Regeneración, 21 de noviembre de 2014.-Encolumnados detrás de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, miles de mexicanos marcharon por las calles del Distrito Federal reclamando justicia. El paro nacional y la jornada de protesta que ayer se extendió a todo el país fueron la respuesta que la sociedad civil mexicana dio a las salidas mediáticas que el presidente Enrique Peña Nieto ha ensayado a lo largo de la semana para encarar la crisis de derechos humanos detonada por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la indignación social.
Al hastío expresado anoche en una de las manifestaciones más grandes de la historia reciente del país, que incluyó paros en al menos 150 universidades públicas y privadas, se sumaron las voces de los premios Nobel de la Paz 2014 y 2006, Amnistía Internacional y hasta el presidente del Banco Mundial en un solo reclamo: justicia para las familias de Ayotzinapa.
Sin embargo, Peña Nieto volvió a endurecer el discurso y advirtió que “atentar contra las instituciones es atentar contra los mexicanos”. En un acto ante militares en el Campo Marte, Peña Nieto dijo que hará que impere el Estado de Derecho, pero el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, puntualizó que la inseguridad y el crimen organizado “son problemas de Estado y no de gobierno”.
Poco después de eso, y varias horas antes de las manifestaciones pacíficas convocadas sobre todo por las comunidades estudiantiles y académicas del país, en apoyo de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, la policía y un par de grupos de encapuchados escenificaron choques en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La policía informó de 13 detenidos, pero había versiones de que eran más de 30.
Tres grandes manifestaciones que salieron de diversos puntos estratégicos en zonas céntricas de la Ciudad de México confluyeron en el Zócalo, justo frente al Palacio Nacional. Un contingente salió del Angel de la Independencia, en el corazón financiero de la capital del país, uno más salió desde el Monumento a la Revolución y el último desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde fueron masacrados cientos de estudiantes el 2 de octubre de 1968.
Al inicio de las movilizaciones en el Distrito Federal, al menos otras 237 ciudades en México y el mundo habían anunciado acciones similares. En la Argentina, varios colectivos organizaron manifestaciones en Buenos Aires, La Plata y Salta. Lo mismo ocurriría en muchas ciudades de Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (donde se organizaron actos en al menos 43 ciudades), Guatemala, Perú y Uruguay, en el continente americano. En Europa, los actos iniciaron aun antes de que en México, por la diferencia de horario, en media docena de ciudades de Alemania, en Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Islandia, Italia, Noruega, Suecia y Suiza. También se confirmaron manifestaciones en la India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia (ver aparte).
Si Peña Nieto insiste en que es víctima de complots conspiratorios de periodistas que escrutan su desempeño y de una sociedad civil que les exige cuentas, a los que acusa de atentar contra la estabilidad de su gobierno, tendrá que incluir entre sus enemigos a gobiernos, organismos internacionales y la prensa internacional, que también lo cuestiona y se impacienta ante la falta de respuestas puntuales y eficaces para la sociedad mexicana.
Al mandatario se le acaba el margen de maniobra dentro del país, pero la reacción global es una clara señal para México: el mundo también empieza a pedirle cuentas.
“Debe haber más vigilancia por parte de la sociedad, ya que a veces existe un problema de negación ante estos incidentes. Se debe alzar la voz y romper el silencio. La solución tiene que ser una combinación de buen ejercicio de poder, leyes y organización social”, dijo el Premio Nobel de la Paz 2014 Kaylash Satyarthi, quien reclamó que el sistema de responsabilidades y de rendición de cuentas en México “tiene que funcionar, y de eso se debe encargar el gobierno”.
En cualquier caso, “la prioridad es encontrar a los desaparecidos y luego arrestar y castigar a los responsables”, dijo Satyarthi en una entrevista de CNN México durante una conferencia en Thomson Reuters Foundation.
Ahí mismo, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, lamentó que en México se viva “un grave problema de ley y orden”, el cual se asocia a que muchas personas viven en pobreza extrema.
