneración, 12 de marzo de 2017. Un aula. Dos niños. Un maestro. Una violación. Dos vidas devastadas.
“Ustedes no salen de aquí hasta que me hagan sexo oral”, ordenó Edgar Rolando Diéguez Ispache a los estudiantes de 12 y 13 años de edad, cuando éstos pretendían salir del salón en el que recibían los cursos de quinto y sexto Primaria. Ninguno logró salir ni evitar el abuso sexual. Las violaciones, según la Fiscalía de Santa Catarina Pinula del Ministerio Público (MP), ocurrieron hace cuatro años en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un refugio estatal ubicado en la aldea El Platanar del municipio San José Pinula.
La escena se repitió durante incontables ocasiones en el mismo lugar, a la misma hora y con los mismos protagonistas.
En octubre de ese año –2012-, uno de los niños víctimas relató el vejamen sufrido a la psicóloga del Hogar. Fue hasta entonces que la Fiscalía empezó las investigaciones.
Julio y agosto de 2012. Las carcajadas del profesor retumbaban en las cabezas de los menores. En diferentes días de ese período los obligó a exhibirse frente a sus compañeros de clase. Bailaban y simulaban modelar. Diéguez Ispache disfrutaba, y como si fuese un examen, preguntaba a los alumnos: ¿quién tiene mejores nalgas de los dos?
El maestro manoseaba los cuerpos de los pequeños mientras caminaban entre el resto de los estudiantes, los que también, quizá presionados por la autoridad del profesor, se mofaban de la escena. “Vos ya estás bien jugada, a saber de qué bar saliste”, se burlaba mientras los señalaba de ser homosexuales. ¿Con cuántos se acostaron antes?, les preguntaba.
“Si hablan, les va a ir mal cuando salgan del hogar”, advertía el profesor a los niños cada vez que los abusaba. Así garantizaba el silencio y la continuidad de los vejámenes.
Diéguez Ispache fue capturado el 11 de abril de 2013, bajo el cargo de agresión sexual con agravación de la pena. Desde entonces permanece en el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18, a la espera de que se ordene juicio en su contra; la audiencia está programada para el 16 de diciembre próximo, en el Juzgado Pluripersonal de Femicidio y Otras de Violencias Contra la Mujer. “Usted, abusando de su superioridad jerárquica, corrompió la identidad y valores que debía inculcar a los adolescentes, sin tener ninguna consideración respecto a la edad de sus víctimas, a quienes debía proteger por el cargo que desempeñaba en la institución”, se lee en la acusación de la Fiscalía.
El refugio que cambia, pero solo de nombre
El Hogar Seguro Virgen de la Asunción comenzó a funcionar en junio de 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom. En ese entonces fue nombrado como Hogar Solidario Virgen de la Esperanza, pero con el traspaso del poder al Partido Patriota (PP), en 2012, este fue modificado. Gloria Castro, defensora de la Niñez del Instituto del Procurador de los Derechos Humanos, asegura que con el cambio de gobierno la atención hacia el refugio de parte de las autoridades disminuyó.
La institución está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. En esta ingresan niños y niñas, de 0 a 18 años, que fueron maltratados, explotados o violados, así como adolescentes que han tenido conflictos con la ley y que ya cumplieron su condena, pero no tienen algún lugar a donde ir. Todos juntos, revueltos, sin control.
A la fecha 807 niños y adolescentes permanecen en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a pesar de que su capacidad es de 500, de acuerdo con datos brindados por la Subsecretaría de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia, dependencia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
La sobrepoblación es similar en los demás centros estatales: en el Departamento de Protección Especial de Primera Infancia, ubicado en Zacapa, 120 infantes habitan en un lugar para 90; en el Departamento de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia Víctima de Violencia Sexual con Enfoque de Género, situado en Quetzaltenango, hay 106 internos en un sitio para 80; y en el Departamento de Protección Especial a la Niñez y Adolescencia con Capacidades Diferentes Severas y Profundas, de la ciudad capital, son 66 menores internados en un refugio adecuado para 60.
El Hogar Seguro Virgen de la Asunción tomó notoriedad en 2013, cuando dentro de sus instalaciones una adolescente de 14 años fue asesinada. La menor murió ahorcada con una bufanda por dos de sus compañeras, de 14 y 15 años. A partir de entonces los internos comenzaron a ser agrupados de acuerdo a su perfil, por recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Castro dice que los males de esos centros se deben a la falta de presupuesto y la poca importancia que el Estado les otorga. Entre 2014 y agosto de este año, la unidad que dirige ha recibido 28 denuncias de hechos ocurridos contra los menores dentro de ese refugio estatal.
