La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), reveló que para que las autoridades pudieran retomar el control del reclusorio, violaron con macanas a algunos reclusos.
Regeneración, 3 de noviembre de 2017.- En el motín del martes 10 de octubre en el penal de Cadereyta, no hubo sólo 18 muertos como sostiene el gobierno, sino 50, indicó en conferencia de presa, Consuelo Morales, presidenta de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), quien, además, reveló que para que las autoridades pudieran retomar el control del reclusorio, violaron con macanas a algunos reclusos.
Según un comunicado del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, hubo sólo 18 decesos en el incidente violento y aclaró que ninguna dependencia estatal ha recibido denuncias por la desaparición de más reos.
En un comunicado difundido luego de la conferencia, Cadhac informó que “de acuerdo con los testimonios obtenidos por Cadhac, los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violados con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras”.
Además, acusaron que los malos tratos continuaron después ya que no fueron atendidos medicamente, no se les permitió comunicación con sus familias y tampoco recibieron comida.
Morales también comentó que los reos fueron hacinados desnudos y constantemente criminalizados por parte de las autoridades.
La activista señaló que la cifra de decesos se obtuvo luego de familiares acudieron con personal del organismo en busca de asesoría legal.
“Reportan que al menos 50 personas privadas de la libertad perdieron la vida durante los hechos violentos ocurridos en Cadereyta. Si bien resulta gravemente preocupante la discrepancia en las cifras, es necesario resaltar que es obligación del Estado brindar protección a la integridad física y moral, bienestar y seguridad a las personas privadas de libertad; de manera que los hechos son inaceptables independientemente del número de personas fallecidas y lesionadas”, comentó.
Asimismo, sostuvo que, ante la situación en el penal, los familiares acudieron para intentar conocer la situación de sus seres queridos, pero “la respuesta de la autoridad, lejos de ser asertiva, fue agredirlos con armas químicas, burlas, amenazas, acoso sexual y criminalización”.
Morales exigió que se investiguen los hechos ocurridos los días 9 y 10 de octubre, así como que se garantice la reparación de los daños a los afectados y que la autoridad asuma garantías de no repetición. Indicó que buscarán que en la indagatoria de hechos participe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con información de Proceso