La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa “es fuente de grave preocupación para la comunidad nacional e internacional y refleja la crítica situación de derechos humanos que vive México”, dijo Amnistía Internacional, al tiempo que iniciaba una petición global dirigida al presidente Peña Nieto. Para esta organización con sede en Londres, “Ayotzinapa no es un hecho aislado”, sino que forma parte de un contexto que se suma a casos como las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos del ejército, a finales de junio pasado, por los que se procesa a siete militares (ver pág. 20).
La crisis de derechos humanos pasa también por los femicidios en Chihuahua, un fenómeno incesante desde hace 20 años, y las decenas de miles de secuestros a migrantes y las más de 22.000 personas desaparecidas en diversas partes del país. Amnistía urge a Peña Nieto a enviar una iniciativa de ley al Congreso para armonizar la legislación federal con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desaparición. También le exige generar protocolos de búsqueda rápidos y efectivos para los casos de desaparición, y tomar las acciones necesarias para que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité Contra la Desa-parición Forzada de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones pertinentes de parte de individuos y otros Estados.
Tal vez lo último que esperaba Peña Nieto era que uno de los líderes del sistema financiero internacional se sumara a las voces que cada vez lo arrinconan más. En un acto celebrado el miércoles en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se solidarizó con las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y dijo esperar que el gobierno de México haga que los culpables respondan ante la Justicia. “Sería equivocado de mi parte estar en el país y no reflexionar en la tragedia que significa la desa-parición de 43 jóvenes. Quiero sumar mi voz al respaldo a las familias de los estudiantes desaparecidos. Ellos merecen la verdad y justicia”, dijo Jim Yong Kim.
Movilización global
Con motivo del paro estudiantil y de los distintos actos de protesta convocados en México para exigir la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mexicanos residentes y ciudadanos de diferentes países realizaron muestras de solidaridad en el marco de una protesta global por este caso. En Argentina, cerca de 50 personas se reunieron para realizar una protesta frente a la Embajada de México en Buenos Aires. En tanto, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) convocó a un acto en el Obelisco para expresar su solidaridad con sus pares mexicanos. “Apoyamos la lucha de los estudiantes mexicanos y pedimos la aparición con vida de los chicos desaparecidos y justicia para todos los responsables”, afirmó Julián Asiner, presidente de la FUBA. “El 1º de diciembre convocaremos a una marcha por el mismo motivo, en consonancia con un paro que va a haber ese día también en México”, añadió.
Asimismo, el apoyo a la protesta tuvo presencia en Bolivia, Chile, Alemania, Australia, España, Francia, Suecia, Canadá e India. En California, Estados Unidos, se convocó a través de las redes a manifestaciones por los normalistas desaparecidos. Los manifestantes mostraron una bandera mexicana con la leyenda “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. A través de las redes sociales, diversos grupos de personas han mostrado imágenes en las que, con banderas de México, pancartas, mantas y velas, exigieron justicia por el crimen cometido el pasado 26 de septiembre en Iguala. “Detengan los asesinatos”, “Todos somos Ayotzinapa” e imágenes de los 43 estudiantes se mostraron también en los actos realizados en el mundo.
Los estudiantes de Cuba también se sumaron “al reclamo de justicia” del pueblo mexicano ante la desaparición de los jóvenes y condenaron las manifestaciones de “crimen y tortura”, señala un comunicado. “Los estudiantes de Cuba, fieles a nuestra historia de solidaridad e internacionalismo, inspirados en el ejemplo de Martí y en las enseñanzas de Fidel, condenamos enérgicamente la tortura, el crimen, y las desapariciones”, según el comunicado publicado en el diario oficial Juventud Rebelde.
En Brasil, al menos cincuenta personas se manifestaron frente al consulado general mexicano en San Pablo, en el marco de la jornada en reclamo de justicia. “Los mexicanos en Brasil también te rendimos cuentas”, decía una de las pancartas exhibidas por los manifestantes en reclamo de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La investigadora universitaria Daniela Morales Muñoz, de 36 años, natural de Michoacán, agradeció la solidaridad de los brasileños: “Los temas de desapariciones forzadas, de memoria y justicia siempre fue y unirán a los latinoamericanos”. Y agregó: “Queremos una investigación seria e irrefutable”.