Estas fueron trasladas a la Secretaría de Bienestar Social, donde son analizadas para determinar si ameritan ser presentadas ante el Ministerio Público. Éstas van desde abusos sexuales, falta de control y cuidado de los monitores (cuidadores); hasta maltrato —psicológico, físico, verbal—, mala infraestructura, alimentación inadecuada y falta de atención médica.
En una de las 28 denuncias un supuesto empleado de esa institución es señalado de haber cometido “horrores” en contra de los niños. “Hay un trabajador conocido únicamente como Joseph, quien fungió como jefe de transportes, luego se desempeñó como monitor y actualmente –en 2014- ostenta el cargo de Subdirector Coordinador del hogar. En ese lugar también trabaja una persona llamada Rita, quien se sabe que es su pareja sentimental”, se lee en la denuncia. Joseph y Rita son acusados de obligar a las niñas del refugio a “vestirse provocativamente”. Les colocaban una capucha en la cabeza y las golpeaban. Joseph las obliga a mantener relaciones sexuales con “él y otras personas”, y las sacaba del refugio estatal.
Se desconoce quiénes eran estas personas dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ya que la Secretaría de Bienestar Social resguarda los nombre de los empleados de la institución por considerarlos “datos sensibles” por “laborar con niños”. Esa fue respuesta a la solicitud de información que se realizó para verificar los nombres y corroborar si coincidía con los señalados.
Esa misma denuncia detalla que los sanitarios del lugar se encuentran en mal estado, de modo que los niños y niñas se ven obligados en algunas ocasiones a defecar al aire libre. Además, cuando tienen oportunidad de utilizar los retretes de ese sitio estén expuestos a que sus demás compañeros abran la puerta mientras hacen sus necesidades fisiológicas violentando su privacidad.
En otro caso presentado a la Defensoría de la Niñez en 2014, se señala que un niño de aproximadamente ocho años fue violado dentro de las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Sin embargo, la directora habría ordenado al personal no hablar sobre la agresión sexual, bajo amenazas de ser dados de baja. “Ella tiene mucho cuello con personas de alto rango por lo que no la pueden despedir”, se lee en el memorial, al cual tuvo acceso Plaza Pública. El destino de esa denuncia es incierto, pues las anteriores autoridades anteriores de la Secretaría de Bienestar Social eran las encargadas de conocerla y determinar si era pertinente trasladarla al MP. Las actuales aseguran desconocer ese caso.
Sin protocolos para atender a niños violados
Los pasillos de la sede la Secretaría de Bienestar Social, ubicada en la zona 11 de la ciudad capital, están decoradas con dibujos infantiles, fotografías de niños sonriendo, y paredes pintadas de vivos colores. Dentro de una de sus oficinas se encuentra Anahy Keller, subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, y Olga de León, directora de los hogares.
“En el hogar (Seguro Virgen de la Asunción) no existe un protocolo que diga qué sucede si violan a un niño; nosotros nos apegamos a lo que el Ministerio Público establece que hay que hacer en ese tipo de procedimientos”, explica De León cuando se le pregunta sobre el destino de las víctimas de abuso sexual de los refugios estatales. La funcionaria considera que la decisión respecto al futuro de los menores ultrajados debe estar encaminada a la reunificarlos con sus familias.
Keller afirma que no puede responder por los casos ocurridos en el pasado en ese lugar, sino solo por lo que se ha registrado a partir del 23 de enero de este año, cuando asumió la Subsecretaría de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia. “No te puedo contestar eso porque no fue mi gestión, yo no estaba en ese tiempo”, dice.
Sobre las causas de las violaciones y los otros males del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Keller señala la falta de presupuesto y las resoluciones de los jueces.
La funcionaria explica que los fondos destinados a la Subsecretaría son insuficientes para brindar atención adecuada a los niños y adolescentes. “Son Q19 millones anuales, con eso tenemos que atender al Hogar Seguro, a las niñas de Xela, al hogar de Zacapa…. Ahora nos quedan Q7 millones para terminar el año, pero si nos adjudican el evento (la licitación) de comida sería de Q8 millones, ya estaríamos en menos Q1 millón”, expone.
