Trabajadoras sexuales argentinas y su llamativa campaña pro derechos

Bajo el lema “diferentes herramientas, los mismos derechos”, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina pide igualdad de condiciones para ese rubro. Entre ellas, poder ser monotributistas

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Regeneración 01 de mayo del 2016.- La Asociación de Mujeres Meretices de la Argentina (Ammar), aprovechó la celebración del Día del Trabajador para lanzar una particular campaña en la que reclaman igualdad de derechos laborales, por ejemplo poder facturar como monotributistas y tener obra social.

Como parte de su reclamo, difundieron una serie de afiches con el lema “diferentes herramientas, los mismos derechos”. En ellos también resaltan el pedido de “menos criminalización, más derechos”.

En este marco, la secretaria general de Ammar, Georgina Orellano, argumentó que “la actividad que desempeñamos las trabajadoras sexuales no es ilícita pero nos obligan a ejercer en entornos clandestinos y criminalizan nuestros lugares de trabajo. A esto se suma el estigma social que pesa sobre la oferta de servicios sexuales. Si el trabajo sexual contara con un marco normativo contaríamos con el amparo estatal y nuestros derechos no serían constantemente vulnerados”.

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Otro de los elementos llamativos de la campaña es una imagen que emula una factura de monotributo en la que se lee “servicio completo”, y la explicación: “Así facturaríamos si se reconociera nuestro trabajo”.

 

Las trabajadoras sexuales reclaman poder facturar por sus servicios

A propósito, Ammar agregó en un comunicado que “las meretrices piden que se les reconozca el derecho a elegir y estar en igualdad de condiciones que el resto de la clase trabajadora; promover la incorporación de los/las trabajadores/as sexuales a los sistemas previsionales y asistenciales y acceso a la educación y a la salud integral; y el ejercicio libre del trabajo sexual, la organización sindical y la seguridad social”.

Finalmente, rechazan que “en 19 provincias argentinas continúan vigentes artículos contravencionales que llevan presas hasta por 30 días a las trabajadoras sexuales que ejercen en la vía pública”. En consecuencia, exigen la “derogación” de la penalización de esa actividad y “una regulación que garantice sus derechos”.

Vía Infobae