Unos 200 universitarios salvadoreños se concentraron en la capital, San Salvador, para exigir una respuesta sobre el paradero de 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y demandaron que aparezcan vivos. “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, “Justicia, ¿cuál justicia? En México no hay justicia”, eran algunas de las consignas escritas en pancartas que llevaban los estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES).
Vestidos con ropas negras, algunos universitarios mostraban pequeños carteles con la fotografía de alguno de los estudiantes desaparecidos en México. “Es una barbarie lo que ocurre en México, no vemos un verdadero compromiso del gobierno de ese país por decir la verdad de lo que ha ocurrido con los estudiantes y hay que recordar que sin verdad no hay justicia”, dijo Yohanna Sánchez, una de las manifestantes.
Por otra parte, cientos de uruguayos marcharon el lunes en Montevideo en reclamo por la desaparición y posible masacre hace siete semanas de 43 estudiantes mexicanos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Los manifestantes convocados por organizaciones sociales, entre las cuales se destacan la central sindical única de Uruguay y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), marcharon hasta la embajada de México, en el casco antiguo de la capital. Las fotos de los estudiantes de-saparecidos y una pancarta con sus nombres encabezó la movilización, que llevaba carteles como “Fue el Estado”, “Si los olvidamos ellos ganan” o “Nos duele México”.
“Una grave crisis de DD.HH.”
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no reconoce la crisis humanitaria que atraviesa su país. Con estas duras palabras, Amnistía Internacional (AI) cuestionó ayer al mandatario por calificar de “intentos de desestabilización” las protestas por la de-saparición de los 43 normalistas y por ignorar la cifra de desaparecidos en los últimos años.
“La afirmación del presidente pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años la falta de acceso a la Justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante”, indicó el organismo en un comunicado.
De acuerdo a AI, la represión policial y la violencia de los narcotraficantes sufridas por los estudiantes de Ayotzinapa –que dejaron un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos– no son hechos aislados, sino parte de un contexto de violaciones graves a los derechos humanos.
El sábado, apenas llegado de su gira por China y Australia, Peña Nieto advirtió que estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario. “Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros”, dijo.
El mandatario advirtió que su gobierno no dejará de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden. Por ello, aseguró, aspiraba a que no sea el caso de que el gobierno tenga que llegar al “extremo” de hacer uso de la fuerza pública.
El pronunciamiento de AI agregó que las afirmaciones presidenciales parecen “ignorar el elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son 22.000 y que la práctica de tortura se ha elevado en un 600 por ciento”. A esto se suman las medidas poco efectivas para la búsqueda de personas. “(Peña Nieto) muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de de-sestabilizar, son la piedra angular de una sociedad democrática”, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
“Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales. Es momento de que el presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha logrado combatir la impunidad en el país”, añadió.
Sin embargo, AI no es el único organismo que viene alertando sobre la situación en México. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos había realizado una serie de recomendaciones al país para mejorar su historial en derechos humanos. En tanto, AI había llamado en marzo al gobierno de Peña Nieto a pronunciarse claramente sobre los compromisos en materia de derechos humanos y a garantizar la búsqueda de víctimas de desaparición. Además, le había pedido que llevara a los responsables ante la Justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.
A principios de mes, la organización humanitaria afirmó que las líneas de investigación de la desa-parición forzada y ejecuciones extrajudiciales llevadas adelante por la Procuraduría general eran limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehusaban a cuestionar la connivencia entre el Estado y el crimen organizado en lo que refiere a la violación de derechos fundamentales. “Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
El procurador general Jesús Murillo Karam evitó mencionar la negligencia y la complicidad estatal en la investigación de una serie de denuncias contra el ahora detenido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el hecho de no llevar a la Justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.
Abarca, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, es también sospechoso de cometer actos de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, la fiscalía no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones, indicó AI.
“Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar”, sostuvo Guevara.