Se quedarían sin presupuesto para comprar papel toilette, toallas sanitarias y medicamentos. “¿Te imaginas qué es darle medicamento a 827 niños (internos, a nivel nacional) en fase terminal, con sida, tuberculosis, capacidades diferentes, enfermos renales?”, pregunta Keller.
La Subsecretaria también se queja de que los jueces tienden a ordenar la institucionalización de los menores (internamiento) sin tomar en cuenta el hacinamiento dentro de los refugios estales o el perfil de los niños y adolescentes. “Por ejemplo vienen niños que ya cumplieron sus condenas en Gorriones o Gaviotas —dos centros para menores de edad en conflicto con la ley penal—, pero como sus familias no los quieren tener, llegan al hogar”, lamenta Keller.
Buscar a otros familiares de los menores para entregarles su custodia, o a una familia sustituta para que se encargue de su cuidado y educación, están dentro de las opciones que los jueces podrían tomar en cuenta al momento de decidir sobre el futuro de los menores. La Defensora de la Niñez, Gloria Castro, cree que los jueces deben agotar todas las opciones antes de ordenar el traslado hacia los refugios estatales. “No se debe recurrir a la institucionalización de los niños sin antes buscar a otros familiares o familias sustitutas”, opina.
Keller toma distancia sobre los abusos sexuales en contra de menores ocurridos dentro de los hogares estatales. No puede dar explicaciones, dice, sobre hechos que ocurrieron antes de que iniciara su gestión. Sin embargo, reconoce que la falta de personal en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es uno de los atenuantes para que ocurran este tipo de casos. En algunas ocasiones, señala, mientras un grupo de niños se alimenta y otro se lava los dientes bajo la custodia de los monitores, otros chicos permanecen sin supervisión en lo que esperan su turno. “Ahí es cuando ocurren los problemas”, dice en referencia a los vejámenes que según las denuncias, sufren los niños.
Ángela Reyes, psicóloga de la Liga de Higiene Mental, explica que el abuso sexual contra un niño puede significar su “anulación como persona”, pues el victimario se transforma en el dueño de sus ideas y decisiones. Esto conlleva en algunos casos a la destrucción de su integridad emocional, además del daño en su integridad física.
La violación contra los menores de edad perjudica su desarrollo emocional, por ejemplo en la búsqueda y conservación de relaciones afectivas, pues el temor a ser objeto de un evento similar persiste en muchos de los casos. “Ansiedad, depresión, inseguridad, timidez”, son sólo algunas de las secuelas en las víctimas, según la experta.
En este caso, en el que otros niños fueron testigos de los abusos, Reyes considera que el violador buscaba transmitir un mensaje de terror y control hacia ellos. “El mensaje era: yo soy el que manda acá, yo soy el que controla, esto es lo que les puede pasar… esto para no denunciar y callar”, explica la psicóloga.
Para Gloria Castro, los directivos de los refugios también son responsables y deben responder por los delitos que ocurran dentro de esos lugares, pues son los que encargados de velar por el bienestar de los niños y adolescentes.
Respecto al personal encargado de cuidar y educar a los niños, Olga De León afirma que los empleados, previo a ser contratados, pasan por un proceso de reclutamiento y selección similar al de otras instituciones estatales, pero no explica en qué consiste dicho proceso. Y cuando un trabajador comete una infracción o abuso contra los niños, agrega, es destituido de manera inmediata. Si el niño abusado denuncia el hecho, la Secretaría de Bienestar Social traslada la información al MP, y se inicia proceso penal en contra del acusado.
Plaza Pública pidió una entrevista con Harold Flores, jefe de la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, para conocer las medidas que toma esa institución para proteger a los menores afectados, pero se negó a concederla.
Nadie se salva, nadie
María* tiene 17 años, pero sus ideas y su manera de actuar son los de una niña de diez. María sufre de un déficit cognitivo que reduce sus capacidades de lenguaje y socialización. María es una interna más del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. María también fue violada dentro de ese lugar, a donde fue enviada para estar segura y protegida.
José Roberto Arias Pérez cerró la puerta del salón de clases de la escuela para niños con capacidades diferentes de ese refugio. Era la noche 31 de mayo de 2013. María intentó huir pero la fuerza de su agresor se lo impidió. María fue violada. Nadie se percató de la ausencia de María; nadie la auxilió. Nadie vigilaba a Arias Pérez, el albañil contratado para reparar la infraestructura de un lugar lleno de niños y adolescentes.
