En San Jerónimo el Grande, unos 200 habitantes tomaron las armas para defender su vida y patrimonio ante los embates del grupo delictivo Los Tequileros y la incapacidad gubernamental.
Regeneración, 22 noviembre 2016.- Ante el vacío de autoridad y gobernabilidad que se vive en la región de Tierra Caliente, habitantes de al menos tres comunidades pertenecientes al municipio de Ajuchitlán del Progreso en Guerrero, formalizaron la integración de Policías Comunitarias para protegerse de los ataques perpetrados por el grupo delincuencial autodenominado Los Tequileros.
El primer grupo de autodefensas se formalizó este lunes en la comunidad de San Jerónimo El Grande, donde el pasado fin de semana fueron secuestradas al menos 10 personas por miembros del referido grupo que lidera Raybel Jacobo de Almonte, quien se ha especializado en el secuestro masivo de personas.
Los otros grupos son de habitantes de las comunidades de San Cristóbal y San Gabriel que también pertenecen al municipio de Ajuchitlán del Progreso, dieron a conocer su decisión de conformar grupos de autodefensas para contrarrestar las acciones violentas que cometen Los Tequileros en esa zona del estado, sobre todo por la violenta disputa que mantienen por el control en el trasiego de la amapola con los integrantes de la llamada Familia Michoacana.
Integrantes de la autodefensa La Tecampanera del municipio de Teloloapan, advirtieron que no van a dejar las armas, e incluso reforzarán los retenes que mantienen sobre la carretera federal que conecta la zona norte con la regional de Tierra Caliente para evitar más plagios atribuidos a sicarios al servicio del grupo delictivo La Familia, que tiene un bastión en el municipio de Arcelia.
Nuevamente tomarán el ayuntamiento de Teloloapan que administra el alcalde perredista Robel Uriostegui Patiño, así como el cierre de cadenas comerciales, bancos y la central de autobuses como forma de protesta ante los niveles extremos de inseguridad y violencia.
Hasta el momento el gobernador Héctor Astudillo Flores no ha cumplido con el compromiso asumido en el sentido de investigar los presuntos nexos con el narco del alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, así como de detener a los principales líderes de La Familia, señalados como socios y proveedores de empresas mineras que operan en la zona norte y la Tierra Caliente.
Estas acciones de La Tecampanera se toman tras el hallazgo de los cuerpos de los tres herreros secuestrados desde principios de este mes, los cuales fueron encontrados este domingo desmembrados y con mensajes firmados por La Familia y dirigidos contra el gobierno de Héctor Astudillo Flores y los miembros de La Tecampanera, acusados de pertenecer a la banda Guerreros Unidos.
La enorme corrupción, impunidad y violencia que persiste en la entidad donde la confrontación de bandas criminales no sólo ha exhibido nexos de empresarios mineros, políticos y autoridades gubernamentales con el narco, sino también ha dejado una estela de desplazados, asesinados, secuestrados y extorsiones contra el sector productivo local que se encuentra colapsado, reflejan la grave situación que se vive en la Zona Norte y la Tierra Caliente.
En San Jerónimo el Grande, ayer al menos unos 200 habitantes de la comunidad decidieron tomar las armas para defender su vida y patrimonio ante los embates del grupo delictivo Los Tequileros y la incapacidad gubernamental para revertir los efectos de la narcoviolencia.
Los habitantes difundieron imágenes en redes sociales donde aparecen con el rostro cubierto portando armas de bajo calibre y un mensaje escrito sobre una manta que dice textual:
“El pueblo de San Jerónimo el Grande está cansado de tanta violencia de ese grupo criminal llamado Los Tequileros pedimos al gobierno que actúe porque el pueblo se va a levantar en armas y pedimos la liberación de nuestros compañeros. Ya Basta”.
Exigieron la liberación de siete hombres que permanecen secuestrados desde la semana pasada en esta franja de la entidad donde los plagios masivos ya se han vuelto comunes.
Los manifestantes acusaron a más autoridades gubernamentales, las corporaciones policías y el Ejército de estar coludidos con la delincuencia porque los criminales operan y se desplazan impunemente, mientras que las autoridades “son los únicos que no los observan”.
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