Pobladores de esta comunidad indígena que pidieron un castigo para las autoridades que actuaron de manera negligente
Por Leticia Ánimas
Regeneración, 15 de septiembre de 2014.– Como una “chicanada” fue calificada la resolución de la Juez Primero de Distrito en el estado que desechó el incidente para sancionar a las autoridades de la SEMARNAT y el municipio de Huauchinango que se negaron a cumplir la orden judicial de suspender las obras del gasoducto Poza Rica-Atotonilco en la junta auxiliar de Cuacuila.
Lo anterior fue dado a conocer por la abogada Patricia Moncayo luego de conocerse la determinación que declaró improcedente la petición de los pobladores de esta comunidad indígena que pidieron un castigo para las autoridades que actuaron de manera negligente y omitieron tomar las medidas necesarias para impedir la instalación, en este lugar, de la tubería que conducirá gas LP desde el Golfo de México hasta el Altiplano central del país.
El pasado mes de junio, tras la realización de una diligencia judicial, se constató que el retardo en la justicia permitió que la empresa Gasomex concluyera, con reguardo de la policía estatal, la instalación de la tubería en terrenos de Cuacuila, en Huauchinango, aun violando la suspensión de la obra ordenada a principios de enero por la Juez Primero de Distrito en el estado dentro del Amparo Colectivo 6/2014.
La inspección judicial fue realizada cinco meses después de que los indígenas nahuas que habitan la comunidad la solicitaran, tras denunciar el desacato de la empresa y de las autoridades municipales y de la SEMARNAT a la orden de parar los trabajos de la empresa que enterró la tubería que transportará seis millones de barriles diarios de gas LP.
Moncayo explicó que la Juez aprovechó una “laguna legal” que hay en el artículo 204 de la Ley de Amparo que establece cuándo procede el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión en un juicio de garantías, pero no aclara si se trata de la interrupción “provisional o definitiva”.
La profesionista indicó que no presentarán ningún recurso para impugnar estar decisión judicial porque prefieren que el Juicio de Amparo promovido por los indígenas cuacuileños continúe su curso y sea resuelto de fondo.
“Hay una contradicción entre lo resuelto por la Juez y su decisión de ordenar la suspensión de los trabajos –señaló-, pero de cualquier manera los empresarios deberán destruir lo que hayan hecho en desacato, una vez que se dicte sentencia”.
Desde el pasado 7 de enero, la Juez Primero de Distrito en el estado ordenó a la empresa Gasomex la suspensión de las obras del gasoducto Poza Rica-Atotonilco, resolución que fue confirmada el pasado 25 de Abril.
Lejos de acatar la disposición judicial, los empresarios ampliaron sus horarios de labores, resguardados por las policías Municipal de Huauchinango de la pasada administración municipal y de la Estatal Preventiva, concluyeron la instalación de la tubería que, entre otros lugares, atraviesa la autopista México-Tuxpan, terrenos agrícolas y está situada a 167 metros de la población, por lo que ha sido considerada como un riesgo por los cuacuileños.