Una empleada de la institución encontró a la adolescente tirada en el piso, y vio salir al trabajador del plantel momentos después de la violación. Su testimonio, el relato de María y los resultados de la evaluación médica realizada por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, fueron suficientes para que un juez ordenara la detención de Arias Pérez. El 11 de junio de 2013, el albañil abusador fue capturado por las fuerzas de seguridad, y a mediados del año pasado, el Tribunal Segundo Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, lo condenó a ocho años de prisión inconmutables por la violación de María.
La Fiscalía y el Hogar Inseguro
Hay expedientes por doquier, la gente camina de un lado a otro. Es una casa pequeña ubicada en la zona 10 capitalina y habilitada como sede de la Fiscalía de Santa Catarina Pinula. Uno de sus fiscales concede una entrevista mientras responde correos electrónicos y solicita a su asistente que prepare el expediente que necesitará en una audiencia a la que acudirá más tarde.
—¿Tiene conocimiento de casos de violaciones ocurridos dentro del Hogar Seguro…?
Una sonrisa irónica se dibuja en el rostro del fiscal, y deja de lado su computadora.
—Ah, en el Hogar Inseguro —responde.
—Sí, en ese lugar.
Ahí, según las palabras del fiscal, ocurre de todo: homicidios, agresiones sexuales, malos tratos.
El fiscal confirma los tres casos, pero prefiere no ahondar en ellos. Lo último que supo de María y los niños abusados por Edgar Rolando Diéguez Ispache, es que continúan internados en el “hogar inseguro”. Explica que a partir de las denuncias presentadas por autoridades de la institución esos casos fueron investigados, y los supuestos responsables detenidos y procesados.
La Secretaría de Bienestar Social no proporcionó información sobre la situación actual de los menores víctimas.
Hay otras denuncias, reconoce el fiscal, pero prefiere no dar más detalles, pues apenas están en la etapa de investigación.
La Unidad de Información Pública del MP tiene registradas dos denuncias por maltrato contra menores de edad dentro del Hogar Inseguro, una de 2013 y otra de 2015, y otra por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Las tres están en fase de investigación.
La carga de trabajo en esta fiscalía es fuerte, y se incrementa con la activación de las alertas “Alba Keneth” que tramitan cada vez que un niño o adolescente escapa del hogar. La mayoría de veces, explica el fiscal, los menores “abandonan el lugar en grupo y organizados”.
Entre enero y julio de este año, 127 niños y adolescentes —65 hombres y 62 mujeres— han escapado de los diferentes hogares estatales del país, de acuerdo con estadísticas de la unidad de Alerta Alba Keneth de la Procuraduría General de la Nación; 84 de estos aún no han aparecido. En el último mes, 40 adolescentes, en su mayoría mujeres, huyeron del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Se fueron en grupo, en la noche, sin que nada ni nadie lo impidiera.
En 2015, según las cifras oficiales, 243 menores huyeron de los hogares estatales —111 mujeres y 132 hombres—; 110 fueron localizados por la Policía Nacional Civil en coordinación con la PGN y el MP. Algunos de ellos trasladados nuevamente al hogar y otros quedaron nuevamente bajo la custodia de su familia.
Suilma Cano, directora de la unidad de Alerta Alba Keneth, explica que la base de datos no específica de qué refugio escaparon los niños, pero señala que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es recurrente. Tampoco detallan cuántos de los localizados volvieron al refugio de donde escaparon. “Los adolescentes abandonan su proceso de protección de manera voluntaria”, repite cuando se mencionan las palabras “huir” o “escapar”.
Según la funcionaria, el maltrato verbal y físico son las principales causas que llevan a los niños a escapar de ese sitio, así como el deseo de regresar con su familia o amigos. “Escapan trepando los muros, y en ocasiones (las autoridades) se dan cuenta de su ausencia hasta que realizan el conteo general”, indica.
Anahy Keller no niega los problemas que imperan en el refugio, pero asegura que trabaja para mejorar sus condiciones. “Cuando yo lo vi me dio mucha tristeza”, dice. La funcionaria ofreció a Plaza Pública tramitar una visita al hogar para conocer sus instalaciones y constatar las condiciones en que se encuentran los menores. Dos semanas han pasado de ello; aún no hay respuesta.
* Este artículo fue publicado por primera vez el 24 de octubre de 2016, en Plaza Pública de Guatemala.